ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante -marcado por la controversia por la adjudicación de los pisos de VPO construidos en un solar subastado de titularidad municipal- ha refrendado este jueves la solicitud de adhesión el convenio marco establecido entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por la que se solicita la asunción de las competencias de inspección, sanción y recaudación de las viviendas turísticas que incurran en irregularidades. La iniciativa ha contado con el respaldo de PP, PSOE y Vox y la abstención de Compromís y Esquerra Unida Podem. En suma, el acuerdo ha prosperado con el apoyo de 25 concejales y tres abstenciones.

Por partes. El encargado de defender la iniciativa ha sido el vicealcalde y edil de Urbanismo (ante la baja de la concejal Rocío Gómez), Manuel Villar, quien ha sostenido que se trata de una medida pactada con el grupo socialista por la que se trata de mejorar el control del sector del alojamiento en la ciudad y de obtener una información más completa sobre esa actividad que pueda compartirse, después, con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. En esta línea, ha considerado que la presión ejercida por ese tipo de negocios por su presencia creciente en varios puntos del término municipal ha motivado a tomar la decisión de asumir esa potestad de inspección y sanción. "La implantación masiva de las viviendas turísticas ha hecho que este fenómeno se convierta en prioritario, como demuestra la previa aprobación de la moratoria en la concesión de licencias", ha expuesto. Un fenómeno que, ha añadido, "motiva y justifica el imprescindible protagonismo de los ayuntamientos en la inspección y en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de turismo". Así, ha apuntado que la colaboración entre administraciones, a través de este convenio, "se revela como instrumento más idóneo, porque permite compartir medios personales y materiales a las administraciones implicadas, a la vez que reduce coste en el ejercicio de las competencias de cada una de ellas". Y ha explicado que la petición llega ahora después de reordenar el área de Urbanismo y crear un departamento y una jefatura específica para ello, como había informado este diario.

En el turno de intervenciones, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha considerado que, aunque el fondo de la propuesta pueda resultar positiva, ha señalado que no puede adoptarse esas competencias ante la falta de personal necesario para poder ejercerlas. Además, ha sostenido que supone el reconocimiento de una incoherencia por parte del PP, tras señalar que el alcalde, Luis Barcala, había defendido hasta hace poco que Alicante todavía tenía margen de crecimiento. De igual modo, ha incidido en que "la presión del sector turístico es innegable" respecto al sector de la vivienda, aunque ha sostenido que su formación no podía sustentar la propuesta en las condiciones con las que se pretende. Al tiempo, también ha expresado su preocupación ante el hecho de que la promoción de VPO desarrollada en Playa de San Juan, en una actuación de iniciativa privada tras la subasta de un solar municipal, haya supuesto la concesión de viviendas a la edil de Urbanismo y a los hijos de dos funcionarios municipales.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado al PP el retraso en la asunción de las competencias de sanción y recaudación de sanciones, toda vez que el decreto que ampara esa posibilidad quedó aprobado en agosto de 2024. Así, ha considerado que se ha dejado perder ingresos por cerca de 3 millones de euros en el control de esos pisos turísticos irregulares, en función de los cálculos establecidos en la propia propuesta. Además, ha incidido en la necesidad de control la presión del sector turístico sobre el mercado de la vivienda, lo que favorecería que se construyese vivienda de protección pública "sin que se produzca el reparto entre ustedes", ha añadido, de igual modo, en otra alusión a la controversia sobre la adjudicación de las VPO de Playa de San Juan. Por último, ha ofrecido al PP un acuerdo por el que sus representantes debían comprometerse a no renovar las autorizaciones de las VUT actuales cuando llegue la obligación de su renovación, en el plazo de cinco años.

Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha anticipado su voto a favor al considerar que se trata de una medida positiva para la ciudad, en la medida en que supone la mejora del control de la actividad. Y de igual modo se ha pronunciado la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha señalado que su partido venía reivindicando la necesidad de incrementar ese control a los pisos turísticos desde hace varios años con el propósito de contribuir a facilitar soluciones al mercado de la vivienda. De igual modo, se ha referido a la concesión de la promoción privada de VPO en Playa de San Juan para exigir explicaciones al alcalde. Y ha incidido en que debe apostarse por la promoción de vivienda para atender la demanda existente, en lugar de favorecer la proliferación de pisos turísticos. Por último, ha considerado positivo el aumento de la regulación del propio sector en beneficio de sus protagonistas, y ha estimado crucial que el rédito obtenido por ese control revierta en beneficio de los ciudadanos.

