ALICANTE. El Plan Económico Financiero (PEF) que debe promover el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto constatado en el informe de liquidación del presupuesto de 2024 entra en una fase de espera, abierta a las negociaciones con el conjunto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición, y sin que siga sin despejarse la continuidad de Toni Gallego como concejal de Hacienda en respuesta a las peticiones de dimisión o cese que comparten PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Como mínimo, ese es el escenario que apuntó este viernes el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública ofrecida tras la presentación de la revista de Fogueres, en la que eludió toda referencia al futuro de Gallego, en sintonía con la posición mantenida por los coportavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar y Cristina Cutanda, tras el desarrollo de la reunión semanal de la Junta Local, el pasado martes. Tres días después, Barcala fue parco en explicaciones respecto a la hoja de ruta que pretende seguir el equipo de gobierno y se limitió a señalar que su pretensión es "continuar con las conversaciones en los términos en los que cada grupo quiere plantearlas y en los que nosotros estamos siendo receptivos". "Continúan esas conversaciones para negociar la aprobación en el pleno con los grupos con los que nos estamos reuniendo; eso es todo lo que puedo añadir", subrayó.

Solo añadió como elemento adicional que se estaba estudiando "las distintas propuestas y condiciones que han puesto unos grupos y ponen otros", para sostener que "nos sentaremos con aquellos de los que hemos conocido sus propuestas por los medios de comunicación", con lo que abrió la puerta al desarrollo de próximos encuentros con representantes de Comromís y de Esquerra Unida Podem. Se trata los dos únicos grupos opositores con los que todavía no se ha celebrado una reunión relacionada con el plan de ajuste -la denominación coloquial con la que se conoce el PEF- tras las citas que ya se han desarrollado con Vox y con el PSOE. Entre ellas, una última mantenida este viernes con representantes de Vox en la que hubo acercamientos sobre varias de las posturas de los voxistas, pero sin que se cerrase un pacto definitivo, según fuentes consultadas. En principio, Vox habría insistido en la salida de Gallego del equipo de gobierno, pero esa petición continuaría sin atenderse. Al menos por ahora.

Margen hasta finales de julio

Lo cierto es que los populares tendrían todavía margen hasta finales de julio para elevar su propuesta de plan de ajuste a debate en el pleno, por lo que, en su comparecencia de este viernes, el primer edil se mostró confiado en que, finalmente, se alcanzaría un acuerdo que permitiese sacar adelante ese paquete de medidas que deben garantizar la contención del gasto en las cuentas de 2025 y 2026. "Es una cuestión de responsabilidad por parte de todos", subrayó. "Ya dijimos que asumíamos las circunstancias y que, por tanto, estábamos sujetos a una negociación, y es lo que estamos haciendo", recalcó, aunque sin llegar a pronunciarse sobre el requisito que comparte toda la oposición en bloque como condición para facilitar que el plan de ajuste quede aprobado: la dimisión o cese de Gallego, a quien los cuatro grupos opositores responsabilizan de la superación del techo de gasto.

Pero no solo eso. Vox, además, le atribuye lo que considera un "engaño": no haber informado sobre el avance de la liquidación presupuestaria cuando se estaba negociando el acuerdo sobre el presupuesto de 2025, en el que se recoge el compromiso de reducción del IBI durante los ejercicios de 2026 a 2028. Una disminución que no resultaría posible en el supuesto de que se mantuviese la propuesta de plan de ajuste ya aprobada en Junta de Gobierno, sin que se hubiese informado previamente ni a Vox (que viene ejerciendo como socio preferente de los populares desde el principio del mandato) ni a las tres formaciones que conforman el eje progresista.

Hasta el momento, fuentes municipales vienen manteniendo que ya se trabaja en una enmienda que rectificaría la propuesta inicial para dar cabida a la reducción fiscal pactada con Vox siempre que se confirmase la previsión de la llegada de ingresos adicionales, a la que se daría pie con la actualización de otras tasas e impuestos. Con todo, ese planteamiento no aplacó el malestar de Vox, hasta el punto de responder con un listado con unas veinte exigencias que el PP debía asumir como condición imprescindible para contar con su apoyo.

Además de la dimisión o cese de Gallego, esas medidas incluyen la eliminación de los patronatos de Vivienda y de Educación Infantil, la modificación de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública para ampliar horario de funcionamiento de los veladores y la duración de la temporada de verano y la modificación de las propuestas de Zona Acústica Saturada (ZAS) diseñadas para el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, además de otras medidas de corte ideológico relacionadas con la migración, con la igualdad y con las políticas LGTBI que PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han tildado de xenófobas, machistas y homofóbicas.

De ahí que las tres fuerzas ya hayan planteado propuestas alternativas al PP para evitar que se acabe cediendo a las pretensiones de los voxistas, aunque también compartan la petición de dimisión o destitución de Gallego. Así lo trasladó este jueves el PSOE en un primer encuentro celebrado con la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, sin que se procurase ninguna respuesta respecto a ese planteamiento más allá de que se trasladaría esa petición al conjunto del equipo de gobierno. A priori, a tenor de las palabras de Barcala, podrían reproducirse esas citas con representantes de Compromís y de Esquerra Unida Podem antes de que concluya el mes de julio. 

La baja de Copé

Todo, en un contexto en el que concurre otro factor adicional: la reanudación de la baja por acogimiento familiar por parte del portavoz y único concejal de EU Podem, Manolo Copé, que dispuso de ese derecho entre enero y marzo de este año. Ese segundo periodo de baja transcurrirá entre el 26 de junio y el 2 de agosto. Es decir, en el periodo límite en el que la propuesta de plan de ajuste debe elevarse a pleno. En principio, la secretaría del pleno debería convocar a Copé para que pudiese participar en esa sesión, a pesar de que el nombre de Copé no se incluyó en la convocatoria de la sesión de enero, lo que motivó que interpusiese un recurso por vulneración de su derecho a la participación política y que el juzgado estimase su petición y acordase la medida cautelar de suspensión de su desarrollo. Con todo, finalmente el mismo juzgado acabó desestimando la impugnación de Copé tras aceptar la versión municipal: que sí se le había citado a todos los actos preparatorios previos al pleno, aunque el portavoz de la confluencia no acudiese.

Está por ver cuál puede ser el desenlace formal de esa convocatoria, con la particularidad de que, sin la presencia de Copé en el salón de plenos, el PP tendría garantizada la aprobación del plan de ajuste sin necesidad de incorporar las exigencias de la oposición (como el cese de Gallego) al contar con el voto de calidad del alcalde para deshacer un hipotético empate a 14 votos con los representantes de PSOE (8), Vox (4) y Compromís (2). Por lo pronto, lo cierto es que, pese al silencio del primer edil respecto a la continuidad de Gallego, todo seguiría abierto respecto a su relevo de las competencias que tiene delegadas. La cesión a esa exigencia supondría que el PP pudiese trasladar una imagen de debilidad política, así como la admisión de que haber cometido un error tanto en lo que respecta a la superación del techo de gasto, como en la gestión de la propuesta del plan de ajuste. E incluso respecto a la misma incorporación de Gallego a la lista electoral: una de las apuestas personales asumidas por el mismo Barcala.