ALICANTE. La respuesta de las dos administraciones más próximas al ciudadano -la Generalitat y el Ayuntamiento- frente al proyecto registrado por XC Business 90 para desarrollar una planta de almacenaje de carburantes en el Puerto de Alicante será coordinada y conjugará "el interés medioambiental con el desarrollo económico y social". Esa es la posición anticipada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que dirige Salomé Pradas respecto a los intentos de la compañía promotora de reimpulsar su instalación, una vez decaída la limitación de distancia respecto a zona habitada que trató de instaurar el Consell del Botànic a finales de 2021. 

De hecho, XC Business 90 ya ha retomado contactos con Terminales Marítimas del Sureste (TMS) como empresa concesionaria de la terminal de mercancías con el propósito de recuperar el desarrollo de la segunda fase de su proyecto y de incorporar una tercera que completaría un total de 20 depósitos de distintas dimensiones y capacidades en la explanada del muelle 19.

La implantación de esos tanques sigue sujeta a la concesión de licencia de obra y de actividad por parte del Ayuntamiento de Alicante desde 2013: seis años antes de que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobase la modificación de la concesión de la que dispone TMS sobre la terminal de mercancías que resultaba necesaria para que los depósitos tuviesen encaje. La compañía promotora continúa aguardando permiso una década después de que iniciase los trámites de su solicitud, sin que el Ayuntamiento de Alicante haya completado la resolución del expediente, a la espera de que pudiesen completarse los informes técnicos requeridos a la Generalitat, a través de la antigua Conselleria de Transición Ecológica, a partir de la entente alcanzada entre las dos administraciones para revisar hasta el último resquicio legal respecto a la concesión de esa autorización.

Después de que la Concejalía de Urbanismo emplazase a XC Business a subsanar distinta documentación, el análisis del Consell se prolongó al menos hasta enero de 2021, cuando requirió al Ayuntamiento para que le facilitase el expediente del proyecto al completo con el fin de someter el proyecto al trámite de evaluación ambiental. Desde entonces, no ha trascendido que se haya emitido ninguna resolución definitiva por parte de la administración autonómica respecto a su viabilidad. Es más, dos meses después de que se registrase esa petición, se evidenció que el estallido de desencuentros entre las dos administraciones mantenía bloqueado ese análisis técnico.

Desde ese momento, el siguiente movimiento por parte del Consell llegó en diciembre de ese mismo año 2021, en forma de modificación de la Lotup con el fin de introducir una distancia mínima de 1.000 metros respecto a zona residencial para autorizar el desarrollo de plantas de almacenaje de combustible. Pero el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno frente a ese cambio normativo dejó esa tentativa sin efecto en mayo de este año.