ALICANTE. El freno a la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT) aprobado el pasado diciembre en Alicante, que -salvo sorpresa improbable- se extenderá también a bloques completos, a partir del acuerdo que se prevé aprobar el pleno extraordinario convocado este martes, queda definitivamente bajo revisión de la justicia. La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) ha formalizado el registro de la demanda judicial contra el acuerdo primigenio, que entró en vigor el pasado enero (tras su publicación en el BOP), después de que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Alicante admitiese a trámite su interposición, el pasado mes de marzo.

La demanda reclama ahora que se anule dicho acuerdo -lo que dejaría sin efecto, también, su extensión sobre los bloques turísticos- tras incidir en los argumentos ya aportados en el momento del registro del recurso, cuando la patronal autonómica del sector manifestó que la moratoria de dos años de duración para la concesión de autorizaciones resultaba desproporcionada y que, además, carecía de sustento, de motivación y de justificación. “Queremos insistir en que el informe que utiliza el propio Ayuntamiento para justificar la moratoria sostiene exactamente lo contrario a la medida aprobada: concluye que Alicante no sufre un exceso de viviendas turísticas, ni un impacto negativo significativo sobre la vivienda ni la convivencia", apuntan fuentes de la patronal autonómica. "El propio estudio técnico elaborado por Estrategia y Organización, S.A. descarta la existencia de una presión urbanística relevante de las VUT en la ciudad, pero ese resultado ha sido ignorado de forma evidente", recalcan las mismas fuentes.

En este sentido, la demanda -que, tendrá que sortear, eso sí, el auto de declaración de caducidad del recurso, notificado por el juzgado el 7 de julio- expone que el acuerdo de suspensión de licencias aprobado en diciembre "es un acto administrativo discriminatorio, en el sentido que afecte únicamente a una modalidad especifica" -que ahora, como se ha dicho- se extiende a los bloques turísticos, así como a las pensiones y a los alberques turísticos- "sin una justificación técnica transparente". Y que, además, es un acuerdo "arbitrario, justamente por esa falta de transparencia y participación lo que evidencia que arbitrariedad".

De igual modo, la demanda subraya que "el acuerdo impugnado se ha dictado sin seguir procedimiento alguno" en tanto que no se ha dado pie a la apertura de ningún trámite de audiencia previa a "interesados o afectados". Pero no solo eso. También considera que ese veto a nuevos permisos "vulnera el artículo 33 de la Constitución Española en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada y la libertad para disponer de los bienes. Limitar, restringir o prohibir el uso turístico de un inmueble sin una justificación sólida, individualizada y proporcionada, equivale a una expropiación encubierta, y por tanto, requiere indemnización". Al respecto, la impugnación también recalca que el acuerdo se habría adoptado sin realizar una ponderación adecuada del impacto económico y jurídico de la medida, "lo que supone una incoherencia lógica que, a su vez, vulnera el principio de seguridad jurídica".

Es más, APTUR CV advierte de que la aplicación de esa medida -ahora ampliada a los edificios completos- tendrá consecuencias sobre la economía local, ya que su actividad constituye "un gran motor económico" que habría generado un impacto de 220 millones de euros en 2024 en la ciudad, según cálculos de la consultora de Big Data inAtlas. En esta línea, APTUR CV incide en que "la moratoria carece totalmente de justificación en el propio informe del que parte". "Es incomprensible que se utilice como pretexto un informe que determina que en Alicante la incidencia de las viviendas de uso turístico es moderada y que no existen zonas de mercado residencial tensionado, como sí ocurre en otras grandes ciudades", afirma la presidenta de la asociación, Silvia Blasco. "La actuación del Ayuntamiento no se basa en criterios técnicos ni datos objetivos, sino en intereses políticos y mediáticos que perjudican a miles de ciudadanos", añade.

Además, la demanda destaca que la suspensión de licencias se ha acordado, a pesar de que el estudio técnico ha manifestado que la ciudad de Alicante no experimenta una alta presión urbanística por parte de las VUT. "Estamos ante una decisión de tinte político que va en contra de los intereses generales de la ciudadanía. Se utilizan argumentos infundados para atacar y desprestigiar, incluso de forma personal, a quienes forman parte del sector de la vivienda turística", añade Blasco. "Estas políticas restrictivas no sólo perjudican a los empresarios y trabajadores del sector, sino a todos los alicantinos, pues limitan la oferta de alojamiento, reducen ingresos y empleo, y atentan contra la convivencia", abunda.

