ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha refrendado este jueves la solicitud de adhesión el convenio por el que se solicita la asunción de las competencias de inspección, sanción y recaudación de las viviendas turísticas que incurran en irregularidades. La iniciativa ha contado con el respaldo de PP, PSOE y Vox y la abstención de Compromís y Esquerra Unida Podem. En suma, el acuerdo ha prosperado con el apoyo de 25 concejales y tres abstenciones.

Por partes. El encargado de defender la iniciativa ha sido el vicealcalde y edil de Urbanismo (ante la baja de la concejal Rocío Gómez), Manuel Villar, quien ha sostenido que se trata de una medida pactada con el grupo socialista por la que se trata de mejorar el control del sector del alojamiento en la ciudad y de obtener una información más completa sobre esa actividad que pueda compartirse, después, con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. En esta línea, ha considerado que la presión ejercida por ese tipo de negocios ha motivado a tomar la decisión de asumir esa potestad de inspección y sanción, después de crear un departamento específico para ello.

En el turno de intervenciones, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha considerado que, aunque el fondo de la propuesta pueda resultar positiva, ha señalado que no puede adoptarse esas competencias ante la falta de personal necesario para poder ejercerlas. Además, ha sostenido que supone el reconocimiento de una incoherencia por parte del PP, tras señalar que el alcalde, Luis Barcala, había defendido hasta hace poco que Alicante todavía tenía margen de crecimiento. De igual modo, ha incidido en que "la presión del sector turístico es innegable" respecto al sector de la vivienda, aunque ha sostenido que su formación no podía sustentar la propuesta en las condiciones con las que se pretende. Al tiempo, también ha expresado su preocupación ante el hecho de que la promoción de VPO desarrollada en Playa de San Juan, en una actuación de iniciativa privada tras la subasta de un solar municipal, haya supuesto la concesión de viviendas a cargos públicos, en alusión a una noticia publicada por el diario Información. 

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado al PP el retraso en la asunción de las competencias de sanción y recaudación de sanciones, toda vez que el decreto que ampara esa posibilidad quedó aprobado en agosto de 2024. Así, ha considerado que se ha dejado perder ingresos por cerca de 3 millones de euros en el control de esos pisos turísticos irregulares, en función de los cálculos establecidos en la propia propuesta. Además, ha incidido en la necesidad de control la presión del sector turístico sobre el mercado de la vivienda, lo que favorecería que se construyese vivienda de protección pública "sin que se produzca el reparto entre ustedes", ha añadido. Por último, ha ofrecido al PP un acuerdo por el que se comprometan a no renovar las autorizaciones de las VUT actuales cuando llegue la obligación de su renovación, en el plazo de cinco años.

Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha anticipado su voto a favor al considerar que se trata de una medida positiva para la ciudad, en la medida en que supone la mejora del control de la actividad. Y de igual modo se ha pronunciado la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha señalado que su partido venía reivindicando la necesidad de incrementar ese control a los pisos turísticos desde hace varios años con el propósito de contribuir a facilitar soluciones al mercado de la vivienda. De igual modo, se ha referido a la concesión de la promoción privada de VPO en Playa de San Juan para exigir explicaciones al alcalde. Y ha incidido en que debe apostarse por la promoción de vivienda para atender la demanda existente, en lugar de favorecer la proliferación de pisos turísticos. Por último, ha considerado positivo el aumento de la regulación del propio sector en beneficio de sus protagonistas, y ha estimado crucial que el rédito obtenido por ese control revierta en beneficio de los ciudadanos.

En el turno de réplica, Copé ha anticipado su abstención al considerar que la asunción de las competencias puede ser una "herramienta útil", pero ha exigido transparencia y coherencia política. Además, ha vuelto a exigir más medios, sin cargar a la plantilla de Urbanismo ni fiarlo todo "a las denuncias vecinales". "Actúen con recursos y con planificación", ha añadido. Mas ha señalado que, hace un año, su formación facilitó un listado con cerca de 500 referencias sobre posibles pisos turísticos irregulares "sin que la edil de Urbanismo hiciese nada entonces". Así, ha señalado que se llega tarde y ha anunciado la puesta en marcha de una nueva campaña en los barrios para que se pongan de manifiesto esas irregularidades. Robledillo ha señalado que aludir a la carga de trabajo no puede ser motivo para no apoyar la asunción de las competencias, aunque ha admitido que se debe incorporar más medios personales, después de aludir a la existencia de un equipo compuesto por cinco personas, entre ellos dos policías. En todo caso, ha señalado, en alusión a Mas, que no actuar sí genera más problemas. El debate lo ha zanjado Villar para agradecer el respaldo de PSOE y Vox al considerar que el acuerdo es positivo para la ciudad. Además, ha añadido, en alusión a Copé, que el margen de crecimiento defendido por Barcala se refería a la actividad legal. Y, por último, ha señalado que en el tiempo en el que no se ha asumido las competencias de sanción y recaudación por parte del Ayuntamiento, sí se han instruido expedientes y se han impuesto sanciones por parte de la Generalitat, con lo que no se ha perdido esa recaudación, como había insinuado Compromís. "Por ustedes, no se habría adoptado esta decisión y Alicante sería una salvajada", ha incidido.

