La última protesta contra la ordenanza celebrada en la Plaza del Ayuntamiento.ALICANTE. Sin sobresaltos. La propuesta de ordenanza de convivencia cívica de Alicante trazada por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha quedado ratificada este miércoles en comisión informativa de Presidencia con el respaldo de Vox. Salvo cambio de criterio, la nueva normativa quedará avalada en el próximo martes en una sesión extraordinaria con lo que comenzará a ser de aplicación en el momento en el que se produzca la publicación de su versión definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), más de un año y medio después de que el texto inicial quedase aprobado en Junta de Gobierno.
La ratificación de la propuesta, que ya quedó aprobada de forma inicial en el pleno de noviembre (entonces, también con los votos de Vox), ha contado con el rechazo en bloque de los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Las tres formaciones han vuelto a reproducir sus argumentos en contra (básicamente, la tesis de que la norma supone la persecución y la penalización de colectivos vulnerables) para exigir que el texto se retirase con el fin de que pudiese reformularse con la participación de entidades sociales.
Ese rechazo se ha mantenido después de que se hayan desestimado las últimas aportaciones presentadas por Unides Podem EU y Compromís respecto a las alegaciones promovidas por Cs: las únicas que se han incorporado a la versión definitiva del texto (al margen de otra presentada por un agente de Policía Local a título particular) tras el periodo de exposición pública, en la que se registraron más de una decena de solicitudes de rectificación por parte de entidades sociales como la Plataforma contra la Pobreza, la Plataforma Feminista, Cáritas o los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.
En realidad, en el debate de esas últimas aportaciones formuladas por los grupos políticos, sí se habría tomado en consideración una corrección de texto solicitada por Unides Podem EU. El resto, habrían quedado desestimadas con los votos de PP, Cs y Vox. Y en el caso de las de Compromís, también con el voto en contra de PSOE.
¿Qué plantea la ordenanza? Como viene defendiendo el equipo de gobierno desde 2020, se trata de una regulación que trata de "fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva" y contra la prostitución. Además, a diferencia de la norma precedente (aprobada en 2014 bajo el mandato de la popular Sonia Castedo y retirada por el extinto tripartito en 2015), se habría trabajado en una propuesta que no solo faculte a la Policía Local para intervenir frente a comportamientos inadecuados que generen molestias, coacciones o hostigamiento para el conjunto de la ciudadanía, sino que también se implicaría a los servicios sociales municipales para ofrecer alternativas a las personas que pudiesen encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
Así lo ha subrayado, de hecho, el edil de Seguridad, José Ramón González (PP), durante su defensa de la propuesta en la comisión, para destacar que "es una norma justa, útil, solidaria para hacer de Alicante una ciudad mejor y más segura que cuenta con un Plan de Inclusión Social. Una ordenanza muy necesaria y buena, que demandan los propios alicantinos, y con su aprobación vamos a resolver los conflictos ciudadanos, asegurar la convivencia y actuar contra las conductas incívicas y las mafias organizadas". En esta línea, ha reprochado que desde el tripartito de izquierda "no hicieron nada por las personas necesitadas y los indigentes" y ha sostenido que la nueva normativa "cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales que nos están continuamente mandando quejas vecinales de la situación que hay en la ciudad, están pidiendo que actuemos y quieren la ordenanza, que es buena y necesaria, pido que trabajemos todos juntos por el bien de nuestra ciudad".
El DICTAMEN FAVORABLE A LA ORDENANZA LLEGA A DOS DÍAS DE QUE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2022 SE SOMETA A LA PRIMERA VOTACIÓN EN COMISIÓN DE HACIENDA, CUANDO LOS VOTOS DE VOX TAMBIÉN PUEDEN VOLVER A SER CLAVEs
En este marco, González ha insistido en que la ordenanza se llevará a pleno "para que las mujeres prostituidas puedan salir de esa situación, ayudar a aquellas personas que están en la indigencia y que podamos convivir todos, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos, para dar protección social a las personas más necesitadas".