En el turno de réplica, Copé ha anticipado su abstención al considerar que la asunción de las competencias puede ser una "herramienta útil", pero ha exigido transparencia y coherencia política. Además, ha vuelto a exigir más medios, sin cargar a la plantilla de Urbanismo ni fiarlo todo "a las denuncias vecinales". "Actúen con recursos y con planificación", ha añadido. Mas ha señalado que, hace un año, su formación facilitó un listado con cerca de 500 referencias sobre posibles pisos turísticos irregulares "sin que la edil de Urbanismo hiciese nada entonces". Así, ha señalado que se llega tarde y ha anunciado la puesta en marcha de una nueva campaña en los barrios para que se pongan de manifiesto esas irregularidades. Robledillo ha señalado que aludir a la carga de trabajo no puede ser motivo para no apoyar la asunción de las competencias, aunque ha admitido que se debe incorporar más medios personales, después de aludir a la existencia de un equipo compuesto por cinco personas, entre ellos dos policías. En todo caso, ha señalado, en alusión a Mas, que no actuar sí genera más problemas. El debate lo ha zanjado Villar para agradecer el respaldo de PSOE y Vox al considerar que el acuerdo es positivo para la ciudad. Además, ha añadido, en alusión a Copé, que el margen de crecimiento respecto a la capacidad alojativa de Alicante defendido por Barcala se refería a la actividad legal. Y, por último, ha señalado que en el tiempo en el que no se ha asumido las competencias de sanción y recaudación por parte del Ayuntamiento, sí se han instruido expedientes y se han impuesto sanciones por parte de la Generalitat, con lo que no se ha perdido esa recaudación, como había insinuado Compromís. "Por ustedes, no se habría adoptado esta decisión y Alicante sería una salvajada", ha incidido.

Colegios, Rico Pérez, plagas..

En el turno de ruegos y preguntas, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido a una pregunta formulada por el edil socialista Emilio Ruiz sobre los medios que se pretende destinar para el mantenimiento de los centros escolares de la ciudad, después de reprochar la situación de varios colegios en los que, según ha señalado, existen dependencias cerradas, como los baños, o se tiene que utilizar el gimnasio como comedor, por ejemplo. Al respecto, García ha lamentado la falta de inversiones del Gobierno Central y ha defendido que se atienden todas las incidencias que se trasladan desde los centros con el personal de la Concejalía de Infraestructuras. De este modo, ha acusado al PSOE de hacer demagogia, para señalar que en casos concretos como el IES Cabo de la Huerta, el responsable de su mantenimiento no es el Ayuntamiento. 

El edil de Deportes, Manuel Villar, ha contestado a otro pregunta formulada por el edil socialista Eduardo Rodríguez respecto al mantenimiento del estadio José Rico Pérez, en la que ha cuestionado si se pretende instar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como propietario del edificio para que aumente la inspección del inmueble y fuerce la adopción de mejoras. Todo, después de enumerar las deficiencias en materia de seguridad en las que se encontraría. Villar ha señalado que Compromís ya había formulado esa pregunta en el pleno de diciembre, por lo que ha reiterado su respuesta al señalar que la Lotup establece que las inspecciones de los edificios deben realizarse cada 50 años para edificios residenciales, pero no para el Rico Pérez, sin llegar a pronunciarse de forma explícita si se piensa requerir esa inspección estructural sobre el estadio. En lugar de ello, ha recordado que el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, comprometió en 2021 el proyecto del Alicante Arena en el estadio, por lo que ha reprochado que no se interviniese en él entonces.

Villar también ha contestado a otra pregunta formulada por la edil socialista Victoria Melgosa respecto a por qué no se había actuado en las instalaciones del polideportivo de Colonia Requena ante su estado de abandono, según ha defendido. Villar ha señalado que esa zona existe el proyecto Lucentum Zona Norte, coordinado por la Universidad de Alicante (UA) entre otras entidades como la Fundación Lucentum, sobre el que ha apuntado que se ha solicitado que se extienda hasta ese polideportivo y que se estaría en negociaciones para ceder el uso de esas pistas para que puedan implementarse mejoras.

