ALICANTE. La fase de instrucción de las diligencias sobre la instalación del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) de Aguas de Alicante en una parcela de suelo reservada para usos educativos toca a su fin. Cuando menos, el Juzgado de Instrucción número 3 cerró este miércoles la última ronda de declaraciones acordada hasta la fecha con el testimonio de uno de los funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude que elaboró un informe sobre la tramitación de las obras ejecutadas para habilitar las oficinas del CIA en el edificio del Parque de Bomberos de la calle Italia, en el marco de la estrategia municipal Alicante Futura. Y, en principio, no ha trascendido que vaya a solicitarse la práctica de nuevas pruebas o más declaraciones.

Todo parece indicar que la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso la denuncia por un supuesto delito de prevaricación administrativa, y las defensas de los investigados -entre ellos, el exconcejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y la actual edil de Fomento, Mari Carmen de España- plantearán a partir de ahora sus respectivas solicitudes: bien para que se produzca la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, con el consiguiente dictado de un auto de apertura de juicio, o bien para que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones. 

Por lo pronto, las explicaciones de dicho funcionario -que estaba citado en calidad de perito- no aportaron elementos nuevos respecto a las manifestaciones previas, a pesar de que su comparecencia se prolongó durante cerca de tres horas. En suma, dicho funcionario se ratificó en las conclusiones del informe en el que se basó la denuncia planteada por Anticorrupción y añadió que le llamó la atención que se acabase optando por la firma de un convenio entre la Agencia Local de Desarrollo -responsable del impulso de la estrategia Alicante Futura- y Aguas de Alicante después de que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo emitiesen un informe de compatibilidad urbanística desfavorable a la instalación del CIA en el inmueble del antiguo Parque de Bomberos, puesto que la parcela en la que se sitúa ese parcela está reservada como suelo dotacional educativo en el PGOU actual. 

Además, según fuentes consultadas, el funcionario de Antifraude también señaló que, a su juicio, la firma de ese convenio por el que se acabó dando encaje al CIA en el emplazamiento pretendido no podía interpretarse como un permiso o un título habilitante que permitiese la ejecución de las obras de adaptación de la planta baja de ese edificio. Y, por último, también apuntó que la provisionalidad en la que, según los técnicos municipales, se había amparado la instalación del CIA solo se plasmó en el expediente cuando se produjeron los distintos requerimientos de información, una vez ya iniciadas las obras.

A la vista de ese testimonio, se prescindió de la declaración de otros dos funcionarios de la misma agencia que también habían sido citados este miércoles a propuesta de Anticorrupción. A partir de ahora, se espera que el conjunto de las partes valoren la prueba practicada hasta el momento y expongan sus respectivos planteamientos, salvo que sea la propia titular del juzgado la que adopte decisiones, sin esperar a recibirlos, con el dictado de un auto de enjuiciamiento o de archivo.