ALICANTE. El nuevo concurso sobre el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante se hará esperar al menos otros dos meses. Esa es la previsión con la que trabaja el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, para poder completar la documentación necesaria para licitar la prestación, después de que, el pasado mes de septiembre, se acordase suspender la primera convocatoria para redactar un nuevo pliego de condiciones. El bipartito defendió entonces la necesidad de introducir modificaciones y mejoras, en un momento en el que ya se había registrado hasta tres recursos distintos contra las bases del procedimiento aprobado en agosto.
La nueva licitación espera, además, a que se pueda recabar los informes del servicio de Asesoría Jurídica municipal y del departamento de Intervención, imprescindibles para lanzar esa nueva convocatoria, según concretaron fuentes de la Concejalía de Infraestructuras que coordina el edil José Ramón González (PP). En todo caso, según las mismas fuentes, se confía en que el servicio pueda contar con un nuevo adjudicatario antes de que concluya el año 2021.
Como viene informando este diario, el servicio se presta desde el pasado mes de septiembre a través de un contrato de emergencia en manos de la misma alianza empresarial (la UTE compuesta por Clece y Fissa bajo la denominación de UTE Limpal) que logró la adjudicación en 2018. Aquel contrato se concertó con una duración de dos años, que vencieron en febrero de 2020. Es decir, hace ya más de un año y un mes. Desde marzo hasta septiembre, el ayuntamiento fue abonando los servicios prestados mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito (el procedimiento establecido para asumir gastos no presupuestados o imprevistos) tras la aprobación de los correspondientes certificados mensuales de la ejecución del servicio.
No obstante, como también ha informado este diario, esa dinámica ha quedado interrumpida a instancias del departamento de Intervención precisamente a partir del mes de septiembre, cuando se concertó ese contrato de emergencia, por un importe de 2,3 millones y una duración mínima de 10 meses, hasta que concluyese el curso escolar, o -una vez superado ese plazo- hasta que se pudiese disponer de un nuevo concesionario.
Fuentes de la Concejalía de Infraestructuras recalcaron este martes que se espera que se pueda desbloquear esa retención de pagos en las próximas semanas, después de que se haya aportado la información adicional requerida por el interventor municipal. Hasta el momento no ha trascendido qué causa concreta habría motivado la suspensión de esos pagos, toda vez que el responsable del contrato sí habría certificado la prestación del servicio, según fuentes municipales consultadas.
En cualquier caso, todo parece indicar que el alto funcionario garante de la estabilidad económica del Ayuntamiento habría planteado reparos a la aprobación de nuevos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (una práctica excepcional que emplaza a descartar en varios de sus últimos informes) sobre un servicio que, además, se está prestando a través de un contrato de emergencia (otro recurso extraordinario).
Todo, además, en un contexto en el que los trabajadores a cargo de la limpieza ya han recibido la advertencia por parte de UTE Limpal de que el abono de sus nóminas pueda verse retrasado hasta el día 7 de cada mes, al no poder atender el procedimiento de pago habitual, cada día 1, con motivo de la falta de pago del Ayuntamiento.
Por lo pronto, el grupo municipal socialista ha pedido un informe al interventor municipal "para que explique qué es lo que está pasando con la licitación de la nueva contrata de limpieza de centros escolares y dependencias municipales, que sufre un retraso injustificable". Su portavoz municipal, Paco Sanguino, ha considerado impresentable que el equipo de gobierno (PP y Cs) "no sepa contestar en rueda de prensa sobre esta demora y traslade el asunto a Infraestructuras al más puro estilo 'Manolo, guardia Urbano'".
En esta línea, el PSOE ha manifestado su temor "a que el retraso de la licitación del nuevo contrato sea intencionado, ya que no existe ninguna explicación lógica para que haya pasado más de un año y sigamos igual. Un contrato de casi 40 millones que el PP prevé convertir en casi 50 y no es una prioridad es inexplicable", según han añadido portavoces oficiales, a través de un comunicado.
"Ya denunciamos que las reuniones para incorporar mejoras al pliego que se tuvo que paralizar por deficiente habían sido una pantomima y el borrador quedó prácticamente igual que el pliego que el bipartito se vio forzado a retirar", incide el comunicado. "Se está ralentizando la puesta en marcha del nuevo pliego y tenemos que recordar que el servicio sigue en manos de la misma contrata que no cumplió correctamente con el servicio a la que se le está abonando actualmente además un extra por los servicios de refuerzo por la covid". "Nos parece, al menos, sospechoso este retraso", ha añadido el portavoz socialista.
De igual modo, el grupo municipal de Unides Podem ha tildado la gestión del servicio de "desastre". "La suma de errores que han llevado a esta situación era bastante previsible. Ya en septiembre, cuando se anunciaron las condiciones del servicio fuera de contrato, Unidas Podemos afeó al bipartito su inoperancia por cerrar in extremis la prestación del servicio, cuando el inicio de curso estaba previsto para el 7 de septiembre desde hacía meses. También se criticó que se presentase ese plan de limpieza a una semana sin detallar cuánto iba a costar y con qué recursos humanos se iban a contar", según ha manifestado la edil, Vanessa Romero.
En esta línea, ha señalado que "nos generaba muchas dudas que una UTE que está fuera de contrato, y que ha pasado por una comisión de investigación, asumiera con garantías un protocolo sin saber qué compensación económica extra iba a recibir y cuánto personal de refuerzo iban a necesitar los colegios". Romero ha resaltado que "el bipartito demuestra su falta de previsión y su inoperancia, las dificultades que tiene para gestionar contratas que prorroga no sabemos muy bien por qué, dando una sensación de absoluto descontrol".
Además, ha insistido en que UTE Limpal "no quería asumir una nueva licitación, lo que hacía más extraño que se le diese el servicio especial fuera de contrato". Romero señala al bipartito que "un gobierno serio no deja caducar una contrata sin tener la nueva redactada y lista, salvo que le importe poco pagar más y no dar mejor servicio".
Por último, ha puesto en duda también que una de las empresas que constituye la UTE, Clece, "no pueda asumir los pagos de las nóminas de los trabajadores". "Que una empresa participada por el grupo ACS, es decir, Florentino Pérez, diga que no tiene liquidez para pagar a su plantilla, suena a broma de mal gusto, a querer usar a las trabajadores y trabajadores como rehenes en un intento de forzar al bipartito a que corrija sus errores en este tema", ha concluido.