ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción y Ciudadanos (Cs) tratan de intensificar el ritmo de las indagaciones sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 con la solicitud de nuevas declaraciones de algunos de los principales intervinientes en los acuerdos relacionados con el desarrollo de la promoción y con la posterior comercialización de los pisos. Fuentes consultadas indicaron que ya se han girado escritos para que la jueza que dirige la instrucción de las diligencias llame a comparecer a varios de esos protagonistas en calidad de testigos y de investigados, en función de cada caso.
Entre ellos, figuran el funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda que se encargó de supervisar y validar los 140 contratos de compra de los pisos del residencial, incluido el de su propia pareja, que trabaja como arquitecta municipal en Alicante. Su citación ya ha sido planteada formalmente por la representación legal de Cs, que ejerce la acusación popular junto al grupo municipal del PSOE. Cs plantea que ese funcionario autonómico declare como testigo con la intención de que quede obligado a decir verdad, sin perjuicio de que, en el futuro, se solicite que pase a tener la consideración de investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación).
¿Qué motivación se aporta para justificar su declaración? Básicamente, que fue quien validó la totalidad de los contratos, sin inhibirse respecto al de su mujer. Y, por tanto, quien debería ofrecer explicaciones sobre el proceso que siguió para revisar que los socios cooperativistas cumplían los requisitos establecidos en el decreto regulador para poder acceder a una VPP. Además, la representación legal de Cs -asumida por el letrado Eduardo García-Ontiveros- considera que también debería explicar en qué condiciones pudo haber reconocido la asunción de su responsabilidad en las supuestas anomalías, según las manifestaciones ofrecidas por el secretario territorial adjunto de la conselleria, Vicente Caturla, en la primera ronda de declaraciones prestadas el pasado martes junto a otros dos responsables del servicio territorial de Vivienda.
Además, dicho funcionario autonómico (que ya ha regresado a su puesto de trabajo tras ser suspendido de empleo y sueldo a colación de la supervisión de los contratos, aunque ahora sin asumir responsabilidades sobre la concesión de visados) también es una de las personas que figurarían en la propuesta de citaciones promovida por Anticorrupción, que ya puso el foco sobre su participación en las irregularidades advertidas en el proceso al registrar su propia denuncia sobre los hechos. Ese funcionario autonómico es, precisamente, uno de los cinco señalados en la denuncia de la Fiscalía, en la que también se incluía a la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que regresó a su plaza como jefa de Contratación tras su renuncia a ese puesto de designación directa; al arquitecto municipal Francisco Nieto, que compró otro de los pisos del residencial, y al administrador de la entidad gestora de la cooperativa.
En principio, al margen de ese funcionario autonómico, Anticorrupción también habría demandado a la jueza instructora que llame a declarar a los seis compradores de pisos de Les Naus que no cumplirían los requisitos para adquirir una VPP, según se determinó en el informe de comprobaciones emitido por el Servicio Territorial de Vivienda tras detectar omisiones de información respecto las condiciones económicas y patrimoniales de las parejas de los adquirientes, que también forman parte de la misma unidad de convivencia, a pesar de que esos datos también computan a la hora de precisar el cumplimiento de esos requisitos.
Entre esos compradores que incumplen esos límites de renta y posesión de otros inmuebles se encuentra el suegro de la exedil de Urbanismo, según se concluye en ese informe, puesto que se habría constatado que dispone junto a su esposa (con la que está casado en régimen de separación de bienes) de otra vivienda en propiedad. Además, el mismo informe añade que en la documentación aportada para la revisión del contrato no se aportó documentación relativa a los ingresos que percibe su mujer.
También los que no informaron
Al tiempo, Anticorrupción habría planteado que también comparezcan los otros tres socios cooperativistas que adquirieron vivienda y que no habrían respondido al requerimiento formulado por Vivienda para que aportasen documentación adicional con el fin de comprobar si cumplían esos mismos requisitos de acceso a una VPP. Uno de esos casos corresponde al de la arquitecta municipal pareja del funcionario autonómico del servicio territorial. Otro de esos tres casos es el de la exinterventora de la Generalitat que ha regresado a su puesto como tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Se da la circunstancia de que las dos han manifestado su voluntad de desistir de la compra de esas viviendas, para lo que solo cabe la posibilidad de que promuevan su venta a un tercero, o de que se declare la nulidad del contrato de compra por sentencia judicial.
Hasta ahora no ha trascendido bajo qué condición concreta se solicitaría su comparecencia. En todo caso, fuentes consultadas precisaron que, en el supuesto de que se plantease su declaración como investigados, esa decisión quedaría justificada en la constatación de indicios de un posible delito de prevaricación en su conducta al haber omitido documentación real para acreditar que sí cumplían los límites de renta y de patrimonio para adquirir una VPP.
Por el momento, la representación legal del grupo municipal del PSOE, ejercida por el letrado Fernado Cazorla, no ha solicitado que se practique ninguna nueva declaración, a la espera de que se concrete la fecha para que pueda tomarse testimonio a los cinco funcionarios del Servicio Territorial de Vivienda que también participaron en la emisión del informe de comprobación de los visados de los 140 pisos junto a los tres responsables del mismo departamento autonómica que ya comparecieron el pasado martes. A priori, se había estimado que podían prestar testimonio este próximo viernes. Sin embargo, esa comparecencia podría acabar aplazándose hasta el 8 de mayo, según fuentes consultadas. Está por ver si se confirma esa nueva fecha. Y si podría optimizarse para citar también a otros de los propuestos ahora por Anticorrupción y por Cs.