Sin pruebas

APTUR CV insiste en la arbitrariedad que atribuye al acuerdo. "No hay pruebas de que la vivienda turística esté desplazando a la residencial en Alicante, ni de que perjudique la convivencia vecinal o el tejido social. Todo se fundamenta en suposiciones sin base objetiva, ignorando la realidad que constata el propio informe técnico encargado por el consistorio", recalca su presidenta, en una argumentación que rebatiría el informe municipal emitido por los técnicos municipales en los que se fundamenta la ampliación del veto a la concesión de autorizaciones a los bloques turísticos. Un dictamen en el que, precisamente, se aludía a la presión que la modalidad de los alojamientos turísticos estaría ejerciendo sobre la promoción de edificios de uso estrictamente residencial.

La asociación rechaza esa fundamentación y denuncia también "el daño que la suspensión de licencias causa a cientos de familias, autónomos y pequeñas empresas que dependen de la gestión de viviendas de uso turístico". "Estamos hablando de más de 2.500 empleos directos e indirectos, de la oferta turística complementaria que hace posible la desestacionalización y la llegada de nuevos perfiles de visitantes. Este tipo de decisiones arbitrarias ponen en riesgo el futuro de muchas personas y restan competitividad a Alicante como destino", subraya Blasco.

Responsabilidad, diálogo y rigor

Así, la patronal autonómica reclama al Ayuntamiento de Alicante "una rectificación, la retirada de la suspensión de licencias y la apertura de un proceso de diálogo con el sector y los expertos independientes". "Estamos a favor de la regulación, del control y de medidas que eviten los posibles efectos negativos del turismo, pero siempre sobre la base de una información veraz y objetiva, no sobre rumores o intereses partidistas", concluye Silvia Blasco. "APTUR CV confía en que la justicia restablezca la legalidad y la seguridad jurídica, y reitera su disposición a trabajar conjuntamente con las administraciones para una convivencia equilibrada y sostenible entre los diferentes usos residenciales y turísticos", concluyen portavoces de la asociación.

El registro de la demanda de APTUR CV constituye el primer movimiento empresarial frente a las restricciones municipales respecto a las VUT y los bloques turísticos completos que podría sumar, ahora, futuras acciones legales por parte de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), que también ha manifestado su rechazo a la extensión del acuerdo inicial sobre los proyectos en edificios completos, al interpretar que se trata de una medida injustificada.

Medidas adicionales pactadas con el PSOE

Por lo pronto, la extensión de la moratoria a los bloques turísticos saldrá adelante en la sesión plenaria extraordinaria prevista para este martes, con una amplia mayoría después de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y el PSOE alcanzasen este lunes un acuerdo para incorporar medidas adicionales, a sugerencia de los socialistas, que permitan "incentivar la vivienda, proteger el comercio e incrementar la presión sobre los apartamentos ilegales que operan en la ciudad", según apuntaron fuentes del PSOE. En ese sentido, el equipo de gobierno apoyará la declaración institucional que el PSOE registrará en el pleno ordinario julio, en la que se recogen una serie de compromisos concretos para combatir el alojamiento irregular, como la asunción de las competencias inspectoras y sancionadoras sobre las VUT (que el equipo de gobierno todavía no ha solicituado asumir, pese a haber anunciado que lo haría, a la espera de disponer de un refuerzo específico en la Concejalía de Urbanismo) e incentivar el acceso a la vivienda.

"La situación de Alicante no admite más demora. Es urgente alcanzar acuerdos para paliar el problema de acceso a la vivienda. Poner el foco únicamente en los bloques de apartamentos turísticos era perder una oportunidad de atender de manera integral este problema. En una ciudad en la que la población ha crecido en 10.000 personas en el último año es necesario que se construyan nuevas viviendas y facilitar que vuelvan al mercado residencial las viviendas de uso turístico ilegales. Esto sólo se consigue a través de la inspección y la sanción, que debe ejercer el propio Ayuntamiento y otras medidas que hemos acompañado a nuestra propuesta", ha valorado la portavoz socialista, Ana Barceló.

