ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante da el primer paso formal para constituir las comisiones de investigación específicas sobre contrataciones supuestamente irregulares que se acordaron en los plenos ordinarios de noviembre y diciembre a propuesta de Compromís y del propio PP. Ese primer paso no deja de ser un puro trámite: consiste en un requerimiento girado a los grupos de la oposición para que designen a sus representantes en esas comisiones. Es, de hecho, el paso que ya se dio en octubre respecto a la comisión de investigación sobre el asfaltado de El Moralet que, sin embargo, todavía no se ha constituido tres meses después.

¿De qué comisiones se trata ahora? La primera es la que atañe a los encargos y pagos acordados con las empresas vinculadas a uno de los exasesores del PP, Jorge Crespo, cesado precisamente después de que se constatase que podía haber incurrido en un supuesto de incompatibilidad con motivo de su participación en una licitación municipal (el concurso sobre el servicio de mantenimiento de zonas verdes de las Escuelas Infantiles municipales, en el que la empresa de la que era administrador, Serveis Integrals de la Terreta, se había posicionado como la empresa mejor valorada).

De acuerdo con el texto de la propuesta presentada por Compromís, dicha comisión debía quedar constituida en el plazo de 15 días posteriores a su debate en el pleno. El objeto de dicho órgano de análisis es esclarecer si, en efecto, pudo haberse incurrido en una incompatibilidad a partir de los trabajos encomendados por el PP a las sociedades en las que Crespo (miembro de la ejecutiva local de los populares) disponía o dispone de participaciones durante el tiempo en el que él desempeñó su puesto como cargo de confianza.

La segunda comisión tiene que ver con los contratos tramitados desde el Patronato Municipal de la Vivienda con motivo de la reforma de un local de su titularidad para que pudiese ser utilizado como sede provisional de la Concejalía de Juventud, tras el cierre preventivo del edificio del Centro 14. En este caso, el objeto de la comisión sería dilucidar si se cometió el supuesto fraccionamiento de contratos sobre el que advirtió el interventor municipal en su informe de fiscalización al formalizar tres contratos distintos por un importe global que superó los 56.000 euros. Y, en ese caso, si corresponde dirimir responsabilidades políticas o legales.