ALICANTE. Las tres administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Alicante) agrupadas en la sociedad Avant, responsable de las obras de la llegada del AVE a Alicante, perfilan la propuesta de ordenación estructural de los terrenos liberados de las vías tras la construcción del cajón soterrado del ferrocarril (la llamada Operación Integrada número 2) con la pretensión de que el diseño de ese ámbito, en el que se prevé dar encaje al proyecto del Parque Central, pueda quedar aprobado por el pleno del Ayuntamiento en un plazo estimado de dos meses. De este modo, tras superar varias complicaciones técnicas y administrativas, la propuesta podría elevarse a debate en la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio: más de un año después del calendario que se manejaba en el seno de la sociedad Avant hasta diciembre de 2020.
Una vez que se produzca esa primera aprobación en pleno, el documento se remitirá a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para que le dé su visto bueno, con lo que se abrirá la puerta a que Avant -de nuevo, de manera coordinada con el Ayuntamiento- pueda abordar la ordenación pormenorizada de los terrenos, ya bajo estricta competencia municipal (sin necesidad de que quede validado por el departamento autonómico que coordina Rebeca Torró como sí sucede con la programación estructural). En esa fase de definición se dispondrá ya del estudio de alternativas para el encaje de la estación intermodal encomendado por la misma sociedad Avant a la UTE Peñín Vicedo, el pasado mes de noviembre, con la previsión de que ese trabajo quedase finalizado y entregado en octubre de este año.
Así lo apuntó el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, este miércoles, en una comisión informativa de carácter extraordinario para dar cuenta a los representantes de los grupos de la oposición de los avances en la tramitación del plan de la OI/2, en la que también se desglosó la licitación de los siete informes sectoriales que resultan necesarios para trazar el primer borrador del Plan General Estructural.
Por partes. Respecto a los terrenos liberados por el ferrocarril, lo cierto es que no se habría registrado variaciones sustanciales respecto a las grandes cifras de la programación que se planteó en la versión inicial, aprobada en 2015. El conjunto de la OI/2 abarca una superficie de 468.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 220.000 metros cuadrados. En principio, de ellos, 171.955 serán para la construcción de vivienda (113.705 para vivienda libre y 58.250 para vivienda protegida).
Así, se sigue contemplando que, en su conjunto, el sector pueda albergar la construcción de unas 2.000 viviendas. El resto de la edificabilidad prevista se agotará con otros 48.045 metros de suelo terciario. De los 468.000 metros de todo el ámbito de la actuación, 442.563 quedarán dedicados a dotaciones. Entre ellas, se incluyen 156.864 para zonas verdes -lo que daría cobertura al Parque Central- además de 7.832 de vía pecuaria, 179.150 de viario y otros 37.268 para otro tipo de dotaciones públicas.
En su mayor parte, esa delimitación quedaría recogida en el desarrollo de la primera fase de las dos en las que se pactó dividir la OI/2 para tratar de agilizar su tramitación, de modo que se extendería desde el acceso a Alicante hasta el paso a nivel de Ausó y Monzó. Pero, además, se contemplan otros 61.449 metros cuadrados para la construcción de la futura estación intermodal, con una edificabilidad de 68.000 metros cuadrados, a desarrollar en la segunda fase del proyecto, desde Ausó y Monzó hasta la Plaza de la Estrella. Así, a grandes rasgos, en ese ámbito también se prevén 11.000 metros cuadrados de techo edificable de uso hotelero, 10.000 para oficinas, 25.000 de uso comercial y 22.000 más de uso ferroviario.
La novedad que sí se habría introducido ahora, tras un largo proceso de negociación con Adif, esa que en la propuesta de programación estructural se incluirán los parámetros a tener en cuenta también en la segunda fase de la OI/2, de modo que no se genere un vacío, sin criterios urbanísticos claros. Así, se habría preacordado dos avances esenciales, según concretó el mismo edil de Urbanismo, Santos Pérez. El primero, la extensión de la zona verde del Parque Central hasta el entorno de la estación intermodal, de modo que pueda aproximarse realmente hasta el centro urbano de la ciudad, a diferencia de lo que sucedía en la propuesta de 2015. Y el segundo, la necesidad de conservación de la estación histórica de Renfe y de los tinglados anexos, ya contemplados y recogidos en el catálogo de protecciones, frente a la pretensión inicial de Adif de derribarlos para poder dar encaje al edificio de la intermodal.
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El preacuerdo por la conservación de esos edificios históricos preexistentes fue el que derivó, precisamente, en la elaboración del estudio de alternativas para el encaje de la intermodal, en el que, además, también se deberá contemplar una configuración que garantice la permeabilidad peatonal entre los barrios próximos al entorno de la estación. Así, según explicó Santos Pérez, se trataría de evitar una estación intermodal que comprenda la construcción de un inmueble con un gran volumen cerrado, que siga el modelo Vialia con locales comerciales incluidos, si no que se apostaría por generar una terminal con espacios abiertos. "La diferencia es la de optar por un edificio del tipo del centro comercial Plaza Mar 2, completamente cerrado, o por otro edificio que pueda seguir el modelo del Parque Vistahermosa, con edificios y locales conectados por espacios abiertos", ejemplificó.
