Joaquín Ripoll, en su etapa como presidente del puerto de AlicaNte. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE).- El expresidente del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll serán tres de los acusados que a partir de este martes serán enjuiciados por el supuesto amaño en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, entre los años 2008 y 2009.
Trece años después de los hechos investigados, el juicio está previsto que arranque este martes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, en su sede de Elche, con las cuestiones previas y, si no hay demoras, quedará visto para sentencia el 30 de junio de 2022, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Esta causa es una de las veinte piezas separadas del 'caso Brugal' iniciado a cuenta de las supuestas anomalías en la concesión de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela. El proceso sobre el Plan Zonal, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la Vega Baja, se dirige contra Ripoll, Ortiz y Fenoll y otras diez personas, entre las que figura la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente.
El tribunal ha previsto once jornadas de noviembre, de los días 2 al 24, el planteamiento y resolución de las cuestiones previas que planteen las partes, entre ellas la posible invalidez de las intervenciones telefónicas que soportan gran parte de las pruebas de las acusaciones.
La Audiencia ya ha aceptado la invalidez de parte de esos pinchazos telefónicos en otras de las piezas separadas del Brugal, por ejemplo en las de las basuras de la ciudad de Orihuela, lo que dejó libre a los 34 acusados, entre ellos los referidos Fenoll y Lorente.
Tras dilucidar las cuestiones previas, el juicio propiamente dicho comenzará el 18 de enero y seguirá durante 65 sesiones hasta junio para concluir el día 30 de ese mes, según el calendario marcado en una providencia emitida casi un año por la Audiencia Provincial.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que, entre 2008 y 2009, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del plan zonal por el que Ortiz lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle. En ese acuerdo, según la acusación pública, medió la supuesta entrega de prebendas, como dos viviendas situadas en el centro de Alicante a favor de Ripoll.
La Fiscalía solicita inicialmente penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para Ripoll al considerarle responsable de los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