Además, fuentes municipales han recalcado, a través de un comunicado, que "la ordenanza cuenta con la participación de las concejalías de Acción Social, Igualdad y Seguridad, y se pondrán en marcha todas las medidas necesarias para su entrada en vigor". "No vamos a tolerar que la convivencia en Alicante se rompa, por lo tanto espero que se apruebe el próximo pleno una buena ordenanza para mejorar la convivencia cívica de la ciudad de Alicante", ha abundado González. "La nueva norma pretende preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. El equipo de Gobierno lleva trabajando en este proyecto durante varios años para su elaboración, y se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también se ha aprobado en muchos Ayuntamientos con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos", según concluye el comunicado.
Al tiempo, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos (Cs), Mari Carmen Sánchez, ha señalado que "estamos muy satisfechos porque se haya tenido en cuenta nuestras alegaciones. Entendemos que dotan de un marcado carácter social a la ordenanza". "Nuestra propuesta persigue luchar contra las causas del problema y no contra las personas, que son víctimas. Estas causas son las que motivan que las acciones que alteran la convivencia. En resumen, buscamos, de forma paralela, la regulación de la convivencia con la protección social de las víctimas", ha añadido.
Con todo, esas consideraciones continúan sin ser compartidas por PSOE, Unides Podem EU y Compromís, ni por el conjunto de asociaciones que han registrado alegaciones frente a la propuesta. En cualquier caso, lo cierto es que el dictamen de la comisión de Presidencia sobre la ordenanza llega, además, a dos días de que se produzca la primera votación sobre la propuesta de presupuestos municipales para 2022 en la comisión de Hacienda. Todo parece indicar que esa propuesta podría elevarse a pleno en la sesión extraordinaria prevista para el día 15 o en otra posterior que podría celebrarse el jueves 17. En cuanto la propuesta llegue a pleno, el bipartito necesita al menos de la abstención de un concejal de la oposición para procurar que las cuentas queden aprobadas por mayoría simple. Hasta el momento, ninguno de los cuatro partidos opositores ha garantizado su intención de facilitar que las cuentas queden aprobadas, aunque al menos Vox sí ha expresado su predisposición a ello, siempre que se acaben incorporando gran parte de sus enmiendas.
Como mínimo, en el informe de resolución emitido por los técnicos de la Concejalía de Hacienda se acepta el debate y votación del 100% de sus iniciativas: 21 propuestas relacionadas con el desarrollo de acciones en las partidas rurales, la dotación de una comisaría de Policía Local en la Zona Norte o en el impulso de medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de los jóvenes, entre otras medidas que se plantea crear con una dotación simbólica de un euro.
Sea como fuere, la aprobación de la ordenanza ya ha suscitado reacciones políticas entre los grupos opositores. En primer término, la edil del PSOE, Llanos Cano, ha sostenido que "el bipartito impone a los técnicos criterios políticos para rechazar las enmiendas de la ordenanza de mendicidad y prostitución". "Hoy en la Comisión de Presidencia y Régimen Interno, por fin le hemos quitado la careta al señor Barcala y se ha reconocido que se le ha ordenado al técnico que incluya criterios exclusivamente políticos disfrazados como un informe técnico para rechazar las enmiendas a la ordenanza de mendicidad y prostitución", ha recalcado.
Para la edil, "es inconcebible que se rechacen todas las enmiendas a esta ordenanza de las vergüenza de los grupos políticos, entidades sociales y sindicatos, y se acepte solo la de Ciudadanos, cuando éstas iniciativas están inspiradas en las del grupo municipal socialista. Ha quedado muy claro que ha sido Barcala, y solo Barcala, es el que ha decidido incluir, al final del trayecto a la mitad de su gobierno, porque políticamente ha querido", ha señalado.
En esta línea, ha recalcado que, a sus preguntas, "se ha desvelado que no ha habido criterios sociales para la aplicación de la nueva norma y que no se ha hecho ni un solo informe ni se ha presentado una sola alegación por parte de Acción Social a esta ordenanza cívica". "La ordenanza de mendicidad y prostitución aprobada, la Castedo Plus, solo contribuye a penalizar y criminalizar la pobreza; la aprobación de la ordenanza es una imposición de Vox para alcanzar un acuerdo presupuestario, a costa de los mas desfavorecidos", ha concluido.
