ALICANTE. La Ciudad de La Luz hizo borrón, obligado principalmente por el via crucis judicial al que se ha sometido a uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. El último, este mismo fin de semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictaminó que la Generalitat deberá compensar a la promotora Maisa con 15 millones de euros y devolver el suelo con calificación hotelero que no se vio afectado por el desarrollo del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras del complejo. Con cada revés judicial, siempre surge la misma pregunta, ¿tiene algún tipo de salida posible este activo?

La respuesta por ahora es poco esperanzadora. Según ha podido saber este diario, la Generalitat envió a Bruselas un comunicado hace dos meses pidiendo el levantamiento de las restricciones que impiden cualquier actividad económica durante 15 años (contando desde el primer dictamen de Competencia en 2012). Las razones que esgrimieron fueron dos, principalmente: la primera, el nuevo escenario económico que ha dibujado la crisis sanitaria podría amortiguarse, a ojos de la administración autonómica, con medidas como la reactivación de La Ciudad de La Luz; la segunda, que los estudios de cine que interpusieron la denuncia por competencia desleal (Pinewood) y que desencadenó la suspensión de la actividad de los platós de Aguamarga son británicos, y con el Brexit, el supuesto juzgado carecería de sentido en el marco de la nueva organización de la Unión Europea.

El texto fue remitido por la Generalitat y contó con el aval de diferentes actores del mundo del audiovisual, como film offices y productoras. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa y se reafirma: hasta 2027, los estudios no tendrán salida alguna que implique actividad económica. Transcurrido ese plazo, la Generalitat deberá vender las instalaciones o alquilarlas en un proceso de libre competencia pero, en cualquier caso y en cualquier momento, sería para cualquier actividad que no sea cinematográfica (a excepción de fines educativos). 

En la práctica, significa que la única utilidad lícita a ojos de la Unión Europea para este potencial contenedor industrial hasta dentro de siete años es la de albergar oficinas de diferentes entidades de la Administración Pública como Distrito Digital o la Conselleria de Innovación y hasta almacenar fallas.