ELCHE. La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Elche por el uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) al no apreciar irregularidades, fraude ni corrupción en la gestión de estos fondos durante el ejercicio 2026. La resolución, según ha informado el consistorio ilicitano, avala la actuación municipal y descarta que las modificaciones presupuestarias realizadas hayan vulnerado la normativa vigente.
La denuncia cuestionaba que determinadas modificaciones presupuestarias financiadas con remanentes pudieran comprometer el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y del Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado por el Ayuntamiento. Sin embargo, tras analizar la documentación remitida por el consistorio, la Agencia Antifraude ha concluido que se cumplen los objetivos exigidos por la normativa y ha decidido cerrar el expediente.
Durante la investigación, el organismo autonómico solicitó diversa documentación, entre ella informes de Intervención, evaluaciones de estabilidad presupuestaria, rendiciones a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL) e informes de seguimiento del PEF. Tras revisar estos documentos y las modificaciones presupuestarias efectuadas, determinó que la gestión económica municipal se ajusta a los parámetros de estabilidad presupuestaria establecidos.
El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha valorado la resolución como una confirmación de que la gestión económica del Ayuntamiento se ha desarrollado “dentro de la legalidad y bajo el control de los órganos fiscalizadores”. El edil ha defendido además que la resolución reconoce la existencia de los mecanismos de control y seguimiento previstos por la legislación y ha rechazado cualquier sospecha sobre el uso de fondos públicos.
Soler ha asegurado que el Ayuntamiento “no tiene ningún problema económico” y ha señalado que los recursos procedentes de los ahorros municipales se están destinando a inversiones que repercuten en la mejora de la ciudad y de los servicios públicos. En este sentido, ha sostenido que el destino de esos fondos “no pone en duda la solvencia económica” del consistorio.
El archivo de la denuncia supone el cierre de una investigación que examinaba la utilización del remanente presupuestario por parte del Ayuntamiento de Elche y respalda la posición mantenida por el gobierno municipal sobre la legalidad de estas operaciones financieras.