ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), da por encauzada la nueva regulación para la implantación de usos turísticos en el conjunto del término municipal tras aprobar, este miércoles, en el transcurso de una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Local, el proyecto con el que se impulsa la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fija las condiciones para la autorización de hoteles, apartamentos turísticos aislados y en bloque y cualquier otra modalidad de alojamiento. El acuerdo viene a ratificar íntegramente la propuesta trazada por la Concejalía de Urbanismo, tras las desestimación de las últimas alegaciones presentadas por Provía y por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), de forma que se mantiene el establecimiento de un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante en cada distrito censal como parámetro límite a la hora de conceder permisos de actividad para la implantación de usos turísticos, aunque con determinadas excepciones para los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. 

La propuesta ha quedado validada en Junta Local -después de que se aprobase el informe ambiental y territorial estratégico de la modificación del PGOU- con la pretensión de que pueda elevarse a aprobación inicial en el pleno ordinario de diciembre, previsto para la próxima semana, lo que abrirá el plazo de su exposición al público. Todo parece indicar que la propuesta sumará el respaldo mayoritario del pleno de la corporación, por lo que su aprobación garantizará la continuidad de la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico durante un segundo año, como se había previsto inicialmente el pasado diciembre, mientras se aprueba definitivamente la nueva regulación. Esa situación se mantendrá en vigor salvo que se produzca algún avance en la tramitación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la patronal APTUR-CV frente al acuerdo de aprobación inicial de ese bloqueo en la concesión de nuevos permisos, al considerar que se trataba de una medida desproporcionada y que, además, carecía de sustento, de motivación y de justificación. Esa impugnación sigue su curso, en la fase de presentación de conclusiones, según fuentes consultadas.

Como viene informando este diario, la nueva regulación promovida por el equipo de gobierno establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas (secciones censales) saturadas urbanísticamente. Es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Además, prohíbe la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales y establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.

El fundamento de esta iniciativa, según ha expuesto el vicealcalde, Manuel Villar, a través de un comunicado, es "adecuar el marco urbanístico municipal a la evolución reciente del fenómeno del alojamiento turístico, cuya expansión en determinados barrios consolidados ha generado efectos significativos sobre el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal, la movilidad, la capacidad de los servicios públicos y, en definitiva, sobre la sostenibilidad social, urbana y ambiental del municipio". Esta regulación "se configura como un instrumento esencial para ordenar el uso turístico, compatibilizarlo con la residencia y promover un modelo de turismo urbano de calidad, diversificado y sostenible", ha añadido Villar.

De este modo, según las mismas fuentes, la modificación "se enmarca en el objetivo municipal de avanzar hacia un modelo de ciudad compacta, de proximidad y orientada a la movilidad sostenible, en el que los barrios actúan como unidades básicas de vida urbana". "Este modelo requiere preservar la función residencial en los barrios, reforzar la diversidad funcional compatible y evitar procesos de saturación turística", apunta el comunicado. "La experiencia acumulada y los datos disponibles muestran que, en ausencia de criterios urbanísticos claros, el alojamiento turístico tiende a concentrarse en determinadas áreas, incrementando la presión sobre el parque de viviendas y sobre el espacio público", recalcan las mismas fuentes. En este contexto, la modificación puntual N.º 52 propone una regulación "homogénea y estricta que permita establecer límites proporcionados a la capacidad de carga turística, diferenciando entre tipos de alojamiento, definiendo condiciones de implantación y determinando restricciones específicas en zonas saturadas".

Limitación en zonas saturadas

Las mismas fuentes explican que la unidad elegida en la nueva normativa para establecer las zonas saturadas a nivel urbanístico y las que no lo están es la sección censal y la situación en la que se encuentra cada zona se revisará cada año. En las zonas no saturadas se podrán autorizar nuevas plazas turísticas, con controles que garanticen que no se supere el umbral máximo establecido. Se establece la excepción para los hoteles de 4 y 5 estrellas, que no se verán afectados por el límite establecido para el indicador de saturación, aunque la zona en la que se ubiquen haya alcanzado el umbral máximo permitido.

Del mismo modo, para los hoteles de 3 estrellas se dicta un régimen especial que les permite superar el límite general fijado, estableciendo un límite de 0,32 plazas turísticas por habitante a la hora de conceder licencia para este tipo de establecimientos en una determinada zona. Esta excepción responde a la apuesta por un modelo de excelencia turística que priorice la calidad frente a la cantidad, incentivando una oferta de alojamientos que genere empleo estable y de mayor valor añadido, al tiempo que atraiga un perfil de visitante menos estacional que responda a un turismo más diversificado y respetuoso con el entorno urbano, concreta el comunicado.

Bajos comerciales y accesos independientes

Por otro lado, se prohíbe la implantación de usos turísticos en plantas bajas de viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos, para favorecer el comercio de proximidad, que constituye un elemento clave para la vitalidad urbana y la cohesión social. Esta medida busca "proteger la red de comercio de barrio, asegurando un modelo de ciudad de proximidad, cohesión social y continuidad urbana, evitando que el uso turístico sustituya a los servicios cotidianos indispensables para los residentes", detallan las mismas fuentes.

"El incremento de actividades de alojamiento turístico, especialmente en planta baja, puede desplazar a las actividades comerciales tradicionales, dado que las primeras suelen presentar una mayor rentabilidad económica. Este fenómeno conlleva el riesgo de pérdida del tejido comercial de barrio y de vaciamiento funcional de los espacios urbanos", apunta el comunicado. Asi, "la nueva normativa urbanística busca garantizar que el uso turístico no sustituya al uso comercial y de servicios de proximidad, particularmente en planta baja, donde por razones de accesibilidad, carga y descarga, visibilidad y relación con el espacio público, deben concentrarse principalmente los locales comerciales y de servicios básicos".

Por último, la nueva regulación implica que los establecimientos turísticos en edificios con uso residencial deberán contar un acceso independiente y exclusivo y garantizar que no interferirán en la vida comunitaria del resto de residentes ni compartirán espacios comunes. "Con esta medida se actúa para garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes, separando los flujos de turistas, evitando que compartan recorridos interiores y reduciendo al mínimo la interacción en zonas comunes", concluye el comunicado.