García también ha respondido a otra pregunta formulada por el concejal de Vox, Juan Utrera, respecto a cuál había sido el grado de cumplimiento del acuerdo plenario adoptado en abril de 2024 con el fin de que se mediase para que se ampliase el horario de velatorio en una tanatorio de titularidad privada de la ciudad. Al respecto, García ha señalado que se trata de una actividad privada sobre la que no se puede intervenir ni establecer obligaciones concretas más allá de tratar de mediar, como ya se habría hecho.

La edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha respondido a otra cuestión formulada por Utrera respecto a qué actuaciones se estaban llevando a cabo para solucionar la proliferación de la presencia de palomas o de ratas en distintos puntos del centro de la ciudad. Cutanda ha incidido en que el trabajo debe de ser conjunto por parte de la ciudadanía y de la Mancomunidad. Así, ha señalado que nunca se ha responsabilizado a la hostelería y que solo se ha emplazado a mejorar la limpieza de espacios como los entornos de los veladores. Además, ha incidido en que se ha intensificado las medidas antiplagas a través de la empresa adjudicataria de su control, concertado a través de la Mancomunidad.

La edil de Bienestar, Begoña León, ha contestado a otra pregunta planteada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a qué medidas se prevé adoptar para mejorar las condiciones de seguridad del punto de encuentro familiar instalado en el centro comunitario de Urbanova, tras destacar las dificultades que entraña el desplazamiento hasta esas instalaciones y las condiciones en las que se encuentra en una ubicación tan alejada del núcleo urbano y con pocas opciones de transporte público. León ha señalado que el punto de encuentro familiar compete a la Generalitat y que entre las dos administraciones, se eligió el emplazamiento de Urbanova "precisamente por la mejora de sus condiciones" tras sostener que "no estamos hablando de que esté en A Coruña". Además, ha señalado que cuando se plantean necesidades puntuales, se adoptan medidas como la deriva a otras ubicaciones, puesto que se trata de un servicio de ámbito provincial.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha respondido a otra cuestión formulada por Llobell respecto a por qué se había decidido amortizar la plaza de licenciada en Filología Valenciana que, en la práctica, supondría el cierre de la Oficina de Promoción del Valenciano. Villar ha apuntado que se ha amortizado la plaza, como se puso de manifiesto en el proyecto del presupuesto, pero ha apuntado que la Oficina quedará a cargo de una persona administrativa de nivel C1 con lo que el servicio se va a seguir prestando. Además, ha señalado que el valenciano "nunca ha sido más mal tratado que cuando han gobernado ustedes, cuando trataron de imponerlo". "Eso sí que hace daño al valenciano, ese tanibalismo", ha añadido. "No se ha eliminado esa Oficina y si quieren ir al Síndic, vayan", ha señalado.

El edil de Juventud, Carlos de Juan, ha contestado a una pregunta formulada por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, sobre el espacio concreto del Centro 14 que quedará finalmente destinado a las políticas de Juventud dentro del edificio, que ha acabado acogiendo otras dependencias municipales tras el fin del arrendamiento del inmueble del antiguo Hotel Palas, ahora de nuevo habilitado como sede de la Cámara de Comercio (su propietaria). De Juan ha desglosado la distribución de los usos relacionados con el área de Juventud de las distintas estancias entre la planta baja, en la que se ubicaría una sala destinada a las exposiciones; la segunda, en la que se situarían distintas aulas de formación y reservadas para ensayos; y la quinta, donde se encontrarían las oficinas de la concejalía.

La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha replicado a otra cuestión formulada por Copé sobre qué actuaciones de mejora se pretende implementar para solucionar los problemas de seguridad en distintos centros educativos de la ciudad, entre los que ha citado la avería en el servicio de suministro de agua en el CEIP San Blas o el CEIP Azorín, con caída de cascotes, entre otros. De España ha sostenido que se interviene en todas las incidencias que se comunican en función de los plazos en los que resulta posible, tras sostener que Copé hacía demagogia. Además, ha apuntado que no existía un listado específico de deficiencias y que la situación de deterioro de los centros no es actual.

El edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha contestado a otra pregunta planteada por Copé respecto a qué actuaciones se estaban llevando a cabo para evitar el desalojo de 15 familias de la calle Pascual de la Mata, en el barrio de Carolinas Altas. De Juan ha señalado que se ha atendido a dos solicitudes planteadas por dos propietarios de esas viviendas, en el mismo orden de actuación que al resto de solicitantes de ayuda. Así ha planteado que se actúa con los recursos de los que se dispone, tras lamentar que no se disponga de más recursos "porque en ocho años no se ha ejecutado ninguna vivienda".

