ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante abre la bolsa generada tras la celebración de la oposición bajo sospecha del caso enchufes y asume la incorporación de otros siete aspirantes que superaron todas las pruebas, tras ejecutar el compromiso adquirido por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) de acumulación de las plazas vacantes por jubilación. Así, esos siete candidatos que concurrieron a la convocatoria de turno libre amplían la relación de 92 opositores seleccionados hasta ahora y accederán, también, a los cursos de formación a desempeñar en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) antes de que puedan tomar posesión de sus puestos como agentes de Policía Local.
Esos siete nuevos seleccionados son, por orden de prelación, los siguientes opositores que obtuvieron las valoraciones más altas tras el desarrollo de las pruebas, en las que consiguieron una puntuación global de entre 17,690 y 17,180, según se detalla en el edicto por el que se les emplaza a presentar la última documentación necesaria para acreditar que cumplen los requisitos delimitados en las bases de la convocatoria. En concreto, se les da un plazo de veinte días naturales para hacerlo.
La selección de esos siete nuevos aspirantes coincide con otra resolución paralela sobre el mismo proceso de oposiciones. En este caso, emanada de los juzgados. Se trata del auto, fechado el pasado 6 de julio aunque conocido ahora, por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 8 acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias instruidas sobre la difusión de un documento a través de canales como la aplicación de mensajería whatsapp en la que se ponían de manifiesto supuestas irregularidades en las oposiciones al cuerpo local, entre otras anomalías susceptibles de comisión de distintos delitos presuntamente atribuidas al comisario principal, José María Conesa.
Precisamente, ese fue el documento que puso en entredicho el desarrollo de las oposiciones hasta el punto de forzar la constitución de una comisión de fiscalización en el Ayuntamiento para tratar de esclarecer si existió un trato de favor a determinados opositores que guardaban relaciones de parentesco o amistad con mandos policiales, con ediles y expolíticos, con representantes sindicales y con responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio municipal.
Las denuncias acumuladas
Dichas diligencias de investigación judicial se incoaron a partir de la denuncia presentada por el secretario provincial del sindicato SPPL frente al portavoz del mismo sindicato en el Ayuntamiento de Alicante, a las que se acumularon después las denuncias presentadas ante la Policía Nacional y ante la Guardia Civil por el mismo Conesa y por otros mandos de la Policía Local. No obstante, el juez determina ahora que de las averiguaciones emprendidas "tanto por la Policía Nacional de Alicante, Brigada Provincial de Policía Judicial, Grupo de Delitos Tecnológicos, UDEV, como de la Guardia Civil, resulta que no es posible determinar la autoría del documento en cuestión, e incluso se llega a la determinación de que el documento en cuestión fue difundido en varios grupos".
Así, añade que "la conclusión que de ello resulta es que, no siendo posible atribuir a persona concreta la redacción del documento en cuestión ni su difusión inicial o puesta en circulación a través de los sistemas de mensajería, WhatsApp o redes sociales en los que se difundió, no es posible atribuir la comisión de delito alguno a persona concreta determinada, señaladamente al denunciado en la denuncia inicial". Es decir, el portavoz del SPPL en el Ayuntamiento.
