ALICANTE. La modificación del PGOU impulsada por el Ayuntamiento de Alicante para ampliar el área industrial de Las Atalayas con la generación de otros 650.000 metros cuadrados de suelo apto para la implantación de empresas queda abocada a un compás de espera que se prolongará al menos durante los dos próximos meses. Ese es, cuando menos, el plazo previsto para que el planteamiento municipal -en el que se viene trabajando durante los dos últimos mandatos- pueda ajustarse al que, hasta ahora, pasa por ser el último requerimiento planteado por la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio: la incorporación de medidas que garanticen el drenaje de esa nueva bolsa de suelo con una correcta evacuación de pluviales.

En esta línea, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), acaba de concertar la realización de un trabajo de consultoría externa, a través de una contratación menor (por un importe de 17.787 euros), por la que se plantea la adaptación de la solicitud de modificación del PGOU (la número 43 que se tramita desde 1987) a las instrucciones y recomendaciones formuladas por el departamento autonómico de Planificación Territorial, con el fin de que se cumplan las condiciones de prevención de riesgos de inundabilidad marcadas en el Patricova para la zona que se pretende recalificar, como se puso sobre la mesa en la reunión de la comisión de evaluación ambiental del pasado mes de enero.

Se trata de una planificación necesaria dadas las condiciones orográficas del terreno propuesto, y la preexistencia de infraestructuras comunicativas en el ámbito en el que se proyecta la ampliación del polígono, al quedar perimetrado por la proximidad del trazado de la A-31, el de A-70 y el curso del Barranco de Aguamarga. Como informó este diario, a esas circunstancias se sumaría la necesidad de generar un nuevo acceso directo desde la A-31 al recinto empresarial, lo que podría conllevar la creación de otra barrera física más susceptible de bloquear la escorrentía de aguas. 

En principio, ese trabajo de adaptación del documento urbanístico parte con un plazo de ejecución de dos meses, como se ha dicho, de modo que la propuesta de modificación del planeamiento podrá volver a elevarse a la consideración de la comisión de evaluación ambiental entre los meses de mayo o junio. 

300.000 metros netos

De aprobarse, el planteamiento perseguido por el equipo de gobierno permitirá disponer de al menos otros 300.000 metros cuadrados netos de suelo -una vez descontada la superficie necesaria para la distribución de viales- que quedarán al alcance de nuevas empresas interesadas en asentarse en Las Atalayas, o para el desarrollo de proyectos de ampliación de instalaciones de las empresas ya posicionadas en el polígono. De hecho, como también ha informado este diario, varias de ellas ya han confirmado su interés por crecer, sin poder acometer la expansión de sus naves por falta de superficie.