ALICANTE. Las cuatro administraciones concertadas en la promoción del centro de congresos de Alicante (Diputación, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y ahora también la Generalitat, como se anticipó en octubre) continúan quemando etapas para propiciar que el proyecto pueda convertirse en una realidad física. La última de ellas que comienza a materializarse (al margen de la entrega de premios del concurso de anteproyectos registrada este lunes) llega de la mano de la Autoridad Portuaria, que ya trabaja de forma anticipada en los primeros pasos (el documento inicial estratégico) para promover la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA, por sus siglas) para que esa regulación urbanística interna admita la implantación del edificio congresual entre las explanadas de los muelles 7 y 9. Se trata de un paso similar al que se registró para dar cabida al edificio de Distrito Digital en el muelle 5 (justo en la parte opuesta del mismo brazo del Puerto), que en la actualidad acoge al personal adscrito a la Conselleria de Innovación.

No hay plazos cerrados para que ese nuevo ajuste de planeamiento interno (que incluye tramitación ambiental y urbanística) pueda quedar validado por el Ayuntamiento de Alicante, primero, y por la Generalitat, después. En principio, se trata de un proceso que podría requerir de cerca de un año, entre su redacción y supervisión por parte de los técnicos de las dos administraciones (local y autonómica), a pesar de que el mismo presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, haya augurado ya que su tramitación no sería especialmente compleja una vez conocidas las dimensiones físicas del proyecto pretendido. Como mínimo, ya se dispone del visto bueno del Ministerio de Transportes, a través de Puertos del Estado, sobre la modificación de otro documento relacionado con los usos urbanísticos del Puerto: la Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP). Esa validación queda ahora solo pendiente de rúbrica y publicación en boletines oficiales, como última fase de un proceso que se inició en octubre de 2021.

De ahí que, cuando se produzca esa firma, la adaptación del PEPA sea, en realidad, el último acuerdo de carácter urbanístico que resulte imprescindible para que el proyecto sea viable. De hecho, no se espera que pueda promoverse la convocatoria del concurso para contratar sus obras sin que ese encaje esté completamente despejado, según señaló este lunes el presidente de la Diputación, Toni Pérez, al dar a conocer por primera vez un cronograma aproximado para la ejecución de las obras. 

Seis meses para el proyecto

En principio, será la institución provincial la que asuma la responsabilidad de licitar ese concurso cómo órgano promotor. ¿En qué momento concreto? Salvo variación posterior, el mismo Pérez anticipó la hipótesis de que pueda convocarse en la primavera de 2026: la fecha en la que se estima que se podría disponer de los pliegos redactados, en base al proyecto de ejecución definitivo que deben elaborar los gabinetes de arquitectura seleccionados para trazar su diseño: Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec. El plazo para la entrega de ese trabajo es de seis meses desde el momento en el que se autorice el inicio de su elaboración (que todavía no se ha producido).

A partir de ahí, el propio pliego de condiciones del concurso de anteproyectos preveía que el edificio (en realidad, dos inmuebles: uno para el edificio congresual, y otro para las oficinas de Suma, según el diseño seleccionado por el jurado del concurso de anteproyectos) debía ser ejecutable en un tiempo de 30 meses: el equivalente a dos años y medio. Con todo, Pérez alumbró la posibilidad de que el complejo pudiese estar terminado en el horizonte del año 2030, ya que a ese tiempo para la realización de los trabajos, debe sumarse el de la evaluación de las ofertas que puedan presentar las empresas interesadas en asumir las obras, además de los plazos en los que pueda obtenerse las licencias y permisos para su desarrollo. 

Además, coincidió con las palabras que también trasladó el mismo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para manifestar que será cuando se esté en condiciones de licitar las obras del edificio cuando se habilitarán las partidas presupuestarias necesarias para financiar su construcción, como argumento justificativo ante el hecho de que los presupuestos de la Diputación para 2025 no recojan ninguna consignación específica para el desarrollo del proyecto. Lo mismo sucede con el proyecto presupuestario elaborado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante por idéntico motivo, según fuentes municipales consultadas. Y tampoco habrá reflejo económico en las cuentas de la Generalitat (todavía en elaboración), a pesar de que el mismo jefe del Consell reiterase este lunes la participación de la administración autonómica en el impulso, financiación, promoción y explotación del centro de congresos. Por el momento, tampoco se dispone de una valoración económica de la inversión necesaria para ejecutar sus obras. Solo se ha apuntado a modo aproximativo y gasto máximo la cifra de los 65 millones.