ALICANTE. La denegación de la licencia de obra no es el final. La contienda administrativa desencadenada en torno al proyecto de instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante continúa en pie. Y todo parece apuntar que permanecerá activa como mínimo durante otros dos años más, a la vista del próximo movimiento a emprender por XC Business 90. Representantes de la promotora de esos depósitos consultados por Alicante Plaza confirmaron este viernes su intención de impugnar el rechazo de su permiso. Primero, en vía administrativa, con la interposición de un recurso de reposición. Y, ante su previsible desestimación, mediante el registro de otro recurso contencioso-administrativo. Es decir, justo el mismo escenario que se dio a partir de 2021, cuando la Concejalía de Urbanismo denegó la concesión de la licencia ambiental.

En ese momento, el recurso de XC Business no prosperó en primera instancia. El Juzgado de lo Contencioso Número 3 avaló la resolución municipal por la que se descartaba el otorgamiento del permiso reclamado por la compañía. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) atendió su apelación posterior y reconoció el derecho de la empresa a obtenerlo por silencio administrativo positivo (la falta de respuesta a la solicitud presentada en el plazo requerido). Después, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la decisión del tribunal autonómico, tras inadmitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento. Y ese fallo sigue ahora sujeto al recurso de amparo elevado por la administración local ante el Tribunal Constitucional (TC).

El camino que se abre en esta nueva fase podría llegar a ser muy similar. Lo que en, en la práctica, supone que el litigio continúe vivo al menos entre dos años y cuatro años más, en función de los tiempos habituales de resolución que manejan los órganos de administración de justicia. De ahí que XC Business interprete la denegación de la licencia de obra como una maniobra más del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para dilatar plazos y no tener que adoptar ninguna decisión, salvo que sea otro -en este caso, una instancia judicial- la que fuerce a tomarlas. 

Sea como fuere, fuentes de XC Business señalaron que esa estrategia constituye "un movimiento errático" en tanto que los inversores que respaldan la construcción de la planta no piensan desistir de sus pretensiones. "No vamos a tirar 13 años de trabajo a la basura; expondremos nuestra posición, como ya hemos hecho en el pasado, y ellos tendrán que argumentar bien el no, porque ya conocemos los antecedentes en los que se nos ha reconocido el derecho a la concesión del permiso", apuntaron. "Los tribunales nos han dado la razón hasta ahora", recalcaron.

¿Qué motivación se apuntará en esos próximos recursos contra la última denegación del permiso? Según portavoces de la compañía consultados, se abundará en que el proyecto se ha tramitado de forma correcta, con la documentación necesaria y las subsanaciones requeridas. Entre ellas, la precisión de que el proyecto se ajusta a la parcela de 14.500 metros que la compañía tiene a su disposición, a partir del acuerdo de concesión aprobado por la Autoridad Portuaria, y del contrato suscrito con Terminales Marítimas del Sureste (TMS) como gestora de la terminal de mercancías.

"Inseguridad jurídica"

"Nosotros no hemos inventado nada: esto es un proceso administrativo reglado, y han sido ellos, a través del planeamiento y los acuerdos adoptados hasta ahora, quienes han dicho que el proyecto que planteamos se podía hacer", insistieron. En esta línea, representantes de la compañía lamentaron que "se juegue a alargar tiempos" a riesgo de perjudicar sus intereses económicos "porque los responsables políticos no juegan con su dinero y aparentemente no tienen nada que perder". Eso sí, advirtieron del impacto que esas decisiones están teniendo ya respecto a los intereses del Puerto y del conjunto de la ciudad, puesto que "no va a haber ningún inversor interesado en instalarse por la inseguridad jurídica y la falta de garantías que se está poniendo de manifiesto".

Al tiempo, denunciaron que, hasta el momento, "no se han avenido a recibirnos ni a abrir una negociación, a pesar de que lo hemos solicitado de forma reiterada". "Ahí tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Benidorm y el convenio por el suelo de Serra Gelada, con las consecuencias económicas que todos conocemos", subrayaron, en alusión a la sentencia que conmina al ayuntamiento benidormense a indemnizar a las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL en más de 300 millones. "Los inversores que respaldan el proyecto no tienen prisa y tienen otros negocios", apuntaron las mismas fuentes.

Por último, los representantes de XC Business también señalaron, respecto a la disputa entablada con TMS sobre el pago del alquiler establecido por la ocupación de suelo puesto a su disposición, que se trata de una cuestión de diferencia de interpretación respecto al desarrollo del contrato. "Ellos consideran que el contrato está perfeccionado" y que, por lo tanto, XC Business debería haber abonado el importe de ese arrendamiento desde 2019. "Nosotros pensamos que no, pero al final, haremos lo que nos toque hacer", en el momento en el que exista una resolución judicial sobre esa reclamación, todavía pendiente de resolverse en el juzgado.