ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante saca la chequera para procurarse de un servicio de mantenimiento y conservación de su propio patrimonio inmobiliario. Lo hace mediante la convocatoria de un nuevo concurso público con el que pretende contratar a una o varias empresas encargadas de asumir las tareas de reparación y de adecuación del conjunto de edificios de titularidad municipal para los dos próximos años. Eso sí, la convocatoria contempla además otras tres posibles prórrogas de un año cada una, con lo que la prestación podría extenderse hasta un máximo de cinco años. 

La licitación parte con un presupuesto poco habitual entre el conjunto de convocatorias que dependen de la administración local. Su importe de salida roza los 4,9 millones (4.890.591,02 euros, impuestos incluidos) por los dos primeros años de duración del contrato (aunque se admiten propuestas a la baja), lo que da cuenta de la envergadura de la encomienda.

De hecho, el proceso se divide en tres lotes distintos para diferenciar cada tipo de intervención y procurar la mayor concurrencia empresarial posible. El primero de ellos engloba a los edificios de uso educativo: los centros de educación primaria y secundaria de la ciudad. Se trata de 53 inmuebles, incluyendo los centros de educación especial de El Somni y Santo Ángel de la Guarda. Ese primer paquete ya consume gran parte del presupuesto total asignado al concurso, con un importe de más de 2,6 millones (2.683.946,96 euros, impuestos incluidos).

En este caso, se trata de un servicio de mantenimiento que debe incluir todo tipo de adecuaciones y reparaciones pendientes, y las que puedan requerirse en lo sucesivo, al margen de las actuaciones ya planificadas por las concejalías de Educación e Infraestructuras en una programación específica diseñada para un conjunto de trece centros públicos. Esa intervención se encuentra ahora en su última fase de contratación, con un presupuesto de más de 369.000 euros. Por su parte, las reformas de esos centros quedan al margen del contrato, al quedar supeditadas a la llegada de fondos autonómicos y a su ejecución por parte de la Conselleria de Educación, salvo que se opte por una tramitación delegada, como ha sucedido con algunos de los proyectos del Plan Edificant.

Plaza de Toros, ayuntamiento...

El segundo lote comprende otras dependencias como los edificios de titularidad municipal que albergan oficinas de distintas concejalías, centros sociales, museos o instalaciones deportivas, a lo que se añade el inmueble de la Plaza de Toros -para el que se lleva años anunciando un plan de rehabilitación integral-, así como el inmueble histórico del propio Ayuntamiento, sobre el que todavía debe ejecutarse un proyecto de restauración pendiente desde el pasado mandato, y que ahora -tras la actuación de emergencia efectuada como consecuencia del desprendimiento de un fragmento de cornisa de la torre del reloj- sigue sujeto al permiso de la Conselleria de Cultura, ya que el edificio está reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC). En este caso, el presupuesto reservado para ejecutar su mantenimiento supera los 1,9 millones (1.905.988,06 euros).

Por último, el tercer lote se dedica en exclusiva a los edificios municipales destinados a acoger dependencias de los servicios de seguridad, como los cuarteles del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS), las comisarías y retenes de la Policía Local y las instalaciones de Protección Civil. En este caso, se asigna un presupuesto de 300.656 euros para su contratación, igualmente hasta 2027.

Ese conjunto de intervenciones puede verse complementado por otras contrataciones que puedan resultar imprescindibles para ejecutar reparaciones sobre averías o deterioros imprevistos, que quedarían a cargo de contrataciones extraordinarias. Es lo que acaba de suceder, por ejemplo, con los trabajos de consolidación del macizo rocoso del monte Benacantil ya adjudicados a CHM por 1,5 millones, después de que la realización de las obras de adecuación del acceso peatonal entre el Parque de La Ereta y el Portón hayan permitido detectar riesgo de desprendimientos por caída de materiales pétreos. Esa actuación conllevará la instalación de una malla o red protectora para evitar la caída de rocas, hasta que pueda ejecutarse un proyecto posterior que permita afianzar ese punto del monte y, en su caso, proceder a su retirada.