El edil de Cultura, Antonio Manresa, durante la presentación de la Feria del Libro.ALICANTE. Punto final. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante queda abocada a tener que concertar los servicios de otra consultora para difundir el impacto de las actividades incluidas en su programación a través de las redes sociales, tras alcanzar un acuerdo con la firma Somriu Produccions para resolver el contrato actual, después de que la propia empresa haya manifestado su "imposibilidad de ejecutar la prestación" en los términos previstos.
Salvo cambio de criterio, el acuerdo de resolución del contrato se aprobará en la reunión de la Junta de Gobierno de este martes, tras la manifestación por escrito formulada por los titulares de la compañía a finales del pasado mes de septiembre en la que expresaban su deseo de poner fin a la prestación. Se trataría, así, de una decisión que se vendría calibrando desde antes de que trascendiese que la empresa se había visto envuelta en una investigación policial en las Islas Baleares, relacionada con la comisión de supuestos delitos de estafa y fraude en contratos suscritos con distintas administraciones de las islas, como señalaron los grupos municipales de Unides Podem EU y Compromís en noviembre.
En ese momento, fuentes del equipo de gobierno consultadas apuntaron que la empresa venía desempeñando sus funciones con normalidad y defendieron que el procedimiento de su contratación había superado todos los filtros técnicos habituales. Así, la adjudicación del servicio se aprobó en Junta Local el pasado 25 de mayo por un importe de 19.118 euros (impuestos incluidos) y una duración de un año, con posibilidad de prórroga por un año adicional.
No obstante, ese plazo no llegará a cumplirse, ya que el contrato quedará extinguido a los siete meses de su firma. En concreto, el acuerdo de resolución se apoya en un informe emitido por la Jefatura del Servicio de Cultura en el que se certifica que la compañía habría tenido "dificultades para cubrir la totalidad de las actividades organizadas por al Concejalía de Cultura". Especialmente, durante los meses de verano.
Así, en ese dictamen se subraya que la empresa "no dispone de personal suficiente" para atender en su integridad esa obligación prevista en el pliego de prescripciones, como habría reconocido en su manifestación registrada por escrito. De ahí que el informe sea favorable a la resolución del contrato, con la incautación de la garantía depositada a la firma del contrato, en la medida en que el fin de la prestación se habría producido por causas imputables a la empresa.
