ELCHE. Mientras que el equipo de gobierno ha iniciado una ronda de consultas con entidades y asociaciones locales para elaborar un plan estratégico que defina la trayectoria del municipio en los próximos años, este pasado 30 de septiembre se aprobó la Agenda Urbana de Elche. Un profuso documento de más de 200 páginas elaborado por una consultora especializada durante meses con mesas sectoriales de entidades de la sociedad civil y profesionales que trabajaron sobre distintos aspectos. El mismo aborda distintas cuestiones desde una perspectiva holística de debilidades, amenazas y retos de la ciudad, un Dafo. En él se abordan cuatro ejes: cohesión territorial, sostenibilidad medioambiental, prosperidad económica e inclusión social. En esta primera parte Plaza desgrana las dos primeras.
El documento buscar servir de marco estratégico para Elche, orientando la actuación del Ayuntamiento y sus relaciones con los agentes públicos y privados. Es el resultado de aplicar metodologías de planes estratégicos territoriales adaptado a las especificidades del término municipal. Se aprobó en el pleno de la pasada semana con la abstención de Vox por estar englobado en criterios de la Agenda 2030. Con todo, ahora el Ejecutivo local tiene que ver cómo encajar este documento, ya finalizado y de carácter estratégico, con el propio plan que quiere desarrollar tras las reuniones del alcalde y los concejales con las entidades. Aún queda una reunión pendiente con arquitectos y urbanistas.
Cohesión territorial
De momento, la Agenda Urbana ya define en sus documentos problemas y oportunidades en cuatro grandes ejes. A nivel de cohesión territorial, en las debilidades se pone de relieve la obsolescencia de los barrios obreros, levantados rápidamente entre los años 50-70 —caso paradigmático de Carrús, pero no solo—, con mala calidad, reducidos y sin ascensor, por lo que "no son atractivas para rehabilitar", ya planteado en algunas charlas antes de las mesas sectoriales. También se destaca la mala calidad del espacio público de estos barrios con falta de dotaciones públicas y pensados para el coche, o la "inadecuación" de instrumentos como el PGOU, desfasado, porque "responde a planteamientos urbanísticos superados", y al no prever uno nuevo "esto limita las posibilidades de intervención y supone una amenaza de nuevos desarrollos urbanísticos". Asimismo, como debilidad señala el crecimiento no planificado del Camp d'Elx, lo que dificulta la prestación de servicios públicos: unos con menor cobertura (transportes o telefonía), otros más caros (agua o limpieza).