Proyección virtual del edificio principal de la nueva Ciudad de la Justicia en Benalúa. Foto: AYESAALICANTE. El edificio principal de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante en el barrio de Benalúa obligará a promover una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar encaje a sus necesidades de espacio. Los parámetros de edificabilidad que rigen en el solar del antiguo cuartel de San Fernando, frente al Palacio de Justicia actual, se quedan cortos, de modo que el Ayuntamiento y la Conselleria de Justicia se conjuraron este jueves para amparar la construcción de una o dos alturas más. Si no en toda la parcela, al menos sí en el extremo más próximo la zona colindante con las viviendas de Alipark.
Por el momento, todo está sujeto a la revisión del proyecto constructivo adjudicado por la Generalitat al gabinete de arquitectura Ayesa con el propósito de ganar metros cuadrados en los que dar cabida a las dependencias judiciales que se prevé reagrupar en el nuevo complejo. Hasta ahora, se ha venido planteando que pueda albergar el Registro Civil y el Instituto de Medicina Legal, además de todos los juzgados de uno o dos órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, Social o Contencioso-Administrativo).
En principio, se calcula que el edificio pueda llegar a alcanzar una altura máxima de 28 metros, seis más de los que permitiría el PGOU en la actualidad en dicha parcela. La propuesta arquitectónica elaborada por Ayesa concibe un complejo de carácter singular con una superficie de 50.000 metros cuadrados en el que se incluirá una gran plaza central con zonas ajardinadas, que será accesible desde distintos puntos. El proyecto incluye, además, la construcción de aparcamiento subterráneo con entre 180 y 200 plazas, lo que aliviará los problemas de estacionamiento en la vía pública en el conjunto del barrio de Benalúa.
Vista de la distribución del complejo, según el proyecto de Ayesa.El complejo parte con un presupuesto inicial de 35 millones de euros. Y la previsión con la que continúa trabajando la Conselleria de Justicia es la de iniciar las obras a lo largo de 2020 con la intención de que puedan estar terminadas al final de la legislatura.
Así, el departamento autonómico que dirige Gabriela Bravo y el bipartito de Alicante (compuesto por PP y Ciudadanos) se emplazaron a una nueva reunión de carácter técnico, que debería convocarse de manera inminente, para cuadrar las superficies finales necesarias y poder definir los términos concretos de la modificación del PGOU. A partir de ese momento, la Generalitat deberá licitar la ejecución de las obras, para lo que se prevé acordar un plan plurianual de inversiones.
