ALICANTE. El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente de Alicante, Manuel Villar, ha comparecido en pleno ordinario de mayo, este jueves, para ofrecer explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto al conflicto del ruido vinculado a la actividad del ocio y la hostelería en el Centro Tradicional, en respuesta a la solicitud formulada por el grupo municipal del PSOE. Y lo ha hecho, primero, para insistir en la defensa de los pasos adoptados hasta ahora, entre los que ha incluido la interposición de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) frente a la sentencia de primera instancia en la que se conmina al Ayuntamiento a acordar la implantación de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en la calle Castaños. Pero también, para dar a conocer el alcance de esa ZAS -que se aplicará al margen de ese recurso- hasta el punto de anticipar que se extenderá hasta calles adyacentes e incluso hasta la calle San Francisco.
Villar ha insistido, en primer término, en que ese recurso de apelación (que se suma a los tres presentados por el sector hostelero) no evitará que se apliquen medidas de control para favorecer el descanso vecinal. Es más, ha insistido en que "compartimos el fondo de la sentencia y somos conscientes de un problema que se debe solucionar". No obstante, ha insistido en que se había interpretado que la sentencia apuntaba situaciones que no podían ser compartidas, como el hecho de que se acordase una estimación total de la demanda presentada por los dos residentes del Centro que iniciaron el procedimiento, cuando, en realidad, el fallo solo acuerda que se declare una ZAS limitada a la calle Castaños, y no al conjunto del Centro Tradicional, como solicitaban los demandantes.
Además, también ha recalcado que, a juicio del equipo de gobierno, no podía asumirse que se apuntase a una vulneración de derechos fundamentales de los vecinos, en la medida en que, a su juicio, no estaría acreditada una afección individualizada particular respecto a los vecinos demandantes. De ahí que se haya optado por presentar recurso, según ha insistido, al sostener que el fallo tendría consecuencias no asumibles por el Ayuntamiento. "La vulneración de un derecho fundamental debe acreditarse de manera individualizada, y eso entendemos que no ha sucedido", ha recalcado, en la medida en que no se habría "aportado prueba alguna" sobre mediciones que lo demuestren. "Lo que no quiere decir", según ha recalcado, "que no exista ruido en las viviendas", por lo que ha reiterado que se adoptarán medidas para reducir el problema.
Plazo de ejecución, suspendido con los recursos
De igual modo, se ha referido al plazo de dos meses conferido en la sentencia de primera instancia para señalar que resulta "de imposible cumplimiento" por los tiempos que requiere la tramitación administrativa del acuerdo de declaración de una ZAS. En todo caso, ha apuntado que, con la interposición de los recursos, ese plazo quedaría suspendido en la medida en que la sentencia todavía no sería firme.
