ALICANTE. La Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Alicante concretan los cimientos del nuevo complejo judicial frente a los actuales juzgados de Benalúa que completará un nuevo entramado de edificios: un Barrio de la Justicia, como lo definió la propia consellera del ramo, Gabriela Bravo, este viernes, tras mantener la última reunión de coordinación con el Ayuntamiento de Alicante.

En ese encuentro se perfiló la primera programación con plazos concretos para la construcción del nuevo inmueble, con la confianza en que las nuevas dependencias puedan estar finalizadas entre 2023 y 2024. En primer término, Justicia y Ayuntamiento se conjuraron para agilizar el acuerdo de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que resulta necesario para encajar la ampliación de volumetría que se proyecta. En concreto, se trata de permitir que el futuro edificio pueda ganar entre una y dos alturas más. Si no en toda la parcela, al menos sí en el extremo más próximo la zona colindante con las viviendas de Alipark.

Como avanzó Alicante Plaza, se calcula que los bloques del complejo puedan llegar a alcanzar una altura máxima de 28 metros, seis más de los que permitiría el PGOU en la actualidad en la parcela ocupada por el antiguo cuartel de San Fernando. La propuesta arquitectónica redactada por el gabinete de arquitectur Ayesa concibe un complejo de carácter singular con una superficie de 50.000 metros cuadrados en el que se incluirá una gran plaza central con zonas ajardinadas, que será accesible desde distintos puntos. El proyecto incluye, además, la construcción de aparcamiento subterráneo con entre 180 y 200 plazas, lo que aliviará los problemas de estacionamiento en la vía pública en el conjunto del barrio de Benalúa.

La modificación del Plan General podría estar aprobada antes de que termine 2020, lo que permitiría sacar a concurso la construcción del edificio incluso en este mismo ejercicio. El proyecto parte con un presupuesto inicial de 52 millones en un plan de inversión plurianual. Así, con un promedio de nueve meses para que se resuelva su adjudicación, las obras podrían adjudicarse e iniciarse en el último trimestre de 2021 con el propósito de que pudiesen quedar terminadas en un plazo de entre dos y tres años después.

Pero, además, el encuentro de este viernes también sirvió para definir cómo quedará la futura distribución de órganos judiciales en cuanto el nuevo edificio esté concluido. Según detalló Bravo, el inmueble de nueva construcción albergará el Registro Civil, el juzgado de guardia, el Instituto de Medicina legal (IML), 13 juzgados de Primera Instancia, 9 de Instrucción, otros 9 de lo Penal, 3 de Menores, 2 de Violencia sobre la Mujer, la sede de la Fiscalía, los gabinetes psicosociales, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, salas de vistas, espacios de usos complementarios, los colegios de abogados y procuradores, calabozos, archivo, aparcamiento y las dependencias para los servicios de Seguridad y Guardia Civil.