El edil de Urbanismo, Manuel Villar, también ha contestado a otra pregunta formulada por Copé sobre si se ha realizado comprobaciones técnicas y jurídicas sobre las obras ejecutadas por la empresa Facephi en el entorno y ámbito urbanístico de Panoramis y, en su caso, por qué no se han iniciado actuaciones de disciplina urbanística, como se ha procedido en el caso de la actuación promovida por la Cámara de Comercio para habilitar su nueva sede. Villar se ha limitado a apuntar que se han hecho las comprobaciones pertinentes a todos los espacios del complejo de Panoramis.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha respondido a una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en el pleno de diciembre, para sostener que el Ayuntamiento de Alicante ha procedido a la devolución de poco más de un 2% de las aportaciones concedidas por la Generalitat para la contratación de personal del área de Servicios Sociales. La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha contestado a otra pregunta previa registrada por Copé para señalar que el Teatro Principal sí programa obras en valenciano, como se puso de manifiesto en la presentación de la programación correspondiente al próximo trimestre. En todo caso, ha señalado que el público asistente a esas obras "es muy reducido, de una media de unas 200 personas", hasta el punto, según ha señalado, de que se ha tenido que cancelar alguna representación. Por último, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha contestado a otra pregunta formulada por Copé en el pleno de diciembre respecto a la situación real de ejecución, continuidad y dotación de recursos humanos y materiales del programa de cohesión social desde la escuela, y del programa de formación permanente para las personas migradas en este ejercicio y la prevista para el próximo de 2026, para señalar que justo ahora se acaba de proceder a la adjudicación de ese servicio.

Financiación autonómica

En el turno de las declaraciones institucionales, se ha debatido dos iniciativas distintas relacionadas con el modelo de financiación autonómica: una promovida por el PP, en la que se planteaba la retirada de la propuesta, y otra formulada por el PSOE en sentido contrario: su defensa. En primer término, la portavoz de los populares, Mari Carmen de España, ha considerado que esa alternativa responde al intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder con un acuerdo pactado con Junts que beneficiaría a Cataluña. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha instado a respaldar el modelo planteado para que puedan ejecutarse inversiones en Alicante con los 3.670 millones previstos para la Comunitat. EU Podem y Compromís han considerado que el nuevo modelo planteado contribuye a mejorar la situación, aunque no sería la solución definitiva. Y Vox ha incidido en el discurso de la cesión a los "separatistas" de Cataluña. A la postre, solo se ha aprobado la iniciativa política promovida por el PP, que ha sumado 17 votos: los de los concejales de PP y Vox. La iniciativa del PSOE ha contado con los 8 votos favorables de los ediles socialistas y los 17 votos en contra de PP y Vox, además de la abstención de Compromís y EU Podem.

En segundo término, se ha debatido una nueva declaración promovida por el PP "en defensa de la ejecución de las inversiones hídricas pendientes en Alicante y en el Levante Español", entre las que figuraría el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, además de la ejecución de actuaciones por más de 120 millones de euros dirigidas a la rehabilitación de la Balsa de San Diego, como punto final del travase Júcar-Vinalopó, la doble tubería Toscar-Cuesta o las canalización para alcanzar la capacidad de transporte de 80 hectómetros cúbicos anuales. La declaración pone el énfasis, además, en el proyecto Alicante Agua Circular dirigido al reaprovechamiento del 100% de agua depurada tratada en las estaciones de Rincón de León y Monte Orgegia, para lo que la Generalitat y el Ayuntamiento a través de Aguas de Alicante ya han asumido su parte del coste del proyecto con 25 y 12,5 millones de euros, respectivamente.

El edil de Presidencia, Toño Peral, ha incidido en la necesidad de que se ejecuten esas actuaciones con el fin de paliar el déficit hídrico del territorio autonómico y de facilitar la actividad agrícola. El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha anticipado su rechazo al considerar que se planteaba una política hídrica "ideológica" a pesar de reconocer la necesidad de infraestructuras hídricas. La edil de Compromís, Sara Llobell, ha insistido en la necesidad de introducir medidas enfocadas en la eficiencia, el ahorro y la reutilización, con iniciativas como el proyecto Vertido Cero. El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha defendido en la defensa del desarrollo del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Y por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha apuntado que parte de las inversiones reivindicadas por el PP no son responsabilidad del Gobierno, sino de la Generalitat. Además, ha señalado que España no financia obras hidráulicas en Marruecos, sino que promueve ayudas a proyectos ejecutados por empresas españolas. La declaración ha quedado aprobada con los 13 votos del PP, cuatro abstenciones de Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y EU Podem.

