ALICANTE. Sobre el papel, no era una tarea fácil. Y así se habría confirmado durante la ejecución de los trabajos. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), ha aprobado este martes, en la reunión semanal de la Junta Local, una segunda ampliación del plazo previsto para que pueda efectuarse el desmontaje, traslado y recomposición de la Torre Placia: uno de los elementos defensivos distribuidos en el distrito de Playa de San Juan que forman parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta. En concreto, el acuerdo comprende que la tarea quede finalizada a fecha de 31 de marzo de 2026, lo que supone la concesión de un plazo extra de otros seis meses y 23 días más respecto a la última fecha prevista, para un contrato que se había adjudicado inicialmente con un plazo de ejecución de seis meses.

La nueva extensión temporal para la finalización del contrato -la primera, de ocho meses, se acordó el pasado febrero- queda justificada ahora en cinco circunstancias distintas. La primera, la complejidad que entraña la realización de los trabajos en sí mismos, por "la manipulación, ajuste y montaje de piezas de gran volumen y fragilidad, con estrictas exigencias de precisión y seguridad" que requieren. La segunda, el retraso inicial de 78 días que se acumuló para el inicio del encargo como consecuencia de la demora en la obtención de los últimos permisos de intervención arqueológica que debía conceder la Conselleria de Cultura. La tercera, la dificultad que supone la obligación de realizar el seguimiento arqueológico obligatorio durante toda la intervención, lo que limitaría la autonomía de ejecución y exigiría "una coordinación condicionada por la disponibilidad de la dirección técnica autorizada, lo que ha supuesto retrasos importantes", según reseña la propuesta de acuerdo, en alusión a la petición formulada por la empresa adjudicataria del contrato sobre el traslado: Estudio Métodos de la Restauración.

La cuarta, las limitaciones naturales del material empleado (mortero de cal), "cuyos tiempos de fraguado y secado no pueden reducirse sin comprometer la durabilidad y compatibilidad de la obra, circunstancia tampoco tenida en cuenta en el proyecto". Y la quinta y última, las "incidencias climatológicas acreditadas (40 días laborables perdidos por lluvia según datos AEMET), que imposibilitaron el avance en fases críticas del desarrollo de la reconstrucción del edificio.

La dirección facultativa de las obras considera que ese cúmulo de causas justificarían la conveniencia de la concesión de un plazo adicional. De ahí que se acepte la petición y se extienda el calendario para el cumplimiento del contrato, adjudicado finalmente por un importe de más de 1,7 millones (1.769.777,71 euros, IVA incluido). En principio, según ha apuntado el vicealcalde y coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este marets, se cuenta con la previsión de que esta prórroga adicional sea la última que resulte necesaria para que culmine el trabajo de reposicionamiento de la torre, aunque ha admitido que todo dependerá de cómo sigan evolucionando los trabajos. "Es un traslado muy complejo que no se ha hecho nunca en Alicante y que, seguramente, se ha llevado a cabo muy pocas veces en otras ciudades", ha incidido.

Más de 20 años después

Como viene informando este diario, la realización del traslado del monumento se produce con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en 2004, en la que se anuló la licencia concedida para la construcción de un residencial compuesto por viviendas adosadas que invadía el perímetro de protección de la torre. En esa resolución judicial, se planteaba la demolición de las viviendas, aunque el Ayuntamiento propuso una fórmula de ejecución de sentencia alternativa que comprendía el traslado de Torre Placia a otro emplazamiento, con el fin de minimizar el impacto económico y no causar desarraigo a los propietarios de las casas. El TSJ aceptó esa propuesta alternativa, con lo que el Ayuntamiento promovió la compra del inmueble a sus propietarios históricos.

Después, logró que tanto el Consejo de Ministros como el Ministerio de Cultura acabasen validando esa reubicación, aunque quedó condicionada a que se garantizase su contextualización histórica. De hecho, ese es uno de los aspectos incluidos en el proyecto, en la medida en que también se prevé conservar, identificar y señalizar su emplazamiento original, al margen de que, en la elección de su nueva ubicación (una parcela calificada como zona verde, de titularidad municipal), también se haya procurado la cercanía con el resto de torres defensivas que conforman el BIC para que mantuviese su función original, como torre de vigilancia y edificación defensiva, conectada con un eje visual con otras torres.