ALICANTE. La prestación del servicio de estacionamiento regulado, conocido como la zona azul o la ORA, continúa generando polémica en Alicante. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha denunciado este miércoles, a través de un comunicado, lo que considera una "prórroga a dedo del contrato de la ORA ejecutada por el equipo de gobierno del PP, sin cumplir ninguno de los requisitos que establece la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 29.4. Una decisión que, lejos de obedecer a criterios legales, responde a la inercia de mantener privilegios empresariales sin planificación ni transparencia".

En este sentido, la confluencia ha aludido al acuerdo que se pretendía aprobar en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, este martes, bajo el epígrafe de "Orden de continuidad de los servicios públicos de retirada, inmovilización y depósito de vehículos y estacionamiento regulado en superficie", que quedó sobre la mesa, toda vez que el expediente todavía no había sido fiscalizado por el departamento de Intervención, según ha precisado también este miércoles el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública posterior al acto de presentación del cartel anunciador de Fogueres. Con todo, el acuerdo deberá regresar a la Junta de Gobierno para que pueda aprobarse, toda vez que el expediente se encuentra finalizado, a la espera de que pueda obtenerse el visto bueno de Intervención. De hecho, como informó este diario, se estima que la continuidad de ese servicio en manos de la concesionaria actual -la UTE compuesta por Vectalia y Pavapark- conllevará un gasto de 3,9 millones hasta final de año, con la previsión de que pueda convocarse el nuevo concurso para renovar la concesión tras el verano.

Sea como fuere, a juicio de EU Podem, el enunciado de ese epígrafe del orden del día de la Junta de Gobierno resulta "vago y opaco", y "oculta lo que realmente es: un decretazo encubierto para que la empresa adjudicataria del servicio de la zona azul siga prestando el servicio sin contrato vigente, sin licitación nueva, y sin el informe del interventor, lo cual representa una grave vulneración de los principios de legalidad y transparencia", según abunda la formación política.

"Recordamos que el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público solo permite una prórroga excepcional por un máximo de nueve meses si existen razones de interés público imprevisible, y si el nuevo contrato ha sido licitado con una antelación mínima de tres meses o se han cursado invitaciones con al menos quince días de antelación. Nada de eso ha ocurrido en este caso", sostiene EU Podem.

En esta línea, la confluencia apunta que "ya en 2006, el TSJCV anuló la ORA que quiso imponer el alcalde Alperi debido a su incompetencia y, pese a ello, no se produjo ningún colapso en la ciudad, ni una epidemia, ni un caos circulatorio generalizado. No hay ninguna excusa de emergencia que justifique este uso fraudulento de la prórroga extraordinaria por un 'servicio esencial' que en ningún caso lo es. Tal es el caso del ayuntamiento de Orihuela, que hace 3 años padeció la misma desidia de otro equipo de gobierno del Partido Popular y se vio obligado a suspender el servicio. Algo que debería suceder en nuestra ciudad si quien nos gobierna tuviera un mínimo interés en mantener la seguridad jurídica en su quehacer", insiste EU Podem.

"Esta situación plantea serias dudas legales. Según el Observatorio de Contratación Pública, las denominadas 'órdenes de continuidad' -decisiones administrativas que extienden la prestación de un servicio sin respaldo contractual- constituyen una práctica irregular y pueden ser objeto de impugnación mediante recurso especial en materia de contratación", prosigue la nota pública. Así, el portavoz municipal de la confluencia, Manolo Copé, ha sostenido que "el PP vuelve a pisotear la legalidad para favorecer intereses privados, sin planificación ni garantías. Esta prórroga es irregular, y exigimos que se dé marcha atrás y se actúe con arreglo a la ley. Alicante no puede seguir funcionando a golpe de improvisación y favoritismo".

Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha explicado que no existe ninguna prórroga "a dedo", sino la continuidad de "un servicio público esencial". "Tenemos un servicio; estamos preparando el pliego para sacarlo a licitación; es un servicio esencial y prioritario y, una vez acabado el contrato, debe seguir prestándose", ha explicado, tras incidir en que esa continuidad quedará a cargo de la misma empresa que venía prestándolo, una vez finalizada la última prórroga. "La ley expone que el ayuntamiento podrá pedirle a la misma empresa que continúe prestando el servicio", ha incidido.