ALICANTE. La propuesta de regulación sobre el sector del alojamiento turístico -fundamentalmente, las viviendas de uso turístico (VUT) aisladas y en bloque completo- aprobada este martes por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), en la reunión semanal de la Junta Local no acaba de satisfacer ni a los empresarios del sector, ni a los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. Por lo pronto, la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Alicante (APHA) considera que la determinación de unas normas claras sobre las condiciones de implantación de esos negocios resulta positiva, aunque reclaman consenso a la hora de establecer las medidas concretas que conformen esa regulación. Y los represantes de las formaciones opositoras consideran que esa normativa es positiva, aunque insisten en que llega tarde y que seguirá sin atajar el problema si no se incrementan las inspecciones y se asumen las competencias sancionadoras frente a la actividad irregular.

Por partes. En primer término, el vicepresidente de APHA, Daniel Elman, ha considerado que la propuesta de modificación del planeamiento (en la que se fija un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante, y se establece se prohíbe la concesión de nuevas licencias en distritos censales saturados), "tiene sentido en respuesta a la moratoria que estaba vigente, aunque no podemos opinar al no tener toda la información sobre su contenido". En todo caso, sí ha estimado que "cualquier cosa que logre un marco legal estable, que facilite la inversión por parte de los empresarios, el desarrollo de Alicante, y el desarrollo de un turismo sostenible, lo vemos positivo".

"En definitiva, se trata de crear una normativa que favorezca el equilibrio y la convivencia, no solo entre ciudadanos y el sector turístico, sino que también dé unas normas claras para que todo el sector pueda seguir creando el valor que ha creado en los últimos años y permita continuar el cambio urbanístico positivo en la ciudad". Eso sí, ha incidido en que "estamos a disposición del ayuntamiento para cualquier consulta que quiera hacer con el sector; creemos que consensuar con el sector todos los detalles es importante porque todos tenemos algo que aportar", ha valorado.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado de forma positiva que el gobierno de Barcala "esté dando pasos adelante para ordenar el sector del alojamiento turístico y aprobar medidas como la de prohibir apartamentos turísticos en bajos comerciales, tal y como aprobó el pleno a propuesta del PSOE", en virtud del acuerdo alcanzado en julio para extender la vigencia de la moratoria en la concesión de licencias también a los proyectos de apartamentos turísticos en bloque completo. No obstante, Barceló ha reclamado al gobierno del PP que ponga en marcha "cuanto antes el resto de medidas pactadas" en ese acuerdo, "como es asumir las competencias para sancionar a los apartamentos turísticos ilegales, o publicar en la web municipal la relación de alojamientos legales", entre otras cuestiones. 

Celeridad

"Lo que se evidencia hoy es que Barcala reconoce que se ha producido un problema por no haber actuado antes con relación a los apartamentos turísticos. Además, el alcalde se ha quedado sin el argumento de que los grupos de la oposición atacamos al sector turístico y promovemos la turismofobia". Al margen de ello, ha señalado que "es positivo que se den pasos firmes para regular el alojamiento turístico pero es importante destacar que esto no soluciona el grave problema de acceso a la vivienda que se vive en Alicante, puesto que se necesitan medidas que sean efectivas en ese sentido", ha apuntado.

En todo caso, la portavoz socialista ha solicitado toda la documentación sobre la propuesta "con tal de poder estudiarla de forma exhaustiva y presentar alegaciones si fuera necesario". "Lo que esperamos es que todo este asunto se tramite con la mayor celeridad posible, porque la aprobación de las ZAS también nos dijeron que iban a ser inminente y llevamos meses esperando", ha incidido.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha instado al alcalde, Luis Barcala, a dejar de "vender humo" y a asumir "ya las competencias para inspeccionar, multar y cerrar los pisos turísticos ilegales", en función del compromiso adquirido "tras firmar un protocolo en Fitur en enero de este año. Así, se ha cuestionado si con la propuesta de regulación "lo que viene a decir Barcala es que piensa asumir el decreto para inspeccionar", ante la falta de concreción respecto a cómo evoluciona esa petición. Hasta el momento, el equipo de gobierno había supeditado la solicitud de la asunción de esas competencias al refuerzo y reorganización del departamento de Urbanismo con un área específica.

En todo caso, el representante de la coalición valencianista ha considerado hasta cierto punto contradictorio que en la regulación planteada ahora se diaga que "no se van a poder poner pisos turísticos en bajos, cuando hacen modificaciones urbanísticas para instalar en sótanos pisos turísticos o actividades turísticas o comerciales". Así, en último término, ha considerado que "sin inspección y sin cierres, es todo humo".

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que la modificación de planeamiento aprobada en Junta de Gobierno "vuelve a mostrar el agotamiento del modelo del PP en Alicante: improvisación, falta de control y falta de proyecto. Llegan tarde al problema de los pisos turísticos, acumulan contratos fallidos y sentencias en contra y mantienen al personal municipal en precario. Estamos viendo como cada Junta de Gobierno deja un nuevo contrato roto o una sentencia en contra del Ayuntamiento", ha señalado.  Además, ha recriminado que "nuestra juventud sigue sin Centro 14 y la cultura convertida en un negocio", ante la incertidumbre que todavía persiste respecto a la fecha de puesta en funcionamiento del edificio de la calle Labradores que había venido albergando los servicios y actividades de la Concejalía de Juventud hasta que se retomaron las obras de ampliación de ese inmueble, ahora ya finalizadas y solo pendientes de recepción y de finalización de su equipamiento.