ALICANTE. La primera sesión de análisis de la comisión de fiscalización encargada de revisar la existencia de supuestas anomalías en las oposiciones a Policía Local de Alicante del denominado caso enchufes se cerró este lunes tras cerca de siete horas y media de comparecencias con la exposición de cuatro ideas centrales básicas. Cuatro apreciaciones que, a buen seguro, quedarán plasmadas en las propuestas de conclusión que formulen la mayoría de grupos políticos representados en la corporación en cuanto se dé por extinguida la labor de ese órgano político aprobado por unanimidad en el pleno de marzo. 

El primero de esos ejes centrales, que ya encabezó las primeras crónicas durante la misma jornada de este lunes, tiene que ver con las revelaciones ofrecidas por el comisario de la Policía Local, José María Conesa, quien sostuvo que las denuncias sobre el presunto trato de favor que se habría conferido a determinados aspirantes (por sus vínculos con mandos policiales, con otros policías, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales o con responsables de empresas concesionarias) eran un "burdo montaje" basado en falsedades y urdido con la intención de conseguir que rodase su cabeza. 

A lo largo de las cerca de dos horas en las que se prolongaron sus explicaciones, Conesa no escatimó en detalles para describir lo que vino a presentar como una especie de motín que atribuyó a un grupo de entre tres y cuatro personas integrado por algunos mandos subordinados y otros agentes con el fin de desprestigiarle y forzar su sustitución en el cargo. Ese grupo -que dijo que creía tener identificado, aunque admitió que carecía de pruebas concluyentes contra ellos-, habría sido el responsable de difundir el listado con las presuntas vinculaciones familiares de los aspirantes aprobados, y otra suerte de supuestas irregularidades, con la intención de "cargarse al jefe". "Y no sé si después de todo esto al final lo habrán conseguido", añadió, en una velada alusión a la posibilidad de que el alcalde, Luis Barcala, pudiese acabar apartándole del puesto al que accedió en 2009. 

Según incidió, ese grupo habría preparado esa suerte de cacería contra él movido, en algunos casos, por "venganza", al no haberse producido determinados ascensos o incorporaciones al cuerpo, y en otros, con la pretensión de llegar a ocupar la jefatura de la Policía Local, en el caso de que se consiguiese forzar su destitución. De acuerdo con su relato, él era la pieza perseguida con la difusión de ese documento (sobre el que lamentó que se le diese credibilidad pese a provenir de un anónimo), aunque después la polémica desencadenada pudiese haberse utilizado con otros fines, como los políticos, al convertirse en una oportunidad para poner en tela de juicio la gestión del equipo de gobierno (PP y Cs) y del mismo Barcala al frente del Ayuntamiento. Además, añadió que los autores de ese montaje pudieron contar con ayuda externa, que no identificó, al considerar que, en su opinión, no tenían tanto poder como para conseguir que las "falsedades" recogidas en esa denuncia se difundiesen a escala nacional, a través de la antena de la Cadena Ser.

Al margen de ello, dijo comprender las decisiones adoptadas por el bipartito en el momento en el que el mismo alcalde anunció la apertura de un expediente de averiguación de hechos para esclarecer la existencia de posibles anomalías. Y también después, cuando se anunció el respaldo a una comisión de fiscalización para tratar de desentrañarlas. Llegó a decir que, en su opinión, con esas decisiones se pretendía trasladar la imagen de búsqueda de transparencia. Hasta apuntó que, posiblemente, él podría haber tomado una decisión idéntica de encontrarse en la misma tesitura. Ahora bien, también señaló que pensaba que existían otras formas de afrontar el contenido de una denuncia anónima como la orquestada (según su relato) con el pretendido objetivo de descabalgarle como comisario principal.

A partir de ahora, al margen del devenir que pueda tener la denuncia que él interpuso para que la Policía Judicial investigase la autoría y difusión de ese documento, o de los expedientes disciplinarios que anunció que abriría en el caso de que se determinase la identidad de los que elaboraron ese "montaje", está por ver si sus manifestaciones podrían dar lugar también a la apertura de nuevos frentes paralelos en el ámbito municipal para dilucidar si, en efecto, existe esa trama contra él, o para que la propia Alcaldía pueda abrir esos expedientes disciplinarios para encontrar a sus hipotéticos responsables y acordar posibles sanciones.

La segunda de las ideas centrales que se puso de manifiesto durante la sesión es que Conesa fue el que controló la práctica totalidad del proceso. Lo apuntaron la mayoría del resto de comparecientes que respondieron ante la comisión (otros nueve). Y hasta él mismo lo ratificó en su turno de intervención ante la comisión. A priori, no sería nada ilógico si se tiene en cuenta que él actuaba como presidente y, por tanto, como máximo responsable de la convocatoria, como establece la normativa al efecto. Sin ir más lejos, Conesa señaló que no había hablado del proceso de selección con el alcalde hasta que estalló la polémica. Y explicó que fue él quien contactó con el jefe de la Policía de Xàtiva, Antonio Collado, para que formase parte del tribunal como vocal, en busca de una persona ajena a la ciudad para evitar las "suspicacias" y las "presiones" que, según indicó, podían haberse producido en caso de que se hubiese designado algún mando de la Policía de Alicante. Según explicó, a Collado lo conocía al menos desde 2014 por haber coincidido en otros procesos previos y por ser uno de los mandos inscritos en el IVASPE que había superado el curso específico para formar parte de órganos de selección de personal.

