ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante detecta un presunto caso de acoso laboral entre funcionarios del departamento de Hacienda y plantea la presentación de una denuncia en Fiscalía con el fin de que se dilucide la posible comisión de un delito. Además, también promueve dar traslado del expediente instruido por el Servicio de Prevención municipal a la Dirección General de Administración Local para que determine si los hechos recogidos en él pueden ser constitutivos de una falta grave o muy grave que suponga de la imposición de sanciones o penalidades. Y, por último, plantea la suspensión provisional de funciones del supuesto autor de esos hechos.

Así se detalla, cuando menos, en la propuesta formulada por la Concejalía de Recursos Humanos que se prevé someter a debate en la comisión de Presidencia convocada para este jueves, con la intención de que el acuerdo pueda ser abordado en el pleno ordinario de diciembre. En ella, se detalla el proceso seguido respecto al comportamiento que ocho trabajadores del servicio de Hacienda atribuyen al funcionario con habilitación de carácter nacional que ejerce como su superior jerárquico. En ese planteamiento, se detalla que esos ocho trabajadores elevaron una denuncia por posible acoso en el ámbito laboral por parte del máximo responsable de su departamento.

La propusta incide, igualmente, que, tras recopilar información relacionada con el comportamiento de dicho funcionario, y escuchar a los implicados, se habría concluido que los hechos trasladados podrían ser constitutivos de un delito de acoso laboral, por lo que se plantea remitir el expediente a la Fiscalía con el fin de que se practiquen las actuaciones que correspondan para dirimir las responsabilidades penales que procedan, así como su puesta en conocimiento de la Dirección General de Administración local de la Generalitat Valenciana para que incoe expediente por falta grave o, en caso de que se interprete que el comportamiento del funcionario puede ser causa de falta muy grave, eleve el expediente al Ministerio de Innovación Tecnológica y Función Pública.

Además, también se promueve la suspensión provisional de funciones respecto al funcionario denunciado, al entender que su permanencia en el puesto puede comprometer "la integridad psicosocial de las personas presuntamente afectadas y obstaculizar el normal desarrollo del procedimiento disciplinario". En este sentido, el expediente detalla que el funcionario ya fue reubicado en dependencias físicas distintas a la de los denunciantes, aunque se considera que esa medida no resultaría suficiente.