ALICANTE. El Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante da oficialidad a los cambios introducidos en el concurso para enajenar la parcela de suelo público situada en el número 5 de la calle Ceuta del barrio de San Blas, destinada a la construcción de vivienda de protección pública (VPP), al dar cuenta este viernes ante el consejo rector del decreto con las nuevas medidas de control con las que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP)  pretende evitar que puedan producirse situaciones de conflicto de interés por la existencia de posibles vínculos entre funcionarios, constructores y compradores de los futuros pisos. Ese decreto conlleva también la ampliación del plazo para la presentación de ofertas en la licitación que se abrió el pasado mes de enero en otros tres meses más, por lo que cualquier promotora interesada podrá registrar su propuesta hasta el próximo 30 de junio.. Eso sí, el traslado de los pormenores de ese decreto ha vuelto a motivar la crítica de los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen de oposición, quienes han coincidido en denunciar que esas modificaciones siguen dejando la fórmula de venta de los futuros pisos al promotor que resulte adjudicatario del solar.

Por partes. Fuentes municipales han detallado, a través de un comunicado, que "los pliegos actualizados han sido publicados este mismo viernes en el perfil del contratante del Patronato de la Vivienda, fijando un plazo para la presentación de proposiciones hasta el 30 de junio a las 14 horas. En esta promoción se construirán 30 VPP de las que al menos tres deberán cederse al Patronato de Vivienda para alquiler asequible a cambio de la enajenación de la parcela municipal valorada en 457.549 euros". 

En esta línea, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que "estas medidas se introducen para garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia de conformidad al artículo 44 del Decreto 180/2024,de 10 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana". De Juan ha explicado que "para garantizar la máxima concurrencia y transparencia de la licitación, se procede a la actualización de los pliegos dando de nuevo un plazo de tres meses desde la actualización de la licitación en el perfil del contratante para presentar las ofertas de este concurso". "Estas actualizaciones son una muestra del esfuerzo y el compromiso de este equipo de gobierno por la promoción de vivienda pública maximizando los controles y transparencia de cualquier VPP gestionada desde el Ayuntamiento de Alicante", ha añadido el edil.

El edil delegado del Patronato de la Vivienda ha recordado que "trabajamos para todos facilitar el acceso a la vivienda a todos los perfiles sociales, especialmente los más vulnerables, a través de los programas de vivienda social, alquiler asequible, intergeneracionales de mayores y jóvenes, universitarios, además de las viviendas destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad a través de Bienestar Social".

Nueva normativa para el acceso a VPP

Como informó este diario, en las normas introducidas por el Patronato de la Vivienda se requiere que el adjudicatario, subcontratista, comercializadores, beneficiarios y miembros de la mesa de contratación deberán suscribir una declaración de ausencia de conflictos de intereses a la formalización del contrato (DACIs). Además, la empresa adjudicataria debe presentar un pliego de condiciones de comercialización que deberá se aprobado por el Patronato y se prohíbe su inicio hasta obtener la calificación provisional, así como la recepción de pagos a cuenta hasta obtener la autorización de la Conselleria de Vivienda.

Además, la modificación del pliego de condiciones de comercialización incorpora la declaración de ausencia de conflicto de intereses para los potenciales beneficiarios de una VPP, documento que deberá ser firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años. También deberá contempla el régimen de uso, número de viviendas, garajes y trasteros, vinculados o no a la promoción, superficies útiles y precios máximos aplicables. Además, se tendrán que explicar las formas de pago, la duración del periodo de protección, condiciones de los programas de protección pública, planos, plazo de las obras, fecha y plazos de inscripción -que deberá ser de al menos 30 días, con anuncio previo mínimo 10 días antes-, formas de adjudicación (sorteo, baremación, antigüedad de la inscripción,…) y el modo de asignación de las viviendas.

En el pliego también se establecerán los mecanismos de publicidad y transparencia de la promoción de VPP. En este sentido, debe figurar el modelo de contratos a formalizar los beneficiarios y los medios y soportes para publicitar la promoción (mediante web, app, que pueda ser compartida en la del Patronato).

Una vez finalizado el periodo de inscripción, el adjudicatario deberá comunicar la Patronato de la Vivienda la lista provisional de adjudicatarios y lista de espera con consentimiento previo, y se dará un plazo de al menos 7 días naturales para la presentación de alegaciones. Una vez resueltas, se comunicará de nuevo la lista definitiva de adjudicatarios al Patronato. Además, el Patronato trata de reforzar igualmente los controles posteriores de la promoción introduciendo la obligatoriedad para el contratista de presentar informes trimestrales o a requerimiento de este organismo de las transacciones realizadas con los beneficiarios de las viviendas (reservas, contratos, visados, escrituras, etc.). Por último, se añade que el Ayuntamiento podrá fijar una baremación que atienda a criterios de empadronamiento para reforzar el mecanismo de arraigo de los beneficiarios de las VPP.

