ALICANTE. La instrucción de las diligencias sobre el uso del edificio del antiguo parque de bomberos de la calle Italia de Alicante como una de las sedes del proyecto de dinamización de la economía identificado como Alicante Futura llega a su fase final con una petición de procesamiento. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado de Instrucción Número 3 que dicte la apertura de juicio frente a la edil de Empleo y Educación, Mari Carmen de España, y frente al técnico que ejercía funciones como gerente de la Agencia de Desarrollo Local (Aldes), ahora desvinculado del ayuntamiento, al considerar que ambos serían responsables de un presunto delito de prevaricación urbanística.

En concreto, Anticorrupción sostiene que ambos promovieron la asunción del uso de ese edificio por parte de dicho ente autónomo municipal (la Aldes) con el fin de que la empresa mixta Aguas de Alicante pudiesen instalar las oficinas del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) y de que también se pudiese desarrollar las dependencias de una suerte de espacio de coworking y de apoyo al emprendimiento, a modo de hub sobre las actividades económicas vinculadas con la gestión del agua y el sector de la náutica, que quedaría asociado a Alicante Futura. Todo, con el propósito de eludir el trámite de la concesión de licencia de obra que habría sido preceptivo para el desarrollo de esos trabajos por parte de Aguas de Alicante y que, en principio, habría sido denegada, toda vez que la Concejalía de Urbanismo ya había emitido un informe de incompatibilidad desfavorable en noviembre de 2022 en el que se advertía de que la parcela en la que se encuadra dicho edificio estaba calificada en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo dotacional de uso docente. Es decir, que solo debería admitir la construcción de colegios, institutos o un centro de formación de cualquier nivel académico, aunque, en realidad, la parcela nunca ha llegado a tener ese destino.

Pese a ello, según la Fiscalía, De España y el exgerente de la Aldes promovieron el acuerdo por el que la agencia asumía la gestión directa del edificio y tramitaron un convenio de colaboración con Aguas de Alicante por el que amparaban el desarrollo de las oficinas del CIA. Así, en su escrito, la Fiscalía expone "la parcela sita en el número 21 de la calle Italia de Alicante presenta clasificación urbana y calificación E/D, Equipamiento Docente, de acuerdo con las normas de ordenación urbanística aplicables y los usos vigentes permitidos en la parcela son únicamente los de 'educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y demás enseñanzas'". En esta línea, según añade, "para poder ubicar otros usos distintos, se deberá modificar el planeamiento vigente, trámite que no fue realizado". En realidad, el inicio de ese proceso se aprobó el pasado mes de septiembre, más de un año después de los hechos analizados por la Fiscalía, a instancias de la manifestación de hechos registrada por el grupo municipal socialista con el fin de que se indagase si se había cometido algún tipo de irregularidad en la tramitación de las obras del CIA.

En este sentido, la Fiscalía apunta que "el uso definido en el proyecto técnico aprobado por la Junta de Gobierno Local" el 18 de julio de 2023, por el que se amparaba el desarrollo del CIA, "no es compatible con los usos permitidos y valorando la solicitud de inicio del expediente para la ampliación de los usos en la parcela, la concejal de Empleo tiene conocimiento de la no adecuación del uso aprobado en el proyecto con los permitidos por el Plan General, lo que entendemos que también sabía el director gerente de Aldes" que "soslayó analizar la viabilidad urbanística del proyecto, tanto cuando informó el convenio de colaboración, como cuando informó los proyectos para su aprobación en Junta de Gobierno".

Anticorrupción abunda en que "existía una voluntad política predeterminada, encarnada en la concejal de España Menárguez, que era la de instalar el “Centro de Inteligencia del Agua” de Aguas Municipalizadas, en la edificación de titularidad municipal sita en la calle Italia, y ello aunque para conseguirlo fuera necesario vulnerar la Ley, y sin que el técnico que emitió los informes preceptivos previstos en el artículo 172 ROF, reparara, como era su obligación, el comportamiento del responsable político". 

No obstante, la Fiscalía exonera al resto de los investigados contra los que también se habían seguido las diligencias inicialmente. Entre ellos, figuraba el exconcejal de Urbanismo durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ahora apartado de la primera línea de la política, así como otros dos técnicos municipales de ese mismo departamento, y cuatro responsables de Aguas de Alicante.

En manos del juzgado

Al margen de la solicitud de Fiscalía, también se habrían registrado ya los escritos de las defensas y del grupo municipal del PSOE, también personado como acusación particular. Con todo, todavía no han trascendido el contenido de sus peticiones. A partir de ahora, será la titular del Juzgado de Instrucción 3 la que deberá resolver mediante el dictado de un auto en el que pueda acordar la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, lo que conlleva la apertura de juicio, o en caso contrario, el archivo de las diligencias, en el supuesto de que considere que, de lo investigado, no se desprendería ningún indicio de delito. Hasta el momento, el conjunto de los investigados ha negado la existencia de toda irregularidad.

La posición de la Fiscalía en las diligencias sobre las obras del edificio de Séneca trasciende en un contexto en el que persiste la polémica respecto a otro cuestión urbanística: la realización de las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio, en la que la Concejalía de Urbanismo habría detectado un exceso de edificabilidad, después de que los trabajos estuviesen prácticamente concluidos. Se trata, además, de un supuesto hasta cierto punto similar al registrado respecto a la construcción del hospital privado de Vistahermosa Norte, en el que la inspección municipal también detectó el pasado julio la construcción de dos plantas de más respecto a las autorizadas en la licencia de obra cuando ya estaban ejecutadas. Esa inspección se conoció, además, justo cuando se preveía aprobar en una comisión de Urbanismo la modificación puntual del PGOU en la que se daba trámite a un aumento de edificabilidad para el edificio.

Por lo pronto, el equipo de gobierno ha anticipado la imposición de una sanción económica "histórica" respecto a la infracción detectada, que ha quedado paralizada hasta que se tramite la modificación de planeamiento, que se volvió a reactivar el pasado mes de marzo. Por su parte, el expediente sobre las obras de la sede de la Cámara quedan ahora a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas por la entidad cameral.