También fue Conesa quien planteó 15 de las 50 preguntas del examen tipo test (la misma cifra que propuso Collado, frente a los 10 que se acordó dejar en manos de la secretaria y las diez restantes a los otros dos vocales propuestos por la Agencia Valenciana de Seguridad). Fue también Conesa quien planteó que los miembros del tribunal optasen por cerca de un 50% de preguntas asequibles, otro 30% de dificultad media y otro 20% de mayor complejidad para garantizar que se cubriesen los 92 puestos previstos en la convocatoria, al constatar que las distintas cribas previas habían reducido el número de candidatos que optaban a conseguir plaza. Y también fue él quien asumió la tarea de diseñar la prueba consistente en la resolución de un supuesto práctico, sobre el que eligió la alternativa más fácil, relacionada con una cuestión de tráfico. Dijo que era "una costumbre no escrita" que el presidente del tribunal opositor asumiese esa parte del trabajo en la mayoría de las convocatorias relacionadas con la Policía Local que se ponen en marcha en todos los municipios.

La tercera de las apreciaciones troncales que se pudieron extraer de la sesión de la comisión es la coincidencia en el diagnóstico de normalidad que ofrecieron todos los comparecientes respecto al desarrollo del proceso. Ninguno de los miembros del tribunal, ni los tres asesores que prestaron asistencia en la organización de la prueba psicotécnica, física o médica, reseñaron que hubiesen apreciado anomalías o irregularidades en el transcurso de las pruebas.

Es más, prácticamente todos consideraron habitual que existiese un alto porcentaje de aspirantes con vínculos familiares con mandos o agentes del cuerpo, puesto que, según argumentaron, la de policía es una profesión "endogámica" en la que los hijos quieren continuar la labor de sus padres, como sucede con otros colectivos profesionales: entre ellos, el de los jueces, el de los profesores o el de los médicos, según algunos de los ejemplos que llegaron a citarse. Al tiempo, fue Conesa el que también negó la veracidad de gran parte de las relaciones de amistad o parentesco que se apuntaban en la denuncia anónima sobre la adulteración de las oposiciones. En esta línea, apuntó que en ese listado se le atribuía una relación de afinidad con entre cinco o seis aspirantes que no era cierta. Y, además, añadió que en otros procesos de selección llevados a cabo en Alicante o en otras poblaciones, el porcentaje de candidatos que tenían relaciones de parentesco con otros agentes era incluso superior al de la oposición bajo sospecha.

De igual modo, todos los comparecientes aseguraron que se mantuvo la cadena de custodia de los exámenes sin posibilidad de que se filtrasen sus preguntas, en tanto que solo se facilitaron a la secretaria días antes de la celebración de cada prueba. Además, insistieron en que esos exámenes quedaban precintados hasta el momento de su reparto, al margen del dato llamativo que aseguró la misma secretaria durante su comparecencia a puerta cerrada: que ella guardaba en su bolso un pen drive con esas pruebas. Hubo mención expresa, igualmente, a la academia en la que pudieron prepararse 86 de los 92 aspirantes aprobados, según las primeras informaciones difundidas en torno al proceso. Conesa rectificó esos datos para asegurar que, según las averiguaciones que había realizado, tras conversar con los responsables de dicho centro de formación, fueron 132 los aspirantes preparados en la academia los que participaron en el proceso. Eso sí, añadió que, de ellos, aprobaron 33, un 25%, lejos de los 86 que se había difundido inicialmente. Al margen de ello, también aseguró que conocía que algún mando del cuerpo daba clases en esa academia y defendió que no era extraño que el centro consiguiese un alto porcentaje de aprobados porque ofrecía una muy buena preparación.

Sea como fuere, los diez comparecientes también recalcaron que las correcciones de los exámenes fueron anónimas, sin que los miembros del tribunal pudiesen conocer la identidad de los aspirantes, al quedar vinculadas a códigos numéricos. Asimismo, en respuesta a la misma pregunta que les formuló a cada uno de ellos la presidenta de la comisión y portavoz del PP, Mari Carmen de España, todos los que accedieron a prestar testimonio ante la comisión negaron que hubiesen recibido presiones o indicaciones de nadie durante la confección o el desarrollo de las pruebas. Ahora bien, lo cierto es que -en principio- era poco probable que ninguna de las personas que formó parte de la organización del proceso de selección llegase a admitir la existencia de anomalías. Ese supuesto, como mínimo, habría implicado asumir la adulteración del proceso del que eran responsables. Casi una autoinculpación.

Así que, lejos de eso, defendieron que nadie había planteado objeciones sobre las preguntas planteadas y que tampoco se había puesto de manifiesto la existencia de filtraciones. Respecto a las denuncias presentadas ante la Agencia Valenciana Antifraude, que habrían motivado la apertura de otro proceso de investigación para determinar si existieron o no las anomalías puestas de manifiesto, fue Conesa el que aseguró que era normal que algunos aspirantes que no hubiesen logrado plaza actuasen para tratar de que se anulase el proceso con el fin de tener otra oportunidad. En cualquier caso, de nuevo, todos los comparecientes también insistieron en que se había respondido a las alegaciones o recursos de alzada presentados tras el desarrollo de cada fase del proceso con total normalidad. Incluidos los que aludían a la posibilidad de que se hubiesen admitido certificados médicos con su vigencia de 90 días caducada. Conesa aseguró al respecto que su fecha de validez se computaba desde el momento en el que se tomaban en consideración por el tribunal, y el asesor encargado de supervisarlos, y de valorar la prueba médica, Andrés García Trillo, señaló que, aunque él no podía pronunciarse en sentido estricto sobre su vigencia o caducidad, lo cierto era que las bases (establecidas por la Generalitat) no contemplaban la posibilidad de volverlos a requerir para que se presentasen de nuevo en un momento posterior.