ALICANTE. La controvertida ordenanza de convivencia de Alicante (puede leer aquí su contenido y su régimen sancionador) entra oficialmente en vigor. Desde este viernes, la regulación promovida por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), comienza a ser de aplicación una vez superado el plazo de 15 días desde su publicación en boletines oficiales, tras su aprobación definitiva en pleno, el pasado 9 de febrero. En esa sesión, la propuesta prosperó por mayoría absoluta gracias al respaldo de los dos concejales de Vox. Por su parte, las tres fuerzas que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) mantuvieron su rechazo, alineado con el de la Plataforma contra la Pobreza, la Plataforma 8 de marzo, los sindicatos UGT y CCOO y varias entidades sociales dedicadas a la atención de colectivos vulnerables, entre las que figura la propia Cáritas.
La práctica totalidad de esos colectivos presentó alegaciones contra la norma sin obtener resultado. Todas las presentadas quedaron rechazadas, salvo las planteadas por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) para tratar de introducir el ofrecimiento de una respuesta social municipal a personas sin hogar y prostitutas y la reducción en los importes de las sanciones. Así que el rechazo de ese conjunto de entidades y formaciones políticas se ha seguido sustanciando en iniciativas anteriores y posteriores a la aprobación del texto, en forma de queja ante la Sindicatura de Greuges, como la presentada por la Plataforma 8 de marzo el pasado noviembre, o de impugnación, como el recurso contencioso-administrativo registrado por Unides Podem EU ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Como informó Alicante Plaza, a través de ese recurso, se persigue la anulación de la ordenanza con el argumento de que su redacción contraviene los preceptos recogidos en varios compromisos internacionales adquiridos por España. Básicamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea o la Agenda Urbana de la UE.
Lo cierto es que, al margen de otras iniciativas políticas como la Proposición No de Ley también promovida por Unidas Podemos en el Congreso, ese contencioso constituye una de las últimas alternativas vivas a la que el bloque político y social contrario a la regulación puede seguir aferrándose con el fin de que su aplicación pueda paralizarse. Al menos por lo que respecta a dos de los aspectos que han suscitado mayor contestación: la prohibición de dormir en la calle y la prohibición del ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública con sanciones para las mujeres prostituidas. Así, en el recurso se solicita la suspensión cautelar de los artículos 22 bis y 26 (en los que se recoge las dos prohibiciones) hasta que se resuelva sobre el fondo de la impugnación.
Por el momento, no existe ningún pronunciamiento sobre esa petición. De hecho, el TSJ no habría comunicado aún la admisión a trámite del contencioso, presentado la semana pasada, por lo que, en todo caso, una hipotética resolución favorable a esa solicitud llegará ya después de la implantación inicial de esas prohibiciones que el bloque progresista de la oposición municipal ha convertido en uno de los asuntos centrales del mandato para tratar de desgastar al bipartito. Y también, en instrumento para intentar alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias de una hipotética alianza entre el centro derecha y la ultra derecha tras las próximas elecciones municipales de 2023.
