El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al interventor municipal (izq) y el exedil Israel Cortés, en uno de los plenos celebrados durante el pasado mandato. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La que debía ser una comisión de Hacienda casi de trámite acabó evidenciando este viernes la tensión creciente entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante y el interventor municipal: el alto funcionario encargado de velar por la estabilidad económica municipal. Dicha tensión, acumulada tras varias decisiones del interventor que no habrían sido del agrado del bipartito (PP y Cs) acabó manifestándose en un rifirrafe entre el alcalde, el popular Luis Barcala y el propio interventor a cuenta de la reivindicación de medios de apoyo recogida en dos de los informes de fiscalización evacuados por Intervención.
¿De qué informes se trataba? De los relacionados con la propuesta de aprobación de dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar gastos no presupuestados en dos asuntos concretos: el pago de una certificación final por realización de las obras de mejora de la accesibilidad del Castillo de San Fernando, de 93.406 euros, y de una factura por el servicio postal de la Sociedad Estatal Correos, por 29.300 euros.
En ambos dictámenes, el interventor volvía a dar un tirón de orejas al equipo de gobierno por el hecho de tener que aprobar pagos no contemplados de partida con la correspondiente consignación presupuestaria. Y, además, de recomendar una mejor previsión en la planificación del gasto, y una mayor coordinación entre departamentos (en el caso de las obras desarrolladas en el Castillo de San Fernando, entre Cultura y Contratación), recriminaba que -con la tramitación de esos expedientes de reconocimiento extrajudicial- se confiriese "una carga adicional de trabajo, en especial para la Intervención General, que ya se encuentra al límite de sus posibilidades".
La cuestión es que, en el desarrollo de la comisión, Barcala afeó al interventor que incluyese esas apreciaciones en los informes al considerar que no correspondía; una apreciación con la que el interventor discrepó, ante la presencia del resto de participantes. Todo, además, en el contexto en el que el equipo de gobierno está tramitando su propuesta de borrador de presupuestos para 2022, con el propósito de poder elevarlos a pleno antes de que concluya el mes de diciembre, previo informe de fiscalización del alto funcionario.
