ALICANTE. La maquinaria administrativa vuelve a rodar en Alicante para renovar la gestión y el funcionamiento del sistema de estacionamiento controlado: la conocida como la contrata de la ORA o de la zona azul, que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), sacó a licitación el pasado abril por 143 millones y un plazo de explotación de 19 años. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -el órgano adscrito al Ministerio de Hacienda que asume la competencia para dirimir disputas sobre licitaciones públicas- acaba de desbloquear el concurso que permanecía suspendido desde mayo tras rechazar ahora las dos impugnaciones presentadas contra el pliego de condiciones.
La primera de ellas llegó de la mano del grupo Setex. En su recurso, alegó que la licitación debía haberse dividido en al menos dos lotes para separar los dos servicios que se pretendía contratar: el del estacionamiento controlado, por un lado, y el de inmovilización, retirada y depósito de vehículos, por otro. Se trata de las dos prestaciones que se concertaron al unísono en el último contrato previo, ahora ya caducado y extendido con una prórroga extraordinaria.
Es más, en esa misma impugnación, Setex consideraba que incluso podría incorporarse un tercer lote limitado de forma exclusiva a la construcción del nuevo depósito de vehículos previsto en el contrato. Se trata de las nuevas instalaciones planificadas sobre una parcela municipal del barrio de Rabasa, que también se incluye como obligación a asumir por el futuro concesionario. En esta línea, su recurso apuntaba que la incorporación de esas tres obligaciones al unísono restringía las posibilidades de concurrencia empresarial, en la medida en que una compañía con experiencia en la gestión del estacionamiento en la vía pública podía no tener cualificación para desempeñar obra pública, como se requeriría para la construcción del citado depósito.
La segunda impugnació fue la promovida por la concesionaria actual: la alianza compuesta por Vectalia y Pavapark. Su recurso alegaba que el pliego incurría en imprecisiones técnicas; alertaba de dificultades para poner en marcha un depósito provisional, en el caso de que no se consiguiese un acuerdo para extender el contrato de uso de las instalaciones actuales, situadas en suelo privado de la partida del Bacarot; y consideraba que el contrato en sí mismo resultaba inviable desde el punto de vista económico al basarse en cálculos desactualizados, con costes valorados en 2024, al margen de que también se hubiese incorporado un documento anexo posterior a la convocatoria con cambios en cuanto al gasto que supondría la subrogación de la plantilla.
El TACRC rechaza ahora todas esas argumentaciones para dar validez a la licitación municipal en sus términos originales. En primer término, desestima las pretensiones de Setex al concluir que la gestión de los servicios de control del estacionamiento en la vía pública y de retirada e inmovilización de vehículos están directamente ligados a las instalaciones del depósito a construir, sin que el coste de su ejecución suponga más de un 18% del importe del contrato. Así, remarca que "no puede afirmarse que el servicio de estacionamiento regulado en superficie se preste al margen de la explotación de una obra, sino que dicha explotación -la de los equipos e instalaciones de control y señalización objeto del anteproyecto- constituye, igualmente, el título retributivo de esa concreta prestación, si bien con una intensidad de vinculación física distinta a la que presenta el servicio de grúa respecto del depósito". De este modo, considera que el concurso no debe dividirse en tres lotes distintos, como reclamaba Setex.
En segundo lugar, también desestima la reclamación de Vectalia-Pavapark al completo. Primero, el TACRC avala la condición planteada respecto a la construcción de un depósito provisional en el supuesto de que no se lograse la subrogación del acuerdo por la ocupación de las instalaciones de Bacarot. Segundo, considera que no supone ningún perjuicio que limite la concurrencia empresarial que se imponga al futuro concesionario el derribo de ese depósito de Bacarot, toda vez que se establece la exención de asumirla en el supuesto de que se opte por habilitar otro depósito alternativo.
- Los vehículos grúa estacionados en uno de los depósitos municipales de Alicante. -
Tercero, avala el estudio de viabilidad económica aportado por el Ayuntamiento de Alicante, a pesar de que esté basado en costes calculados en julio de 2024, tras recordar que contó con el visto bueno de la Oficina de Nacional de Evaluación "en cuanto a la sostenibilidad financiera, las estimaciones de demanda, la inversión, los costes, la tasa de descuento, el periodo de recuperación y la transferencia del riesgo operacional". De este modo, el tribunal concluye que Vectalia-Pavapark se limita a aludir a un hipotético desfase sin haber acreditado "mediante un contraste efectivo de costes, error manifiesto ni ausencia de soporte técnico en la fijación del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato".
Y cuarto, considera que el hecho de que se publicase un anexo con variación de costes respecto a la posibilidad de la subrogación del personal no constituye una modificación sustancial del concurso que motive su anulación toda vez que, además, el Ayuntamiento concedió una ampliación de plazo para el registro de ofertas interesadas, de forma que se extendió desde el 11 de mayo hasta el 8 de junio.
Más plazas y gratuidad de la zona naranja
¿Qué consecuencias tienen, en definitiva, las dos decisiones acordadas por el TACRC? Sencillamente, que el Ayuntamiento pueda completar el proceso de contratación con la selección de un nuevo adjudicatario. Lo cierto es que, al admitir los dos recursos, el TACRC únicamente frenó la adopción de ese acuerdo, pero no suspendió los plazos para la presentación de ofertas. Así que la Mesa de Contratación podrá proceder ahora a conocer las propuestas que se hubiesen registrado hasta ese 8 de junio. Por ahora, se desconoce si ha habido licitadores interesados o si la licitación podría declararse desierta por falta de concurrencia, lo que supondría que se volviese a convocar un nuevo concurso, sin tener que modificar necesariamente sus condiciones, como habría ocurrido en la hipótesis de que se hubiese admitido alguna de las dos impugnaciones.
Así, el desbloqueo del concurso allana los cambios a introducir en el sistema, entre los que se incluyen la ampliación de plazas de estacionamiento sujetas a control horario. En primer lugar, se prevé la incorporación de 3.077 plazas nuevas distribuidas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, de las que 2.542 serán de zona naranja. En segundo término, también comprende la implantación de la gratuidad para los residentes en el uso de las plazas delimitadas como zona naranja, de forma que no tendrán que pagar por aparcar, como sí lo deberán hacer el resto de usuarios que estacionen en esos tramos.
Al tiempo, se añaden otras novedades como el fin de la exención de pago en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas, la introducción de bonificaciones para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y la incorporación de pago por parte de propietarios de motocicletas. Eso sí, esas variaciones siguen sujetas a la actualización de la ordenanza reguladora del sistema y de la ordenanza fiscal que regula los precios de estacionamiento.