El eje progresista denuncia la imposición y exige selección pública

Por su parte, tanto PSOE como Compromís y EU Podem han expresado su rechazo respecto al nuevo planteamiento al considerar que no estaría garantizado el control público del futuro de las viviendas. En primer término, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno "que sea el Ayuntamiento quien se encargue de recoger y ordenar las solicitudes de las personas interesadas en adquirir una vivienda pública en la futura promoción de la calle Ceuta (San Blas), con el objetivo de garantizar el control público del proceso y evitar un nuevo pelotazo urbanístico como el de Les Naus". En esta línea, fuentes del partido han señalado que en la reunión del Patronato de Vivienda "se ha admitido que será el promotor que asuma la obra quien decida si la adjudicación de viviendas se hace por sorteo, baremación o antigüedad en la inscripción".

Así, la concejala socialista Silvia Castell ha denunciado que esta decisión "supone renunciar al control público en un asunto tan sensible como el acceso a la vivienda". "Con la que está cayendo en Alicante, es inadmisible que se deje en manos de una empresa privada decidir quién accede a una vivienda pública. Barcala no garantiza ni transparencia ni igualdad de oportunidades y, además, abre la puerta a posibles recursos judiciales por modificar los pliegos con el proceso de licitación ya en marcha".

Castell ha señalado que esta situación deriva del decreto impulsado por el Consell de Mazón, que elimina garantías en los procesos de adjudicación. "Barcala se escuda en esa normativa para desentenderse, pero la realidad es que está permitiendo que el acceso a la vivienda deje de ser un proceso justo y controlado públicamente. Y no sólo ocurrirá en la promoción de vivienda de la calle Ceuta, sino en todas las planificadas en el Plan Vive".

Asimismo, la edil ha subrayado el cambio de modelo "respecto al compromiso inicial del alcalde". "Barcala prometió 30 viviendas de alquiler asequible para familias trabajadoras y ha terminado cediendo el control a un promotor para que las venda a quien considere. Ahora dice que el Ayuntamiento no puede asumir la construcción porque está condicionado por un plan de ajuste aprobado por PP y Vox por la mala gestión económica, pero cabe recordar que el Ayuntamiento devolvió una subvención de 1,2 millones de euros del Consell para construir, precisamente, estas viviendas". "Lo que estamos viendo es un nuevo ejemplo de cómo el PP utiliza suelo público para favorecer intereses privados. Alicante no puede permitirse repetir escándalos como el de Les Naus. Hace falta transparencia, control público y reglas claras para garantizar que las viviendas lleguen a quien realmente las necesita", ha concluido.

En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido que, con la modificación del concurso, "hemos sufrido un auténtico atraco". "El gobierno ha aprobado por decreto, sin votación, destinar el suelo público de la calle Ceuta a nuevas VPP, dejando en la basura las 32 viviendas públicas que llevamos 8 años defendiendo en el patronato", en alusión al planteamiento previo, por el que se preveía que fuese el Ayuntamiento quien actuase como promotor de la construcción de las viviendas de forma directa. En este sentido, Mas ha considerado que el PP ha rechazado "una subvención de casi 1,5 millones de euros para construir vivienda pública, han eliminado la financiación prevista y ahora pretenden 'regalar' ese suelo a una promotora privada".

"¿El resultado?", se ha cuestionado. "Viviendas protegidas a precios de 250.000 a 316.000 euros, inaccesibles para muchas familias. Han convertido el Patronato en una agencia inmobiliaria y el suelo público en un negocio para especular. Defendamos nuestro suelo ante especuladores", ha incidido.

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que "lo que hoy se ha comunicado no se vota porque ya está decidido, y ese es precisamente el problema, en referencia al decreto sobre la modificación de las condiciones del pliego de la parcela municipal situada en la calle Ceuta". Copé ha advertido que "se está hablando de enajenar suelo público mediante una operación de colaboración público-privada, algo que debería pasar por un debate político de fondo y no por un simple trámite de dar cuenta".

En este sentido, ha subrayado que "la experiencia reciente en la ciudad obliga a ser especialmente exigentes, ya que cuando se pierde el control sobre el suelo público aparecen la opacidad, los retrasos y las dudas sobre el proceso", ha explicado, en alusión a la controversia sobre las viviendas de Residencial Les Naus, ahora objeto de diligencias de investigación penal. Por último, ha defendido que Esquerra Unida Podem apuesta por "reforzar el parque público de vivienda desde lo público, sin renunciar al control sobre el suelo, porque el suelo público debe ponerse al servicio del derecho a la vivienda".