ALICANTE. La iniciativa promovida por el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante para que se modificase la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencià con el fin de que la ciudad de Alicante quedase reconocida como municipio de predominio lingüístico castellano, que quedó aprobada en el pleno ordinario de junio, el pasado jueves, gracias a los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), como parte de su acuerdo por la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF), tendrá que sortear al menos tres primeros obstáculos para que pueda tener algún tipo de virtualidad política.

Se trata de las acciones legales que preteden emprender los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en la corporación -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- frente a la adopción de ese acuerdo. Representantes de las tres formaciones confirmaron este lunes, a consulta de Alicante Plaza, su intención de promover su nulidad con estrategias distintas, al margen de que tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como el conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, hayan tratado de relativizar la trascendencia de la resolución municipal tanto el viernes como este domingo, a través de sus declaraciones públicas o emisión de notas de prensa sobre la exigencia de rigor o sobre los beneficios, que a juicio del Consell, se habrían alcanzado con la Ley de Libertad Educativa.

Por lo pronto, el acuerdo en sí mismo no tendría ninguna eficacia ejecutiva inmediata toda vez que se le dio forma de declaración institucional: una manifestación de contenido político, por la que se apremia a otra instancia de la administración pública -en este caso, a las Cortes Valencianas- a tramitar el cambio de ley. Con todo, sí sería una resolución de carácter político que Vox pretende utilizar como base y fundamento del registro de la Proposición de Ley que resulta necesaria para que pueda promoverse esa variación legal en la configuración del mapa lingüístico autonómico. De ahí que PSOE, Compromís y EU Podem no vayan a quedarse de brazos cruzados ante el texto validado en el pleno.

En primer término, el grupo municipal del PSOE pretende impugnar el acuerdo adoptado mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo con el fin de que sea una instancia judicial la que revoque el contenido de la resolución. Fuentes del PSOE consultadas indicaron que la preparación de ese recurso ya se encuentra más que avanzada con lo que podría quedar registrado en cuestión de días. En todo caso, su fundamentación concreta en la que se basará esa impugnación todavía no se ha desvelado. Tan solo se ha dado a conocer que existe jurisprudencia sobre supuestos precedentes similares, en los que se habría conseguido que un juez revocase un acuerdo de contenido político similar al contemplado en la declaración institucional de Vox.

A esa primera iniciativa, se suma el análisis jurídico que también ha puesto en marcha Compromís con el fin de desmontar el acuerdo aprobado por PP y Vox. La coalición valencianista ha constituido un grupo de trabajo específico constituido por representantes de Alicante y de València para analizar todos los escenarios posibles que permitan frenar el envite de Vox, secundado por el PP municipal. En este sentido, esa reflexión podría quedar centrada en acciones a adoptar en el supuesto de que el partido de Santiago Abascal presente su propuesta de Proposición de Ley en Cortes en cuanto se reabra el periodo de sesiones, el próximo mes de septiembre. Se barajarían opciones como el registro de una hipotética solicitud de suspensión cautelar sobre el debate de la iniciativa de Vox, en el supuesto de que llegase a ser admitida a trámite por el Consell. Esa petición de paralización se justificaría en la necesidad de solicitar estudios a órganos como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o el Consell Jurídic Consultiu (CJC), por ejemplo.

Impugnación del pleno

Y, en tercer término, esas líneas de actuación se completarían con el recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales que también prevé registrar el portavoz y único edil de EU Podem, Manolo Copé, después de que se le impidiese participar en el desarrollo de la sesión plenaria con el argumento de que se encontraba en situación de permiso por acogimiento familiar: un estado equiparable al de una baja laboral, según las conclusiones alcanzadas por el secretario municipal en el informe jurídico evacuado el pasado mes de octubre, cuando se registró la baja por paternidad del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá. 

Copé ya anticipó en el inicio del pleno, el pasado jueves, que impugnaría tanto el desarrollo de la sesión como cada uno de los acuerdos que se adoptasen. Y así lo ratificó este lunes, a consulta de este diario, cuando precisó que el recurso quedaría presentado en los próximos días, a la espera de pudiese disponer de copia del acta de la sesión. Entre otros puntos, según Copé, la decisión de recurrir tanto el pleno en su totalidad, como cada uno de sus resoluciones, estaría motivada, precisamente, en el debate de la declaración institucional sobre el predominio lingüístico promovida por Vox.

A partir de ahí, está por ver qué recorrido pueden tener esas tres líneas de actuación distintas y cuál puede ser la posición definitiva del PP tanto en el Consell como en su grupo parlamentario en Cortes, en el caso de que Vox persista en su intención de registrar su Proposición de Ley, en la que ya estaría trabajando bajo la coordinación de la exconcejal de Educación por el PP y ahora diputada autonómica por Vox, Julia Llopis, como informó este diario.