ALICANTE. El cambio de directiva en el Real Club de Regatas de Alicante no consigue calmar las aguas entre su masa social. Así se ha evidenciado con la convocatoria de la asamblea prevista para el próximo 30 de junio en la que la nueva junta presidida por Javier Romero pretende dar cumplimiento a dos de los puntos clave del programa con el que concurrió a las elecciones, el pasado febrero. Se trata de la prórroga de los contratos sobre los amarres, y de las reparaciones pendientes de afrontar en los pantalanes, con dos propuestas que ya han deparado reacciones encontradas entre los socios.

¿Qué acuerdos se pretenden someter a votación, en concreto? En primer término, la continuidad de los contratos sobre los amarres de los que disponen los denominados armadores (socios propietarios de barcos atracados en las instalaciones del club) para extender su duración hasta el año 2039, sin que sus titulares deban renovarlos ni abonar cantidades adicionales. Se pretende que esa prórroga en la vigencia de los contratos se ratifique de forma expresa para todos aquellos casos que estuviesen condicionados "o limitados al término de la concesión en el año 2027". Es decir, el último año del permiso de uso del que se disponía hasta el año 2022, cuando se solicitó y se obtuvo una extensión del plazo de concesión hasta 2039, que, a su vez, se alargó de nuevo en 2025 hasta 2048.

De ese acuerdo quedarían excluidos los contratos por plazos de 5, 10 y 15 años que se firmaron a partir del 18 de enero de 2024, durante la etapa gestionada por la directiva precedente que presidía Miguel López, que había abogado por promover la renovación de los derechos de atraque con el objetivo de generar ingresos de tesorería necesarios para acometer actuaciones pendientes en las infraestructuras vinculadas al club. Entre ellas, la reparación de los pantalanes.

Ese primer acuerdo, ya comprometido en el periodo de campaña por el equipo de Romero, se acompaña de otra propuesta relacionada, precisamente, con ese aspecto. El planteamiento tampoco difiere de lo que se había anticipado durante la campaña: que sean únicamente los armadores quienes sufraguen el coste derivado de la reparación de esos pantalanes. De este modo, el resto de socios que no dispongan de derechos de atraque quedarían "exonerados y exentos" de asumir esa inversión, en un supuesto que la candidatura de Romero consideró "injusto" durante la campaña, al sostener que resultaría inapropiado que tuviesen que asumir costes por el mantenimiento de unos atraques de los que no hacen uso.

Hasta el momento, la junta directiva precedente había manejado informes técnicos que elevaban a cerca de 5,5 millones el desembolso que resultaba necesario abordar para desarrollar esas reparaciones sobre los pantalanes. La propuesta de la directiva actual no llega a cuantificar todavía esos arreglos. Eso sí, trata de dejar la decisión sobre su presupuesto y aprobación exclusivamente en manos de los armadores, al ser quienes tendrían que asumir su coste. Así se indica en el segundo punto del orden del día de la asamblea: "Establecer que los socios no armadores quedan totalmente exonerados y exentos de sufragar los costes de reparación de los pantalanes. Dichos gastos correrán exclusivamente a cargo de los socios armadores, bajo presupuesto a decidir y aprobar por éstos".

Contestación interna

No obstante, esa doble propuesta ya ha suscitado contestación interna por parte de varios sectores (entre los que se incluyen los socios que respaldaron la candidatura alternativa de Javier López, los que sustentaban a la directiva precedente, y los considerados socios deportistas) que no comparten la hoja de ruta trazada por el equipo de Romero. En esta línea, consideran que la prórroga automática de los contratos de los amarres hasta 2039 podría conllevar la descapitalización de la entidad al impedir que pueda nutrirse de esa fuente de ingresos (la principal de la que dispone el club, al margen de los alquileres por la gestión de las instalaciones hosteleras y de las que se generan con la organización de actividades deportivas).

De hecho, esos sectores críticos estiman que la continuidad de los contratos de atraque privaría al club de obtener de 8 millones, cuando se tiene que seguir asumiendo gastos derivados de consumos de agua y luz y de mantenimiento de marinería, entre otros aspectos. Además, sostienen no debería dejarse la decisión de la reparación de los pantalanes en manos de los amarristas puesto que podrían optar por una intervención mínima que no solucionase su deterioro estructural, exponiendo al club a posibles consecuencias a la hora de optar a una futura concesión más allá de 2048, en el caso de que la Autoridad Portuaria concluyese que no se había asegurado un correcto mantenimiento de sus instalaciones.

En cualquier caso, esa posición también tiene ya respuesta por parte del equipo de Romero, que sostiene que no existe riesgo de descapitalización toda vez que los atraques pasarán a manos del club en cuanto se extinga esa duración extendida hasta 2039 y podrán volver a venderse o alquilarse generando ingresos en beneficio de la entidad. Además, se alega que hasta ahora se había hablado de la necesidad de acometer una intervención sobre los pantalanes que, en realidad, consistía en una sustitución, cuando se disponen de estudios preliminares que apuntan que lo que se necesita es una reparación. Y, por tanto, su coste sería inferior a los 5,5 millones apuntados por la directiva precedente.

Esa disparidad de perspectivas es la que permite augurar una nueva asamblea tensa con un desenlace incierto, toda vez que, además, también se prevé someter a aprobación las cuentas de los ejercicios de 2024 y 2025, que no llegaron a aprobarse a la directiva precedente, así como los presupuestos de 2026. Se trata de otro de los compromisos adquiridos por el equipo de Romero a los que ahora se pretende dar cumplimiento, tras la publicación de los informes de auditoría respecto a esas contabilidades que se prevé poner a disposición de los socios en los próximos días.