Colegios, Rico Pérez, plagas..

En el turno de ruegos y preguntas, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido a una pregunta formulada por el edil socialista Emilio Ruiz sobre los medios que se pretende destinar para el mantenimiento de los centros escolares de la ciudad, después de reprochar la situación de varios colegios en los que, según ha señalado, existen dependencias cerradas, como los baños, o se tiene que utilizar el gimnasio como comedor, por ejemplo. Al respecto, García ha lamentado la falta de inversiones del Gobierno Central y ha defendido que se atienden todas las incidencias que se trasladan desde los centros con el personal de la Concejalía de Infraestructuras. De este modo, ha acusado al PSOE de hacer demagogia, para señalar que en casos concretos como el IES Cabo de la Huerta, el responsable de su mantenimiento no es el Ayuntamiento. 

El edil de Deportes, Manuel Villar, ha contestado a otro pregunta formulada por el edil socialista Eduardo Rodríguez respecto al mantenimiento del estadio José Rico Pérez, en la que ha cuestionado si se pretende instar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como propietario del edificio para que aumente la inspección del inmueble y fuerce la adopción de mejoras. Todo, después de enumerar las deficiencias en materia de seguridad en las que se encontraría. Villar ha señalado que Compromís ya había formulado esa pregunta en el pleno de diciembre, por lo que ha reiterado su respuesta al señalar que la Lotup establece que las inspecciones de los edificios deben realizarse cada 50 años para edificios residenciales, pero no para el Rico Pérez, y ha recordado que el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, comprometió en 2021 el proyecto del Alicante Arena en el estadio, por lo que ha reprochado que no se interviniese en él entonces.

Villar también ha contestado a otra pregunta formulada por la edil socialista Victoria Melgosa respecto a por qué no se había actuado en las instalaciones del polideportivo de Colonia Requena ante su estado de abandono, según ha defendido. Villar ha señalado que esa zona existe el proyecto Lucentum Zona Norte, coordinado por la Universidad de Alicante (UA) entre otras entidades como la Fundación Lucentum, sobre el que ha apuntado que se ha solicitado que se extienda hasta ese polideportivo y que se estaría en negociaciones para ceder el uso de esas pistas para que puedan implementarse mejoras.

García también ha respondido a otra pregunta formulada por el concejal de Vox, Juan Utrera, respecto a cuál había sido el grado de cumplimiento del acuerdo plenario adoptado en abril de 2024 con el fin de que se mediase para que se ampliase el horario de velatorio en una tanatorio de titularidad privada de la ciudad. Al respecto, García ha señalado que se trata de una actividad privada sobre la que no se puede intervenir ni establecer obligaciones concretas más allá de tratar de mediar, como ya se habría hecho.

La edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha respondido a otra cuestión formulada por Utrera respecto a qué actuaciones se estaban llevando a cabo para solucionar la proliferación de la presencia de palomas o de ratas en distintos puntos del centro de la ciudad. Cutanda ha incidido en que el trabajo debe de ser conjunto por parte de la ciudadanía y de la Mancomunidad. Así, ha señalado que nunca se ha responsabilizado a la hostelería y que solo se ha emplazado a mejorar la limpieza de espacios como los entornos de los veladores. Además, ha incidido en que se ha intensificado las medidas antiplagas a través de la empresa adjudicataria de su control, concertado a través de la Mancomunidad.