Al respecto, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, destacó que "desde el equipo de Gobierno y pese a tener garantizado que la ampliación de la moratoria contará con el respaldo suficiente en el Pleno extraordinario de este martes, ya que no obtuvo ningún voto en contra en la Comisión de Urbanismo, tenemos actitud dialogante y ya avanzamos nuestra intención de escuchar las propuestas de todos los grupos municipales sobre esta materia". En este sentido, añadió, "tras escuchar las planteadas por el grupo socialista, hemos decidido aceptar algunas de ellas por considerar que son positivas para la ciudad y seguimos abiertos a las que nos puedan llegar de otros grupos políticos".

En concreto, las medidas adicionales que se recogerán en esa declaración institucional son: 

Primero: Que el equipo de gobierno, a través de la concejalía correspondientes, se adhiera al convenio de la Generalitat Valenciana para asumir la delegación de competencias para la incoación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones en materia de viviendas de uso turístico antes de acabar el año.

Segundo: Que el equipo de gobierno, a través de la concejalía correspondiente, antes de la finalización de la moratoria actual, presentará un estudio y la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana para prohibir la implantación de nuevos apartamentos turísticos en bajos comerciales .

Tercero: Que el equipo de gobierno, a través de la concejalía correspondiente, incluya en l a web municipal del Patronato de Turismo los apartamentos turísticos (VUT) legales que cumplen con la normativa urbanística antes de que finalice el año.

Cuarto: Que el equipo de gobierno, a través de la concejalía correspondiente, cree una mesa técnica contra el intrusismo del alojamiento turístico, dónde esté representado todo el sector turístico, que permita reducir la competencia desleal y la economía sumergida.

Quinto: Que el equipo de gobierno, a través de la concejalía correspondiente, incentive la construcción de viviendas y, como medida complementaria, proceda a la declaración de construcción en solares o rehabilitación forzosa de edificios en suelos consolidados para aumentar el parque de vivienda en la ciudad conforme al art. 194 del Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell y el Decreto 7/2024 de 9 de junio que modifica la TRLOTUP.

Protesta contra la turistificación

El registro de la demanda, y la ampliación de la moratoria para que también resulte de aplicación sobre los bloques turísticos, coincide, además, con la convocatoria de una nueva protesta reivindicativa contra la "turistificación" de Alicante, convocada por la plataforma 'Alicante, dónde vas?’ para el próximo viernes 25 de julio a las 20:00 horas. Se trata de un acto con el que se pretende expresar la "preocupación por la creciente transformación de la ciudad en un
destino exclusivo para turistas". Según expresan los convocantes, el objetivo es "sensibilizar a la población sobre el impacto de los pisos turísticos en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Alicante". 

"En los últimos años, argumentan, "la ciudad ha experimentado la multiplicación de pisos turísticos, y el correspondiente encarecimiento de los precios del alquiler ha provocado la expulsión de muchas familias y residentes que ya no pueden mantener sus viviendas en la ciudad ni tampoco acceder a ningún hogar”, ya que se ha cambiado el uso residencial de los pisos a uso turístico, apuntan los organizadores. Y añaden que , como "ejemplo paradigmático" de esta situación figuraría la próxima reubicación de la histórica librería 80 Mundos, "que se ve obligada a abandonar su local tras la venta del edificio para uso turístico, dejando a sus clientes sin este espacio histórico tan importante para la ciudad a cambio de ofrecer más alquileres de uso vacacional", exponen, a pesar de que la nueva propiedad del inmueble en el que se asienta la librería no habría despejado todavía la incógnita sobre el futuro destino que se le pretende dar al inmueble, una vez concluida su rehabilitación.

Sea como fuere, la plataforma apunta que "esta tendencia está convirtiendo a Alicante en un parque temático para el turismo de borrachera y dejando a los personas que habitan el barrio sin espacios propios" en su ciudad. Los convocantes también entienden que "se está perdiendo el carácter auténtico de
algunos barrios, incrementando el coste de vida para los residentes locales y la presión sobre los recursos urbanos y, al mismo tiempo, atrayendo a inversores extranjeros que buscan aprovechar esta tendencia económica a la que las instituciones no han puesto freno".

Por todo esto, recalcan, "la manifestación busca llamar la atención de las autoridades y promover políticas que regulen el uso de viviendas con fines turísticos, garantizando que Alicante siga siendo un lugar habitable y acogedor para todos". La manifestación partirá a las 20:00 precisamente desde la librería 80 Mundos, en la avenida General Marvá número 14, y concluirá en el paseo de la playa del Postiguet bajo el lema "Defiende tu barrio, planta cara a la turistificación".