En tercer lugar, se ha debatido una declaración institucional promovida por el PSOE por el que se planteaba la exigencia del cumplimiento del plan de acción, impulso y modernización del comercio y los mercados municipales de Alicante con el propósito de prestar apoyo al sector y atender sus necesidades, según ha defendido su portavoz adjunta, Trini Amorós. Tanto el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, como su homólogo de Compromís, Rafa Mas, han secundado la iniciativa como medida para evitar el cierre de establecimientos y favorecer el comercio de proximidad en los barrios. Por Vox, Juan Utrera ha defendido su programa político basado en la reducción de impuestos en apoyo a las pymes y autónomos. Y por el equipo de gobierno, la edil de Comercio, Lidia López, ha señalado que ese plan de modernización ya está en desarrollo con un horizonte de ejecución de cinco años. Así, ha señalado que ya se han ejecutado 20 de las 55 medidas previstas a las que se sumarán otras 10 este año. Así, la iniciativa ha quedado rechazada al sumar solo los 11 votos de PSOE, Compromís y EU Podem.

La primera de las iniciativas planteadas por Vox trataba de instar al Gobierno de España a revisar y paralizar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional para evitar que sigan subiendo las cotizaciones a trabajadores y empresas, proponiendo que el sistema público de pensiones se financie también con los Presupuestos Generales del Estado, en un planteamiento defendido por el edil Óscar Castillo. La propuesta ha contado con el rechazo de las tres formaciones del eje progresista (PSOE, Compromís y EU Podem) que han considerado la propuesta de los voxistas de iniciativa ideológica y demagógica, como ha resumido el edil socialista Miguel Castelló. Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, se ha alineado con la tesis del grupo proponente y ha descalificado el planteamiento del Gobierno central al considerar que supone una "subida encubierta de las cotizaciones". Así, la iniciativa ha quedado aprobada de nuevo con la suma de los votos de PP y Vox y el rechazo de los 11 representantes de PSOE, Compromís y EU Podem.

También se ha debatido una segunda declaración institucional con la que Vox trataba de forzar al equipo de gobierno, del PP, a retratarse en cumplimiento de los compromisos adquiridos con motivo del acuerdo por la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF), el pasado mes de junio. Se trataba de una iniciativa en la que se apremiaba a que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante manifestase el rechazo al Pacto Verde Europeo y a las políticas migratorias del Gobierno de España. El conjunto de los grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y EU Podem) han desacreditado la propuesta al considerar que se basaba en falsedades y que trataba de fomentar el odio al migrante y el negacionismo climático. Por parte del equipo de gobierno, el vicealcalde, Manuel Villar, ha expresado su apoyo a la iniciativa al limitarse a referirse al discurso asumido por el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el pleno de su investidura, con lo que se ha ceñido al cumplimiento del pacto alcanzado con Vox. De este modo, la declaración también ha prosperado con la misma proporción de votos: 17 a favor, por parte de PP y Vox, y 11 en contra, de PSOE, Compromís y Vox.

No ha prosperado, sin embargo, la tercera de las propuestas registradas por Vox con la intención de que el pleno del Ayuntamiento de Alicante mostrase el rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur "por resultar un tratado de efectos muy negativos para el sector primario alicantino, valenciano y español". La iniciativa no ha contado, esta vez, con el respaldo del grupo popular, por lo que solo ha sumado los cuatro votos favorables de los representantes de Vox, a pesar de que la portavoz del PP, De España, sí ha sostenido que el acuerdo era mejorable. 

