ALICANTE. La sentencia del TSJ que obliga a la Generalitat Valenciana a pagar unos 20 millones de euros a los propietarios del suelo en los que se encuentra el complejo de Ciudad de la Luz también tiene otras contraprestaciones para la administración autonómica. Entre ellos, devolver el suelo que no ha sido transformado o que no se ha visto afectado por el desarrollo o por la construcción de viales. Y de los principales afectados es la empresa Urbanizadora Santo Domingo, propiedad de los hermanos Fernández Gómez, Antonio (presidente de Provia y vicepresidente de Ineca) y Diego, a su vez, propietario de la empresa Maisa. La Generalitat les deberá compensar con 15 millones de euros y devolver el suelo con calificación hotelero que no se vio afectado por el desarrollo del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras de Ciudad de la Luz, de 2001, que es lo dio origen a todo a la ejecución del complejo audiovisual.

Hay que recordar que todo parte de la sentencia de Tribunal Supremo de 2011, del 4 de febrero, que declaró la nulidad del plan especial y del proyecto de expropiación, lo cual conllevaba la nulidad de los justiprecio sexpropiatorios fijados por el Jurado Provincial al entender que concurría una situación en la que se le generaba la “inexistencia de causa expropiandi, ya que el plan especial de reserva de suelo público, en el que encuentra amparo el expediente expropiatorio, no define el objeto, ni la finalidad perseguida. En 2014, el mismo Supremo declaró inejecutable la sentencia en los supuestos en los que los terrenos había sufrido alteraciones, se había convertido en viario; en el que los edificios que fueron demolidos tras la expropiación, o las parcelas que sí había sufrido mutaciones jurídicas notables. En cambio sí que consideró ejecutables en dos parcelas que eran de la urbanizadora Santo Domingo. Y partir de ahí, lo que ha hecho ahora el TSJ es ejecutar el fallo de 2011 teniendo en cuenta estas consideraciones.

Y para ello, la sala estableció un precio de 45 euros metros cuadrado por la compensación, pero con salvedades, entre ellas, en los que casos que algunos propietarios debiera devolver parte de la indemnización recibida por el justiprecio inicial y, a cambio, que la Generalitat les retornara el suelo al no ver afectado. Así, se establece que los sujetos que reciban suelos susceptibles aprovechamiento lucrativo a resultas de esta ejecución, deberán devolver a la administración, además de los precios expropiatorios, el importe de 33,77 por metro cuadrado por las diferencias valorativas entre los ejercicios de 1999 y 2017. Y de esta manera, el fallo de ejecución, conocido ahora, hace un estudio de cada propietario con la cantidad que debe recibir o devolver, de manera detallada y si además, debe resarcido con la devolución de suelo.