ALICANTE (EP/AP). Nueva jornada de declaraciones en la causa que investiga presuntas anomalías en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus con explicaciones similares. Los ocho compradores de los pisos que debían comparecer en calidad de investigados ante la jueza que instruye las diligencias (finalmente solo lo han hecho seis, puesto que dos se han acogido a su derecho a no declarar) han coincidido en defender que cumplían los requisitos de acceso a una vivienda protegida como adquirientes únicos, sin necesidad de que computase la renta de sus respectivas parejas, puesto que se encontraban separados o en trámites de divorcio. Así, han sostenido que sus respectivos cónyuges no formaban parte de la misma unidad familiar, en contra de lo que concluyó el informe de comprobaciones elaborado por el Servicio Territorial de Vivienda después de que trascendiese la polémica, y que se pudiese determinar que el funcionario autonómico encargado de revisar los contratos de compra de los 140 pisos, Roberto Palencia, había visado el contrato de su propia esposa sin considerar sus datos económicos (los de él).
Entre esos comparecientes que han prestado declaración ha figurado, precisamente, la pareja de dicho funcionario: la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. A preguntas de los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco, y de su abogado defensor, la funcionaria ha sostenido que compró el piso con la intención de trasladarse a vivir junto a su hija, después de que, a partir de la pandemia del coronavirus, se hubiese deteriorado su relación con su marido y se encontrasen separados. En esta línea, ha explicado que su intención era trasladarse a vivir a ese nuevo domicilio de Residencial Les Naus, sin llegar a divorciarse, y que entendía que cumplía los requisitos para acceder a esa VPP en tanto que su marido no iba a vivir en esa vivienda y, por tanto, no formaba parte de la unidad de convivencia. De ahí que no aportase sus datos económicos sobre los ingresos que percibía él.
Además, ha asegurado que se enteró del desarrollo de la promoción a través de las informaciones publicadas a través de los medios de comunicación a partir de 2018, con lo que ha negado que su papel como trabajadora municipal hubiese tenido nada que ver con el hecho de que se registrase como cooperativista. De igual modo, ha sostenido que su sueldo era bajo y que, por ello, cumplía el requisito de renta establecido en el decreto autonómico, sin considerar los ingresos percibidos por su todavía marido. En esta línea, ha señalado que se empadronó en la nueva vivienda del residencial en noviembre de 2025 con la intención de trasladarse en cuanto hubiese acabado de dotarla de mobiliario, aunque ha manifestado que no había llegado a realizar la mudanza puesto que su padre había enfermado y había tenido que dedicarse a cuidarlo, posponiendo el traslado.
Entre esos cooperativistas investigados también ha declarado la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez, que ejerció como interventora de la Generalitat hasta la pasada legislatura. Pérez ha ofrecido una versión similar a la de Lloret, al sostener que compró la vivienda en Les Naus cuando se encontraba separada de hecho de su marido con la intención de establecerse en el piso nuevo junto a sus hijos, y que por eso no aportó la documentación económica de su marido. De igual modo, también ha negado que su condición de funcionaria hubiese tenido nada que ver con el acceso a ese piso y ha explicado que se enteró del desarrollo de la promoción porque se lo comentó un familiar, que sabía que llevaba a sus hijos a un colegio próximo al solar en el que se iba a construir la urbanización.
A su vez, las dos han explicado los motivos que les habría llevado a presentar un escrito en el que mostraban su disposición a renunciar a la adquisición de las viviendas. Lloret y Pérez han asegurado que, pese a que su intención era mudarse a esas viviendas, e iniciar una vida en separado respecto de sus parejas, preferían desprenderse de ellas a la vista del revuelo que se había generado en torno al desarrollo de la urbanización. Así, han sostenido que la compra de esas viviendas se había convertido en un problema, por lo que habían optado por expresar su intención de desprenderse de ellas para poner fin al problema.
((((NOTICIA EN ELABORACIÓN)))