De este modo, la edificabilidad prevista en esa segunda fase de la OI/2 quedaría concentrada en la zona en la que se encuentra "el mayor desnivel del terreno, entre Bono Guarner y Benalúa" y no en el entorno de la Plaza de la Estrella -a priori, el suelo de mayor valor por su cercanía al centro y, por tanto, más fácil de rentabilizar para Adif- en la que se había llegado a planificar una torre de hasta 30 alturas.
¿Por qué se habría decidido reprogramar la ordenación del sector en dos trámites independientes para la ordenación estructural y para la pormenorizada? Según defendió Santos Pérez, para avanzar en la ordenación de todo el sector, ya que Política Territorial no tendría que abordar una análisis exhaustivo de toda la ordenación del sector, y podría dar su aprobación con mayor agilidad solo a la ordenación estructural, mientras se sigue trabajando en la redacción de la ordenación pormenorizada (en la que se entrará en detalles concretos, como el número de alturas para los futuros edificios, etc.), ya en manos de un equipo de arquitectura bajo la supervisión de Avant.
Entre tanto, se siguen manteniendo reuniones de coordinación entre técnicos de las tres administraciones para cuadrar las características de la futura estación intermodal, con la incorporación de la nueva terminal soterrada del tranvía en Renfe. Sin ir más lejos, uno de esos encuentros está programado para este mismo jueves, con la pretensión de exponer el proyecto básico de ese edificio, que se ha diseñado en dos alturas en subterráneo (más una en superficie) con la disposición de dos andenes y cuatro vías, lo que permitirá ampliar las frecuencias de servicio de toda la red Tram y generar nuevas líneas.
Como informó este diario, la terminal promovida por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad requeriría de una inversión próxima a los 100 millones. En principio, durante la presentación del proyecto, se planteó que el proyecto definitivo debería quedar aprobado por el pleno del Consell antes de que termine 2022. De este modo, la licitación de las obras se pondría en marcha en el arranque de 2023 para que pudiesen quedar adjudicadas durante el primer trimestre de este año. Así, las obras se iniciarían a finales de 2023 para quedar terminadas en 2027, al plantearse un plazo de ejecución de 48 meses.
En segundo término, por lo que respecta al impulso del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el desarrollo de la comisión informativa se confirmó la pretensión del equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) de poder disponer del documento inicial estratégico del Plan General Estructural antes de que finalice el mandato, de modo que pueda someterse a la evaluación de la Conselleria de Política Territorial en torno al próximo mes de abril. Con ello, se podría promover modificaciones puntuales de planeamiento, o aprobar los planes especiales de algunas operaciones integradas, con el objetivo de programar sectores concretos (como el de Sangueta) o de desarrollar suelo industrial, en decisiones que quedarían enmarcadas entre los objetivos de ese borrador del futuro PGOU.
Además, a partir de la aprobación de ese documento inicial estratégico, se podrá avanzar en la elaboración de la ordenación pormenorizada, según concretó también el mismo Santos Pérez durante el desarrollo de la comisión. De igual modo, señaló que la pretensión no es apostar por un PGOU extensivo en número de nuevas viviendas, sino que se prevé apostar por consolidar la ciudad ya desarrollada para conectar los barrios que siguen desvertebrados.
Así, detalló que se confía en disponer de los siete informes sectoriales que permitirán trazar ese borrador de Plan General antes de que finalice este año, pese a que en todas las convocatorias de esos concursos se contemplan plazos de ejecución de entre seis y ocho meses. Al respecto, señaló que se han introducido cláusulas para bonificar las propuestas que planteen una reducción de plazos en su elaboración.
Representantes de los grupos de la oposición consultados dudaron este miércoles sobre el cumplimiento de esos plazos y auguraron que podría agotarse el mandato sin que se disponga ni tan solo del Plan General Estructural, después de que el alcalde, Luis Barcala, llegase a prometer en campaña la redacción de un PGOU completo.
Por lo pronto, lo cierto es que el primero de esos estudios sectoriales, licitado por el bipartito antes de que se convocase el concurso dividido en siete lotes sobre el resto de los informes, ya estaría viéndose afectado por complicaciones habituales en los procesos de contratación. Se trata, en concreto, del concurso para la elaboración de un estudio fotogamétrico digital y ortofoto actualizada del término municipal, al que solo se habría presentado un único licitador: Innoviland. Y, además, los técnicos de Contratación habrían estimado que su oferta podía incurrir en baja anormalmente desproporcionada, por lo que acordaron requerir documentación adicional para que pudiese justificar el precio propuesto (58.200 euros).