ALICANTE. El Puerto de Alicante cierra el ciclo del fallido proyecto de la denominada isla flotante: la estructura construida sobre la bocana de la dársena interior con la que se pretendía completar un circuito peatonal abierto al público entre los diques de Levante y Poniente. Ese proyecto queda expuesto a su derribo de forma definitiva, después de que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordase el pasado diciembre la rescisión del contrato construcción adjudicado a Vías y Construcciones (del grupo ACS). Tanto es así que el Puerto acaba de convocar ahora el concurso necesario para concertar la redacción del proyecto de demolición que permita eliminarla, después de recabar hasta tres informes distintos desde octubre de 2024 para evaluar el estado de ese edificio y comprobar sí reunía las condiciones de estabilidad requeridas.

En esos tres dictámenes se alcanza la misma conclusión, según refleja el tercero de ellos, emitido el pasado mes de octubre. En él se determina que "la plataforma ejecutada no garantiza un comportamiento estable ni seguro si se destinara al uso previsto en el proyecto" como punto de conexión entre los dos muelles, sobre el que se pretendía situar un restaurante a modo de reclamo turístico. En esta línea, ese último estudio -que compendia, también, las precisiones de los dos previos- precisa que los pilotes que soportan su peso fijados sobre el lecho marino "no están correctamente empotrados en estrato competente", lo que ha generado "asientos diferenciales detectables ya con el simple peso propio de la losa", lo que se acentuaría en el supuesto de que se acabese instalando el edificio que debía albergar el futuro restaurante. Así, el propio informe subraya que "la falta de transmisión segura de cargas al terreno quedaría aún más comprometida en caso de añadir las sobrecargas de uso, lo que provocaría deformaciones inaceptables del conjunto pilotes-vigas-losa".

De este modo, el dictamen concluye que esa isla flotante no reúne las condiciones necesarias para albergar el uso pretendido hasta el punto de concluir que "la obra ejecutada está en situación de ruina técnica" como consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria de su construcción. En concreto, el estudio recalca que "el contratista estaba y está obligado a garantizar el empotramiento mínimo de cada pilote al menos 1 metro en el estrato considerado como resistente"; una condición no se tuvo en cuenta, lo que tampoco se ha podido solventar mediante las intervenciones posteriores con las que se trató de subsanar esa circunstancia.

Es más, ese último informe sostiene que la obra ejecutada se encuentra también en situación de ruina económica, en la medida en que la puesta en marcha de una nueva intervención para tratar de reparar o solventar esa deficiencia "supondría duplicar o superar el valor ya invertido". Como viene informando este diario, el Puerto adjudicó su construcción a Vías y Construcciones por 2,1 millones (sin impuestos en 2022) en una convocatoria que partía con un presupuesto de salida de 2,7 (también sin impuestos). El hecho de tener que asumir esa hipotética inversión adicional en su reparación fue el elemento definitivo que llevó al Puerto a descartar esa vía para promover, en su lugar, la ruptura del contrato por un supuesto incumplimiento contractual por parte del adjudicatario, que acabó aprobándose el pasado diciembre.

Acta de comprobación

A partir de ahí, el pasado 11 de marzo se firmó el acta de comprobación del estado de los trabajos ejecutados, con participación del inspector del Ministerio de Transportes, lo que procura al Puerto garantías ante la previsible reclamación en vía judicial respecto a la responsabilidad de las obras y la cobertura de posibles indemnizaciones. Y ese fue el último paso que permitió convocar el concurso de redacción de proyecto para ejecutar su demolición, para el que se acuerda un presupuesto de salida de 42.350 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Tras su finalización, se deberá proceder a la convocatoria de otro concurso posterior para ejecutar los trabajos de derribo, con la previsión de que, después, su coste pueda ser repercutido a la propia adjudicataria de su construcción, en un escenario que quedaría pendiente de la resolución judicial que pueda adoptarse respecto a la rescisión del contrato.

Sea como fuere, el impulso imprimido por el Puerto al contrato sobre la redacción del proyecto de demolición para eliminar esa estructura y despejar la bocana da por descartada de forma definitiva la posibilidad de que pueda instalarse el restaurante previsto sobre la plataforma, que llegó a adjudicarse a una alianza empresarial formada por Forty Group y Alicante Gastronómica hace cuatro años. La suya fue la propuesta mejor valorada entre otras cuatro alternativas que también se interesaron por asumir la explotación de ese pretendido espacio hostelero, en una convocatoria en la que también se incluía la gestión del quiosco situado en la Plaza de Levante, ahora explotado por esa misma unión de empresas bajo el nombre de 'Samoa'.

Entre tanto, está por ver qué solución se adopta respecto al barco-taxi también concertado por el Puerto como elemento de conexión para desplazar a los ciudadanos desde los dos extremos de los diques de Levante y Poniente hasta la estructura flotante y su futuro restaurante. Como también ha informado este diario, el Puerto asumió la inversión necesaria para proveerse de esa embarcación y encomendó su construcción a la empresa Nasai Marine por un importe de 463.430 euros (impuestos incluidos). Después, sería el concesionario del restaurante quien asumiría los costes de explotación y de tripulación. La embarcación quedó a disposición del Puerto a finales de 2024, cuando se sometió a las primeras pruebas de funcionamiento. En ese momento, se detectó que no respondía a las necesidades planteadas al presentar fallos de navegación, por lo que resultaba inoperativo. Así, se emplazó al astillero a solventar esas deficiencias, sin que haya trascendido todavía el resultado sobre ese requerimiento.