En segundo lugar, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha considerado que "este es el pago de Barcala a la ultraderecha a cambio de unos presupuestos que ha sido incapaz de acordar con nadie. Y es el abrazo del oso de Vox al Partido Popular, que convierte Alicante en un experimento para aplicar las medidas más antisociales e insolidarias de España", ha señalado. "Hoy nuestra ciudad es más insegura para mujeres, personas sin hogar y colectivo LGTBI. Y también menos democrática, porque se ha admitido en comisión de manera clara las directrices políticas que soporta el personal técnico con este gobierno municipal de la derecha. Algo indignante y por lo que deben dar explicaciones", ha añadido.
De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "desde Compromís se ha vuelto a rechazar hoy la Ordenanza de la Vergüenza que ha impulsado el PP, con la complicidad cobarde de Ciudadanos, para asumir las demandas de sus socios ultras. Una ordenanza que ha recibido una fuerte contestación social desde una mayoría de entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión social y que han visto como el PP de Mazón y Barcala han rechazado dialogar y trabajar una verdadera ordenanza de convivencia de carácter social y que penalice las conductas incívicas sin caer en actitudes aporofóbicas, populistas y demagógicas".
A su juicio, "el bipartito de Barcala, bajo las órdenes de Mazón, muestra su cara más cruel, cobarde ante la exclusión social y su cara más servil ante la agenda de la ultraderecha. Mientras regala el dinero de los alicantinos dejándolo en los bancos, en lugar de invertirlo en la ciudad, mientras mima a los poderosos, a los amigos de siempre, muestra mano dura con aquellos que bastante tienen con sobrevivir. Esto revela hasta qué punto la derecha se ha radicalizado y pretende volver al pasado de los tiempos más obscuros de la derecha en esta ciudad".
El eje progresista exige explicaciones al bipartito al sostener que los técnicos habrían admitido que solo se incorporaron las alegaciones de Cs por indicación política
De igual modo, ha apuntado que "desde el grupo municipal de Compromís se advierte de la revelación que ha hecho hoy el técnico de la Concejalía de Seguridad que ha dejado claro que la decisión asumir las enmiendas de Ciudadanos y rechazar todas las enmiendas de las entidades sociales y grupos de la oposición es exclusivamente política y no obedece a razones técnicas, aunque no nos han querido contestar si esa decisión política proviene del propio concejal de Seguridad, de Alcaldía o del conjunto del equipo de gobierno de PP y Cs, una cuestión que agrava la chapuza administrativa y dirección partidista de esta ordenanza y las presiones políticas que se han trasladado a los técnicos municipales".
"De la misma manera, el silencio sepulcral mantenido durante todo el proceso de tramitación de la ordenanza por parte de la responsable de los Servicios Sociales municipales evidencia la contradicción que supone tener al frente de esta concejalía a la persona más ultra del bipartito y con menor empatía y sensibilidad hacia la exclusión social que viven muchas personas en nuestra ciudad . Llopis demuestra una vez más su incapacidad para estar al frente de sus competencias y su beligerancia hacia las políticas de inclusión e igualdad y cohesión social. Para ella las personas excluidas no merecen la protección pública de las administraciones y eso se refleja gravemente en su nefasta gestión avalada por el PP de Barcala y Mazón", ha recalcado.
Además, ha incidido en que "la recuperación de una ordenanza calcada a la aprobada en la época de la Alcaldía de Castedo representa la vuelta atrás de la derecha alicantina y esto unido con la reconstrucción del neozaplanismo y su nueva alianza con la derecha más ultra representa una amenaza para el presente y futuro de la ciudad. No podemos volver al pasado de recortes sociales, ruina y corrupción que protagonizó el PP en Alicante. No podemos dejar la ciudad en manos del pacto PP con unos socios que niegan la crisis climática, la violencia estructural contra las mujeres y alimentan la crispación social a través de los discursos del odio y pretenden luchar contra la pobreza en base a multas y medidas demagógicas que no solucionan nada. Hoy damos un paso atrás en la inclusión social, pero desde Compromís nos comprometemos a revertirlo, como ya hicimos en 2015. Necesitamos una ordenanza de convivencia, pero no esta ordenanza de la vergüenza", ha concluido Bellido.
