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declaraciones institucionales

Alicante se une por el reparto justo de fondos estatales; Cs, aislado con la gestación subrogada

28/05/2020 - 

ALICANTE. El desenlace del último tramo del pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado este jueves ha roto el clima de entendimiento en el que se venía desarrollando la sesión. La disputa ha surgido a partir del debate de las declaraciones institucionales: las propuestas de acuerdo de contendido político que no conllevan ningún efecto ejecutivo real y se limitan a solicitar determinados acuerdos al propio ayuntamiento o a otras administraciones. De hecho, gran parte de esas propuestas no afectan clara e indudablemente a la ciudad de Alicante.

Ese bloque de la sesión ha tenido un momento de unidad: el respaldo unánime de la declaración institucional presentada por el grupo municipal de Compromís para reclamar un reparto "justo" y basado en criterios poblacionales sobre el fondo de 16.000 millones comprometido por el Ejecutivo central como medida para que las comunidades autónomas puedan asumir los gastos adicionales generados con motivo de la crisis sanitaria.

La propuesta ha sido defendida por el portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, quien se ha referido a la posición sostenida por su representante en el Congreso, Joan Baldoví, durante el debate de la última prórroga del estado de alarma. Así, ha sostenido que la posición de la Comunitat, y también de la ciudad de Alicante, "parte en desventaja respecto al sistema de financiación", por lo que ha reivindicado que se acabe con esa desigualdad también en la distribución de ese nuevo fondo extraordinario.

Pese al respaldo de los seis grupos políticos (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox) cada grupo ha introducido diferencias y matizaciones en sus respectivas posicionamientos. En esta línea, el representante socialista, Miguel Millana, ha sostenido que compartía el fondo de la propuesta, aunque consideraba que Baldoví se había "equivocado" al vincular la negociación de una mejora del sistema de la financiación con la prolongación del estado de alarma y la regulación del confinamiento para evitar contagios por coronavirus.

La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, también ha señalado que, pese a apoyar la propuesta, su formación compartía que el criterio de la distribución de esos fondos quedase vinculado al gasto sanitario soportado por cada autonomía, ya que "con ese sistema también se beneficiaría a la Comunitat".

Tanto la portavoz del PP, Mari Carmen de España, como el propio alcalde, Luis Barcala, han insistido en la necesidad de reivindicar una mejora en la financiación autonómica mediante la creación de un fondo de nivelación de 1.000 millones anuales más y en la posibilidad de que se permita que los ayuntamientos puedan disponer de sus propios recursos para hacer frente a las necesidades generadas por la crisis del coronavirus. 

Con todo, tras ese acuerdo alcanzado por 29 votos, la unidad se ha roto en otra declaración promovida por Compromís para que el Ayuntamiento elabore un Plan de Juventud en el que se incluya un plan de choque por el empleo joven. La propuesta ha quedado rechazada por 16 votos: los de PP, Cs y Vox. Por parte del bipartito, la edil de Juventud, María Conejero, y la responsable de Empleo, Mari Carmen de España, han subrayado que ese plan no era necesario porque "las competencias sobre Juventud las desarrolla la Generalitat", según Conejero, y por que "ese plan ya está elaborado desde la Agencia Local de Desarrollo", según De España. 

Sí se ha aprobado la iniciativa registrada por Vox para instar a la Delegación del Gobierno a que haga cumplir a las empresas mineras que operan en las partidas rurales las medidas de seguridad requeridas, así como sus obligaciones de restauración ambiental. En ese caso, la iniciativa ha contado con 16 votos a favor y los 13 votos en contra de PSOE, Unides Podem y Compromís. Sus representantes han argumentado que la propuesta no acertaba a la hora de señalar a las administraciones competentes para supervisar esa actividad, entre las que figura la Generalitat y el propio Ayuntamiento.

Con todo, los momentos de mayor controversia política se han producido con el debate de una declaración institucional de urgencia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) sobre la gestación subrogada. En concreto, la iniciativa, defendida por la edil de Igualdad, María Conejero, pretendía solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que facilitase salvoconductos para las familias que han recurrido a ese procedimiento de la gestación subrogada y que no han podido conocer a sus hijos o regresar a España con motivo del cierre de fronteras acordado con la declaración del estado de alarma.