Rechazo a la explotación de yeso

Tampoco ha salido adelante la declaración institucional registrada por Compromís por la que se pretendía manifestar el rechazo a la actividad de explotación de yeso a cielo abierto 'Loma Viudas' promovida en la partida rural de la Cañada del Fenollar "al no quedar garantizada la protección de la salud pública y del medio ambiente", según defendía la propuesta, al margen de reiterar "el compromiso para la recuperación y protección del Valle de Fontcalent". En esta línea, el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado que no debería concederse autorización para el funcionamiento de esa actividad al resultar perjudicial para el entorno y para los residentes de la partida. En esta línea, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, también ha manifestado su rechazo tras sostener que su formación ya había registrado alegaciones frente al proyecto al considerar que el estudio de impacto aportado estaba incompleto.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha señalado que debe promoverse la protección del entorno, por lo que ha considerado que debería analizarse con rigor la propuesta planteada para la explotación de esa yesera. Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha abundado en la situación de saturación que, a su juicio, ya existe en el conjunto de las partidas rurales, y en especial en el entorno de Fontcalent, en relación a la presencia de actividades extractivas o potencialmente contaminantes. "Las partidas siguen siendo el lugar en el que se acumulan industrias en las que el PP no quiere que se vean o se huelan", ha señalado, en alusión a la planta de residuos de titularidad municipal. Así, ha exigido una ordenación eficaz por parte del Ayuntamiento.

Por último, por el equipo de gobierno, el vicealcalde y edil de Urbanismo Manuel Villar, ha señalado que Compromís estaría manipulando a los residentes respecto a la autorización de la actividad, al señalar que no existe ninguna licencia otorgada, sino un expediente en fase de tramitación. Así ha señalado que se ha aportado una declaración de impacto ambiental datada en 2009 relacionada con un proyecto distinto que se ajusta a una legislación derogada. Por ello, ha señalado que el proyecto va a ser rechazado, de forma que el promotor deberá presentar, si persiste en su interés, un nuevo proyecto que deberá reiniciar su tramitación desde cero. Pese a ello, en el momento de la votación, la propuesta ha sumado 17 votos en contra, los del PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y EU Podem.

La iniciativa también promovida por Compromís para instar a las instituciones competentes de la Generalitat Valenciana a iniciar los trámites para eliminar los privilegios de los que disponen los expresidentes autonómicos, y a los miembros del Consell Jurídic Consultiu, tampoco ha salido adelante. El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado que el acuerdo planteado trataba de "dignificar la política" para eliminar privilegios por parte de cualquier otro expresidente autonómico, a colación de que el exjefe del Consell, Carlos Mazón, haya ejercido los derechos reconocidos hasta ahora para procurarse el arrendamiento de una oficina en un edificio del paseo de La Explanada, así como la disposición de hasta dos asesores. La iniciativa ha contado con el respaldo de EU Podem, mientras que la portavoz de Vox, Robledillo, ha señalado que la propuesta responde a la única intención de tratar de sacar rédito político al dirigirse frente a "una persona concreta", a pesar de compartir que debe eliminarse esos privilegios. Además, ha recordado que ya se había planteado una propuesta similar en el pasado, a iniciativa de Unides Podem, y que, a la postre, quedó guardada en un cajón.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha sostenido que el estatuto de los expresidentes no es un premio personal sino una pieza institucional, con independencia de quién la ha ocupado. Así, ha considerado que no podía adoptarse una decisión "en caliente" respecto a algún comportamiento personal concreto. Por ello, ha considerado que debería abrirse un debate serio en les Corts. Además, también ha defendido respeto para el Consell Valencià de Cultura (CVC) después de los "ataques" que, según ha señalado, se han vertido por parte del equipo de gobierno respecto al dictamen emitido sobre el reconocimiento de la romería de Santa Faz como BIC inmaterial. Por último, por el PP, Mari Carmen de España ha considerado que la iniciativa de Compromís es una propuesta demagógica, oportunista y de "linchamiento político". "Hoy señalan a unos y mañana a otros según les convenga", ha añadido. En el turno de votaciones, la propuesta ha quedado rechazada por 25 votos, los de PP, PSOE y Vox.

Más policías y rehabilitación del Ayuntamiento

La propuesta también presentada por la coalición valencianista con la intención de que el equipo de gobierno se comprometiese a incrementar en cien plazas la plantilla de la Policía Local, independientemente de la provisión de las vacantes que se produzcan, en el bienio 2026 y 2027, sí ha prosperado al sumar el apoyo del conjunto de grupos políticos del eje progresista y de Vox. En primer término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha incidido en la falta de efectivos en el cuerpo para atender las incidencias comunicadas por la ciudadanía, como -a su juicio- se habría puesto de manifiesto en el desarrollo de la comisión sobre el funcionamiento de la Policía. En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, tras atribuir a su partido el logro de haber incrementado los recursos disponibles para los agentes y volver a vincular la migración con la delincuencia. Por el PSOE, el edil Miguel Castelló, también ha compartido la necesidad de ampliar efectivos en la Policía, a lo que ha añadido que debe asumirse un calendario claro de incorporación de agentes.

