ALICANTE. El centro de congresos de Alicante toma impulso con el espaldarazo administrativo imprescindible para que abordarse su construcción. Ese avance consiste en la redacción de la modificación número 7 del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA), ya concluida por la Autoridad Portuaria tras un año de trabajos, que servirá como instrumento para encajar el edificio sobre las explanadas de los muelles 7 y 9 del recinto portuario. Justo junto al edificio de Distrito Digital del muelle 5 que alberga a la mayor parte de los funcionarios adscritos a la Conselleria de Innovación. 

La propuesta por la que se revisa ese plan que regula la ordenación urbanística del Puerto (en la que, inicialmente, se preveía introducir otras variaciones que se han desechado para dar prioridad al centro congresual) quedó registrada hace algo más de dos semanas en el Ayuntamiento de Alicante tras incorporar los parámetros sobre las dimensiones de las que dispondrán los tres volúmenes en los se organiza el proyecto, ahora en fase de redacción por parte de Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec. Es decir, la alianza de estudios de arquitectura seleccionada para definir su diseño bajo el lema San Carlos, en alusión al antiguo baluarte defensivo de Alicante, ahora desaparecido, que se toma como concepto de referencia en su planteamiento. 

Esas tres piezas contempladas en el proyecto son un primer edificio destinado a ejercer realmente como centro de congresos, un segundo inmueble en forma de torre que acogerá las oficinas del centro operativo de Suma, y un tercer bloque de menor altura que servirá de conexión entre los dos primeros y que tendrá un uso polivalente, al margen de que también se haya reservado para albergar el aparcamiento de vehículos, con capacidad para cerca de 300 vehículos.

El primer de esos edificios -el reservado a la actividad congresual- quedará posicionado sobre la pequeña península que forma el muelle 9. Tendrá una estructura en forma de prisma y una altura de 26 metros (el equivalente a un edificio residencial de entre 8 y 9 plantas), como se pudo conocer cuando se anunció el fallo del concurso internacional convocado por la Diputación para seleccionar la redacción del proyecto. Ese primer volumen superará en seis metros la altura del edificio del centro de negocios Panoramis Life & Business. Contará con un auditorio principal, con capacidad para 2.000 asistentes, así como otras dos salas polivalentes para 500 y 300 personas, respectivamente; una sala destinada a albergar exposiciones temporales, y dos espacios de restauración.

El segundo bloque, destinado a las oficinas de Suma (el organismo tributario de la Diputación), quedará ubicado en el extremo del muelle 7, junto a la bocana de la dársena interior del Puerto. Emulará la estructura de una torre, generando un contrapunto vertical respecto a la horizontalidad del primer edificio. De hecho, su altura será prácticamente el doble, de entre 46 y 50 metros (una elevación parecida a la de un edificio residencial de entre 15 y 16 plantas). 

Y el tercer volumen será una plataforma que simulará un puente de conexión entre el baluarte y la torre que permitirá desplazarse entre los dos primeros edificios. Será el de menor altura de los tres, de solo 7 metros, por lo que no superará en elevación a los cuatro módulos del edificio que acoge la sede de Distrito Digital 5. Contará con un tercer espacio de restauración sobre su cubierta, sobre la que se pretende configurar un parque público provisto de zonas ajardinadas.

Los tres quedarán situados sobre una superficie global de casi 22.000 metros cuadrados repartida entre los muelles 7 y 9. Se trata, por un lado, de 17.914 metros cuadrados que actualmente tienen asignado un uso comercial y, por otro, de 3.897 metros cuadrados más a los que el PEPA les atribuye un uso complementario o auxiliar, "conservando únicamente el uso comercial los 2.446 metros pertenecientes a la franja paralela al cantil del Muelle 7". Así lo reflejó la Autoridad Portuaria en la modificación previa de otro documento indispensable para que el centro de congresos pueda tener cabida en ese emplazamiento: las Determinaciones de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Ese cambio precedente, que comenzó a tramitarse en 2021, quedó validado por el Consejo de Ministros hace un año, en abril de 2025, como informó este diario.

Ahora bien, se trata de un cambio de uso a aplicar sobre las superficies globales de ambos muelles, lo que no significa que los tres volúmenes vayan a agotar ese espacio disponible. Lo cierto es que se prevé que se distribuyan sobre un área mucho menor, de cerca de 5.500 metros cuadrados en el caso del edificio destinado a la celebración de congresos y de 2.000 en lo que respecta a las oficinas de Suma. Al menos, esas son las estimaciones de superficie dadas a conocer hasta ahora, en las que se apuntaba que, en su conjunto, se dispondría de unos 21.000 metros cuadrados de techo edificable. 

Validación, en 2027 

Sea como fuere, el visto bueno del Consejo de Ministros al cambio de las DEUP, y la selección del diseño del edificio, son los pilares en los que se sustenta la modificación del PEPA que ahora también queda expuesta a una doble supervisión por parte de otras dos administraciones: el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Medio Ambiente. La propuesta de la Autoridad Portuaria será revisada por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo para que pueda procederse al inicio de su trámite ambiental. Si el planteamiento se considera adecuado, se trasladará a la Conselleria de Medio Ambiente, que dispondrá de un plazo máximo regulado por ley de seis meses para emitir su propio informe. 

En el supuesto de que ese dictamen sea favorable, la modificación del PEPA se expondrá al público para la presentación de alegaciones. Y en cuanto se resuelvan, se elevará al pleno del ayuntamiento para que se debata su aprobación provisional. De este modo, según fuentes consultadas, se prevé que el cambio de esa ordenación urbanística complete su recorrido en lo que queda de 2026 para que pueda aprobarse de forma definitiva en 2027. Según las mismas fuentes, esa modificación todavía debería sumar el último refrendo del Consejo de Ministros. Entre tanto, los estudios de arquitectura responsables de la redacción del proyecto afrontan la terminación de ese trabajo, de modo que quedará en manos de la Diputación en los próximos meses, previsiblemente, antes de que la modificación del PEPA obtenga el visto bueno definitivo. 

¿Qué consecuencias tiene ese cronograma? La más evidente es el retraso en la posible fecha de contratación e inicio de las obras. Hasta ahora, la Diputación había anticipado que el concurso para contratar su construcción se convocaría esta primavera. De ahí que no se hubiese contemplado ninguna partida específica en los presupuestos de la institución provincial de 2025 para abordar esa actuación, que podría tener un coste estimado de 65 millones. Con todo, tampoco se consignaron fondos en 2026, a la espera de que se tramitase la modificación del PEPA como paso previo. Y lo mismo sucedió respecto al presupuesto del Ayuntamiento de Alicante, que debe cofinanciar su realización, con la expectativa de que la Generalitat también confirme su participación económica en el proyecto, en la línea anticipada por el expresidente de la Diputación y expresidente del Consell, Carlos Mazón. Por el momento, lo cierto es que, hasta ahora, su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado prudencia al respecto.

Sea como fuere, con apoyo económico de la Generalitat o no, todo parece indicar que el concurso para contratar la construcción del centro de congresos no se producirá al menos hasta los primeros meses de 2027, año de elecciones municipales y autonómicas. Eso sí, con esa relación de trámites previos todavía pendientes, no se vislumbra que pueda producirse un hipotético inicio de obra antes de la cita con las urnas, toda vez que la licitación de esos trabajos se prolongará al menos durante tres meses, siempre que no haya obstáculos como una posible impugnación que retrase aún más su resolución.