ALICANTE. La última ronda de declaraciones registrada este lunes en la causa instruida por un supuesto delito de prevaricación administrativa sobre el uso conferido al edificio de propiedad municipal del antiguo parque de bomberos situado entre la calle Italia y la Plaza de Séneca se salda con un nuevo aval a la instalación de las dependencias del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) promovido por Aguas de Alicante tras la firma de un acuerdo con la Agencia de Desarrollo Local (a la que se había adscrito el uso del inmueble), en desarrollo de la estrategia municipal Alicante Futura. 

Ese aval llegó a través del testimonio ofrecido por la jefa del servicio jurídico de la Concejalía de Urbanismo en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 3. La técnica defendió la viabilidad de la implantación de dichas instalaciones en el edificio, a pesar de asentarse en un solar reservado para uso dotacional educativo, tras argumentar que el convenio suscrito entre la empresa responsable del servicio de abastecimiento y la Agencia de Desarrollo Local para acordar la creación de dicho centro tenía una duración provisional, con una vigencia de cuatro años. De ahí que descartase la existencia de posibles anomalías por el hecho de que Aguas no contase con licencia para el desarollo de las obras en la medida en que, realmente, por la condición temporal del acuerdo, no hubiese sido necesario ni que llegase a registrar su solicitud.

Lo cierto es que, de partida, Aguas de Alicante sí formalizó ese trámite antes de dar inicio a las obras para transformar la planta baja del inmueble en las oficinas del CIA (destinadas a divulgar el funcionamiento del ciclo integral del agua, y los recursos tecnológicos que lo controlan), aunque desistió de esa solicitud, después de que el propio servicio de Urbanismo emitiese un certificado de compatibilidad desfavorable a la instalación de dicho centro. En ese informe se ponía de manifiesto que el solar en el que se pretendía instalar el CIA estaba reservado para el desarrollo de un centro educativo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que no tenía cabida el nuevo destino que se le pretendía asignar, a pesar de que, en realidad, ese emplazamiento no ha llegado a albergar nunca un colegio o un instituto. 

En ese momento, se optó por concertar el convenio de colaboración con la Agencia de Desarrollo Local con el que se dio encaje al centro de Aguas como parte de uno de los edificios de la estrategia Alicante Futura destinado a la instalación de startups y a la promoción de la innovación y las nuevas tecnologías. Ese acuerdo posibilitó que Aguas ejecutase las obras, a pesar de que no hubiese superado ningún examen municipal previo, ni de que se hubiese visado el proyecto de seguridad y salud, entre otros requisitos que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, habrían resultado imprescindibles, sin que pudiese considerarse la firma de un convenio de colaboración como un título habilitante para su ejecución.

Al tiempo, en la ronda de declaraciones de este lunes también prestaron testimonio dos responsables de la propia compañía concesionaria del servicio de abastecimiento urbano, citados como testigos.

Próximas declaraciones

En principio, la instrucción de la causa debe continuar el próximo 9 de abril con la declaración de tres funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude que comparecerán en calidad de peritos, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Está por ver si, a partir de ahí, se solicitan nuevas diligencias o si la causa queda expuesta a la posible transformación en procedimiento abreviado o al dictade de un auto de sobreseimiento.

La causa quedó abierta el pasado octubre a instancias de la denuncia presentada por Anticorrupción, a la vista de la manifestación de hechos registrada por los representantes del grupo municipal del PSOE. La Fiscalía advirtió indicios de un delito de prevaricación administrativa por la cesión de uso de parte del edificio a Aguas de Alicante con el fin de que implantase oficinas administrativas en un emplazamiento que queda situado sobre una parcela reservada para uso dotacional educativo en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

Anticorrupción presentó denuncia dirigida contra una veintena de personas, entre las que se incluían los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno en la sesión en la que se acordó la nueva adscripción de uso del edificio a la Agencia de Desarrollo. Entre las primeras diligencias practicadas desde entonces, figuró la toma de declaración de la concejal de Empleo y presidenta de la Agencia, Mari Carmen de España, y del ahora exconcejal Adrián Santos Pérez, que asumía la delegación de Urbanismo durante el pasado mandato. Ambos comparecieron en calidad de investigados. Y los dos negaron que se hubiese registrado ninguna irregularidad.