Y por el PP, el edil de Seguridad, Julio Calero, ha recriminado a Mas que haya tratado de fijar conclusiones sobre la comisión respecto al funcionamiento de la Policía cuando todavía no se han cerrado sus conclusiones y ha emplazado a requerir al Gobierno que elimine el límite de la tasa de reposición del 125% que sigue vigente para convocar nuevas plazas en la Policía. En todo caso, ha asegurado que se tratará de cubrir las plazas vacantes "hasta donde nos permita la ley", tras recordar la provisión de medios para el cuerpo o el avance en la ejecución de infraestructuras como la construcción de la nueva Jefatura de Policía en Playa de San Juan. En el momento de la votación, la iniciativa ha sumado los 15 votos de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem, frente a los 13 en contra del PP.

La primera de las declaraciones registradas por Esquerra Unida Podem trataba de instar al equipo de gobierno a presentar un proyecto técnico de rehabilitación del Salón Azul, del Salón de Plenos y del conjunto del edificación del Ayuntamiento y consiga las autorizaciones y financiación pertinentes para su ejecución. La iniciativa ha contado con el respaldo de Compromís y del PSOE. La portavoz adjunta de esta última formación, Trini Amorós, ha incidido en que el PP solo actúa "cuando se le cae el patrimonio encima". "No tienen un plan, tienen un extintor", ha señalado, para tratar de apagar fuegos ya declarados, siguiendo con el símil. Además, ha incidido en que el PSOE lleva reclamando inversiones en el patrimonio desde hace años y ha instado al PP a atender a los informes técnicos y no esperar a que se produzcan los acontecimientos para actuar. Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que su partido podría apoyar la iniciativa, de no ser porque EU Podem votó en contra de sus propuestas presentadas en los presupuestos para que se llevase a cabo esas reformas.

Por el PP, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha apuntado que el proyecto de rehabilitación del ayuntamiento ya está finalizado y que se elevará a la Conselleria de Cultura en próximas fechas, tras apuntar que incluye la reparación del edificio del número 1 de la calle Jorge Juan. Además, ha señalado que ya se cuenta con partida presupuestaria para la rehabilitación de las torres del edificio histórico del consistorio, que se ha conseguido una ayuda de la conselleria y que la intención es ejecutar esa primera intervención este mismo año. La segunda, relacionada con la recuperación de la fachada, se ejecutará con posterioridad, a la que seguirá una tercera actuación que afectará al interior del edificio. De este modo, la propuesta ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Vox.

Por último, tampoco ha prosperado la segunda declaración promovida por EU Podem por la que se pretendía instar al equipo de gobierno y a la empresa concesionaria del servicio de transporte público en autobús a ampliar y reordenar la red de autobuses nocturnos con el fin de favorecer la movilidad pública como alternativa al vehículo privado y mejorar las condiciones de seguridad en los desplazamientos tras el fin de la jornada laboral, entre otros puntos. El edil de Vox, Óscar Castillo, ha considerado que la iniciativa debería ser fruto de un acuerdo de consenso global, y no de una declaración institucional. El edil socialista Raúl Ruiz ha coincidido en la necesidad de la ampliación de horarios nocturnos del servicio para dar servicio a la ciudadanía de barrios en los que no existe conexión en cuanto cae la tarde. Y, por último, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha considerado que no podía aludirse a cuestiones ideológicas como la alusión a las condiciones de igualdad para defender esa petición. Acto seguido, ha señalado que ya se trató de implantar el servicio nocturno y se tuvo que retirar la no tener respuesta suficiente. Además, ha señalado que no resulta viable la posibilidad de realizar paradas a demanda, toda vez que el conductor sería responsable de lo que pudiese ocurrir al pasajero en ese trance. A ello, ha añadido que también existe la prohibición de hablar con el conductor. En todo caso, sí ha señalado que se está trabajando en el estudio de una ampliación del número de paradas en las líneas nocturnas para acortar los desplazamientos a pie en esos horarios. Con todo, en último término, la propuesta ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox. Esa ha sido la última de las iniciativas abordadas en el pleno.