El eje progresista acusa a la edil de Igualdad de plantear una propuesta sobre una práctica que "mercantiliza a la mujer" y favorece su explotación

La iniciativa ha quedado rechazada tanto por Vox como por el conjunto de las fuerzas progresistas, que han deslegitimado la iniciativa al pedir un reconocimiento para una práctica que, como han recordado los representantes de las cuatro fuerzas, no está reconocida legalmente en España. En esta línea, el edil de Compromís, Rafa Mas, ha llegado a solicitar la dimisión de Conejero como edil de Igualdad al plantear una propuesta que ampara "el negocio de los vientres de alquiler que supone la explotación de las mujeres". El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que la gestación subrogada "es aberrante". Y tanto la socialista Llanos Cano como Vanessa Romero, de Unides Podem, han insistido en reprochar a Cs que trajese al pleno una propuesta que "mercantiliza a la mujer". 

La declaración ha quedado rechazada con 15 votos en contra y nueve abstenciones: las de los concejales del PP, que no se han sumado a la iniciativa de sus socios de gobierno de Cs. Así, sus cinco concejales se han quedado solos en su voto a favor.

La tensión ha continuado con el debate de la declaración institucional conjunta presentada por PP y Cs para reclamar un trato igualitario al conjunto de los territorios frente a los acuerdos fiscales alcanzados por el Ejecutivo central para el País Vasco y Navarra. La propuesta rechaza, así, "los privilegios fiscales pactados entre el Gobierno y EH Bildu para los ayuntamientos vascos y navarros, ninguneando la representatividad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". 

Barcala ha rechazado que el Gobierno de socialistas y Unidos Podemos permita que EH Bildu se erija como representantes del municipalismo, cuando esa representación corresponde a la FEMP. "El Gobierno de España nos ha estado dando la espalda a todos los municipios representados en la FEMP al pactar cuestiones que afectan a los ayuntamientos solo con EH Bildu. No podemos renunciar a lo que somos y ahí respondemos como concejales ante los alicantinos", ha señalado el alcalde.  

La portavoz popular, Mari Carmen de España, ha recordado que "cualquier cambio en el mercado laboral puede acarrear una grave crisis en una situación como la que nos encontramos" y que "los ayuntamientos necesitamos el superávit y que el Gobierno destine fondos  los ayuntamientos para hacer frente a las medidas contra la pandemia y no que se dedique a pactar con EH-Bildu mejoras fiscales solo para los ayuntamientos vascos y navarros".

La vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez ha suscrito las palabras de la portavoz popular y ha recordado las 857 víctimas de ETA para rechazar el pacto del Gobierno con EH-Bildu, "blanqueando la imagen de los herederos de la banda terrorista". En la misma lista ha rechazado que "se ofrezca ventajas fiscales con este pacto solo a los ayuntamientos vascos y navarros" y ha pedido al Gobierno que "libere los fondos de los superávits de los ayuntamientos generados con los impuestos locales, como en Alicante, para poder hacer frente a la pandemia y a la crisis que ha ocasionado". 

El portavoz de Vox califica al padre de Pablo Iglesias de "terrorista" en el debate de una iniciativa de PP y Cs para pedir trato igualitario para el conjunto de los territorios frente a los acuerdos fiscales alcanzados con el País Vasco y Navarra

La declaración ha quedado aprobada con 16 votos a favor (los del bloque del centro-derecha) y 13 en contra (los del eje progresista), después de un intenso cruce de reproches sobre la oportunidad del debate sobre una cuestión que, según ha sostenido el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, "no acabamos de ver qué relación tiene con Alicante". "Es la estrategia de la derecha, la de traer la crispación que reina en el Congreso también a este ayuntamiento", ha añadido. El primer edil, por su parte, ha incidido en que la negociación entablada por el Gobierno central "con formaciones como Bildu" no ha tenido en cuenta las necesidades de los ayuntamientos, ya que no se atiende a las reivindicaciones desplegadas desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Entre las intervenciones sobre la propuesta, se ha incluido la referencia del portavoz de Vox, Mario Ortolá, al padre del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien se ha referido como "terrorista", en la línea de las manifestaciones ofrecidas por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Ortolá se ha ratificado en sus palabras después de que el portavoz de Unides Podem, Xavier López, le instase a retirar esas palabras.

