ALCOY. El anuncio de que Alcoy dejará de acoger exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) cayó como un jarro de agua fría, teniendo en cuenta que se vienen realizando desde hace más de 40 años y que no celebrarlas supone un problema para unos 400 estudiantes de l'Alcoià y el Comtat, que deberían desplazarse a Alicante.
Este jueves, la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, recibió en su despacho del campus de San Vicente del Raspeig a los alcaldes de Alcoy, Toni Francés; Cocentaina, Rubén Muñoz; Muro, Vicent Molina y Banyeres de Mariola, Josep Sempere, para abordar las preocupaciones existentes.
La reunión contó también con la presencia de los vicealcaldes de Alcoy y Cocentaina, Àlex Cerradelo y Jordi Pla, respectivamente y, por parte de la Universidad de Alicante (UA), con el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado; el de Estudios y Calidad, Francisco Torres Alfosea; el de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra Chorro y el director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre, responsable de las pruebas en la UA. Recordar que también la ministra de de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha comprometido a abordar con la rectora de la UA la posibilidad de "recuperar" los tribunales de las PAU en Alcoy.
Tras la exposición de motivos, ambas partes acordaron la creación de una comisión de trabajo que ponga sobre la mesa todos los aspectos a tener en consideración (desde las infraestructuras y servicios que se prestan, la seguridad o la asistencia médica y psicosocial, hasta la custodia de los exámenes, la composición de los tribunales o la movilidad) para explorar, conjuntamente, la búsqueda de soluciones que, sobre todo, "no supongan un menoscabo en la igualdad de oportunidades y beneficien al estudiantado de la zona", coinciden en señalar.
La rectora reiteró que la decisión de centralizar las PAU obedece "única y estrictamente a criterios académicos y, particularmente, de equidad para los estudiantes que, actualmente, se garantizan en el campus de San Vicente" y se mostró "abierta y confiada" en lograr soluciones de consenso "aceptables y beneficiosas para todas las partes y que no vayan en detrimento del estudiantado afectado".
Por su parte, los cuatro alcaldes, que basaron su argumentación, principalmente, en cuestiones relacionadas con los problemas de movilidad, también expresaron su confianza en lograr el acuerdo. En este sentido, incidieron también en que con la experiencia de estos 40 años albergando las pruebas "se pueda lograr superar cualquier obstáculo para seguir garantizando su viabilidad".