La edil de Bienestar, Begoña León, ha contestado a otra pregunta planteada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a qué medidas se prevé adoptar para mejorar las condiciones de seguridad del punto de encuentro familiar instalado en el centro comunitario de Urbanova, tras destacar las dificultades que entraña el desplazamiento hasta ese emplazamiento y las condiciones en las que se encuentra en una ubicación tan alejada del núcleo urbano y con pocas opciones de transporte público. León ha señalado que el punto de encuentro familiar compete a la Generalitat y que entre las dos administraciones, se eligió el emplazamiento de Urbanova "precisamente por la mejora de sus condiciones" tras sostener que "no estamos hablando de que esté en A Coruña". Además, ha señalado que cuando se plantean necesidades puntuales, se adoptan medidas como la deriva a otras ubicaciones, puesto que se trata de un servicio de ámbito provincial.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha respondido a otra cuestión formulada por Llobell respecto a por qué se había decidido amortizar la plaza de licenciada en Filología Valenciana que, en la práctica, supondría el cierre de la Oficina de Promoción del Valenciano. Villar ha apuntado que se ha amortizado la plaza, como se puso de manifiesto en el proyecto del presupuesto, pero ha apuntado que la Oficina quedará a cargo de una persona administrativa de nivel C1 con lo que el servicio se va a seguir prestando. Además, ha señalado que el valenciano "nunca ha sido más mal tratado que cuando han gobernado ustedes, cuando trataron de imponerlo". "Eso sí que hace daño al valenciano, ese tanibalismo", ha añadido. "No se ha eliminado esa Oficina y si quieren ir al Síndic, vayan", ha señalado.

El edil de Juventud, Carlos de Juan, ha contestado a una pregunta formulada por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, sobre el espacio concreto del Centro 14 que quedará finalmente destinado a las políticas de Juventud dentro del edificio, que ha acabado acogiendo otras dependencias municipales tras el fin del arrendamiento del inmueble del antiguo Hotel Palas, ahora de nuevo habilitado como sede de la Cámara de Comercio (su propietaria). De Juan ha desglosado la distribución de las distintas estancias entre la planta baja, en la que se ubicaría una sala destinada a las exposiciones; la segunda, en la que se situarían distintas aulas de formación y reservadas para ensayos; y la quinta, donde se encontrarían las oficinas de la concejalía.

La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha replicado a otra cuestión formulada por Copé sobre qué actuaciones de mejora se pretende implementar para solucionar los problemas de seguridad en distintos centros educativos de la ciudad, entre los que ha citado la avería en el servicio de suministro de agua en el CEIP San Blas o el CEIP Azorín, con caída de cascotes, entre otros. De España ha sostenido que se interviene en todas las incidencias que se comunican en función de los plazos en los que resulta posible, tras sostener que Copé hacía demagogia. Además, ha apuntado que no existía un listado específico de deficiencias y que la situación de deterioro de los centros no es actual.

El edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha contestado a otra pregunta planteada por Copé respecto a qué actuaciones se estaban llevando a cabo para evitar el desalojo de 15 familias de la calle Pascual de la Mata, en el barrio de Carolinas Altas. De Juan ha señalado que se ha atendido a dos solicitudes planteadas por dos propietarios de esas viviendas, en el mismo orden de actuación que al resto de solicitantes de ayuda. Así ha planteado que se actúa con los recursos de los que se dispone, tras lamentar que no se disponga de más recursos "porque en ocho años no se ha ejecutado ninguna vivienda".

El edil de Urbanismo, Manuel Villar, también ha contestado a otra pregunta formulada por Copé sobre si se ha realizado comprobaciones técnicas y jurídicas sobre las obras ejecutadas por la empresa Facephi en el entorno y ámbito urbanístico de Panoramis y, en su caso, por qué no se han iniciado actuaciones de disciplina urbanística, como se ha procedido en el caso de la actuación promovida por la Cámara de Comercio para habilitar su nueva sede. Villar se ha limitado a apuntar que se han hecho las comprobaciones pertinentes a todos los espacios del complejo de Panoramis.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha respondido a una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en el pleno de diciembre, para sostener que el Ayuntamiento de Alicante ha procedido a la devolución de poco más de un 2% de las aportaciones concedidas por la Generalitat para la contratación de personal del área de Servicios Sociales. La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha contestado a otra pregunta previa registrada por Copé para señalar que el Teatro Principal sí programa obras en valenciano, como se puso de manifiesto en la presentación de la programación correspondiente al próximo trimestre. En todo caso, ha señalado que el público asistente a esas obras "es muy reducido, de una media de unas 200 personas", hasta el punto, según ha señalado, de que se ha tenido que cancelar alguna representación. Por último, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha contestado a otra pregunta formulada por Copé en el pleno de diciembre respecto a la situación real de ejecución, continuidad y dotación de recursos humanos y materiales del programa de cohesión social desde la escuela, y del programa de formación permanente para las personas migradas en este ejercicio y la prevista para el próximo de 2026, para señalar que justo ahora se acaba de proceder a la adjudicación de ese servicio.