El pleno también ha debatido sobre la propuesta formulada por Unides Podem para que el pleno del Ayuntamiento rechace la violencia ejercida contra las personas LGTBIQ+, reafirme su compromiso con los Derechos Humanos y se solidarice son las víctimas de agresiones. La iniciativa ha quedado aprobada por 27 votos y el único rechazo de los dos ediles de Vox. Igualmente, también se ha aprobado una segunda declaración presentada por Unides Podem para crear una comisión municipal para impulsar la movilidad sostenible.

En la sesión se ha debatido una propuesta conjunta presentada por PP y Cs, después de que se tratase de pactar con el conjunto de los grupos políticos, para solicitar a la Generalitat apoyo a los colectivos profesionales afectados por la cancelación definitiva de les Fogueres de 2020. El edil de Fiestas, Manuel Jiménez, ha señalado que los artistas del gremio de constructores de hogueras tenían previstos contratos por más de 2 millones de euros y ha apuntado que, con las aportaciones del Ayuntamiento, se cubrirá en torno al 40% de esa cifra. La propuesta ha quedado aprobada por unanimidad.

Fuentes municipales han añadido, a través de un comunicado posterior, que en la declaración institucional se establece, como primer compromiso, que el Ayuntamiento de Alicante conceda la subvención prevista para 2020 destinada a sufragar el monumento de cada hoguera o barraca con el objeto de que las comisiones puedan liberar dicha subvención a los artistas constructores. 

El Ayuntamiento concederá la subvención prevista para este año para sufragar la construcción de fogueres para que las comisiones puedan liberar esos fondos a los artistas constructores

Asimismo, que el Ayuntamiento de Alicante incluya en sus presupuestos de 2021 la correspondiente subvención con un incremento de la misma destinado a financiar los gastos de mantenimiento y reconstrucción de los monumentos, subsanando en parte las deficiencias generadas en el sector por la crisis sanitaria. "Las comisiones modificarán el presupuesto que tienen contratado con sus artistas para el ejercicio 2021 aumentando la parte subvencionada por el Ayuntamiento", añade la declaración.

En segundo lugar, se adquiere el compromiso de que el Ayuntamiento de Alicante establezca la subvención destinada a los monumentos infantiles en función de las categorías. Además, como tercer punto del acuerdo, se otorga el reconocimiento por parte de este Pleno al Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, agradeciendo su labor en pro de la Fiesta, por su trabajo y dedicación que se manifiesta con el arte efímero que embellece cada junio las calles y plazas de nuestra ciudad.

Por último, el pleno acuerda solicitar al Consell que cree una línea específica de colaboración económica y logística con los Artistas de Hogueras y Fallas de los Gremios de Alicante, Valencia y Burriana de la Comunidad Valenciana, para garantizar la continuidad de una profesión autóctona y necesaria para la celebración de nuestras fiestas del fuego.

Además, Jiménez ha anunciado, por otra parte, que el 27% del presupuesto de la Concejalía de Fiestas, cerca de medio millón de euros, se destinará a paliar la emergencia social desatada por la pandemia "porque la Fiesta es solidaria y, en esta ocasión, lo vuelve a demostrar". Por su parte, la portavoz el equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez, ha afirmado que "esta iniciativa es primordial para minimizar el perjuicio económico para los agremiados y para potenciar a los jóvenes artistas. "Este equipo de Gobierno adquiere el compromiso de conceder subvenciones a las comisiones de hogueras 2020, para asegurar su continuidad en 2021. Además, ayudas a artistas de hogueras infantiles con subvenciones a esas comisiones por categorías", ha concluido.

Por último, PP, Cs y Vox han rechazado la posibilidad de que se debata una declaración conjunta suscrita por PSPV-PSOE y Unides Podem, a la que se había adherido Compromís, con el fin de que se elaborase un estudio actualizado sobre la situación de vulnerabilidad de la ciudadanía de Alicante, entre otros puntos. Las tres fuerzas del bloque de centro-derecha no ha aceptado la urgencia de la propuesta, por lo que no ha llegado a votarse. El alcalde, Luis Barcala, ha apuntado al respecto que se trataba de una declaración que trataba de debatir sobre un conjunto de cuestiones que serán analizadas en el seno de la comisión para la reconstrucción aprobada en el pleno de abril.

La sesión ha finalizado ocho horas después de su inicio, pasadas las 17:30.

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