ALICANTE. Las consecuencias de la pieza desgajada del caso Brugal sobre el presunto amaño en la construcción de la planta de tratamiento de residuos de la comarca de la Vega Baja -todavía pendiente de sentencia un año después de que concluyese el juicio contra los trece procesados por esa trama- continúan coleando con efectos colaterales sobre la ciudad de Alicante. Esa repercusión llega en forma de ingresos extra por el uso de la planta de residuos de titularidad municipal, situada en la partida de Fontcalent, como punto para el tratamiento y eliminación de los desechos procedentes de gran parte de los 27 municipios del sur de la provincia.

En concreto, el Ayuntamiento de Alicante percibirá una suma próxima a los 4,1 millones anuales (4.125.000 euros) hasta 2027 por la gestión de un máximo de 69.250 toneladas de residuos al año de esas poblaciones, a razón de 69,54 euros por cada tonelada. Así queda estipulado en el nuevo convenio de colaboración suscrito con el consorcio de residuos de la Vega Baja, a partir de la resolución del Consell que establece la planta de Alicante como uno de los centros de tratamiento alternativos para los desechos de esa comarca durante el tiempo en el que se demore la construcción de su propio vertedero.

Lo cierto es que no se trata de una situación novedosa. En realidad, el convenio viene a renovar el acuerdo que se estableció inicialmente en el año 2016 con idéntico objetivo. Ese acuerdo se actualizó en 2018 y, más tarde, de nuevo en 2020, con la particularidad de que, entonces, se estableció que la planta de Fontcalent recibiría un máximo de 40.000 toneladas anuales derivadas desde los municipios de la comarca alicantina más meridional, como informó este diario.

No obstante, esas cifras ya quedaron rebasadas al menos durante el ejercicio de 2022, cuando el centro de tratamiento de Alicante recibió 57.865 toneladas trasladadas desde las ciudades de ese plan zonal de residuos ajeno. Y, por el momento, ya se habría alcanzado una cifra próxima a los 28.000 en los siete primeros meses de este ejercicio (2023). Sea como fuere, ese límite máximo que se fijó en 2020 queda ampliado y regulado ahora hasta las 69.250, a través del nuevo acuerdo a rubricar ahora, después de que se haya ejecutado una actuación de mejora y consolidación del vaso de vertido número cuatro, que permite ampliar el periodo de uso de las instalaciones de Fontcalent.

A partir de esa intervención, que ha supuesto un desembolso de 1,7 millones, la planta de tratamiento habría ganado diez años de vida útil, según precisaron fuentes del departamento municipal de Limpieza y Gestión de Residuos. Con ello, se procuraría la capacidad necesaria para gestionar la eliminación de los desechos de la capital y los procedentes de la Vega Baja, sin tener que acudir a corto plazo necesariamente a la construcción de una quinta celda de vertido -para la que se requeriría de la autorización previa de la Generalitat- como se había llegado a plantear hasta ahora.

Planta de transferencia y más inversiones

Esa ampliación de la vida útil de las instalaciones actuales de Fontcalent también quedaría reforzada tras tener en cuenta otras dos circunstancias adicionales. La primera, que el consorcio de residuos de la Vega Baja se compromete a realizar un tratamiento previo de selección y compactación en la planta de transferencia de la que ya dispone, situada finalmente el término municipal de Dolores. Y la segunda, que Alicante también ha invertido en la modernización de las instalaciones de Fontcalent para mejorar la separación de residuos y reducir el porcentaje de vertido con la incorporación de dos nuevos trómeles, con un coste próximo a los dos millones, así como nuevas cintas de transporte de los residuos.

Además, el Ayuntamiento estaría a la espera de que se produzca la resolución sobre nuevas convocatorias de los Fondos Next Generation a las que ha acudido con propuestas de proyectos para la modernización de la planta por valor de 15 millones para mejorar el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos, por ejemplo, a la espera de que pueda licitarse la explotación de la planta a través de un nuevo concurso. Entre tanto, el centro de tratamiento seguirá bajo la gestión de UTE Alicante (FCC, PreZero, Inusa y Grupo Cívica) por un plazo máximo de otros dos años, en función de la nueva prórroga que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), prevé conceder antes de que venza la prórroga actual, el próximo mes de septiembre.