El alcalde de Alicante, Luis Barcala, participa en la plantación de un árbol.ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conmina al Ayuntamiento de Alicante a retrotraer el concurso sobre la contrata del mantenimiento de zonas verdes para valorar la propuesta de Geamur no dará por finalizado el litigio sobre la prestación del servicio. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante valoran ya la procedencia de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), así como los efectos que podría tener una hipotética solicitud de ejecución de la sentencia del alto tribunal autonómico. Así, lo ha confirmado este mismo viernes el alcalde, el popular Luis Barcala, en una comparecencia pública, con motivo a la visita de las obras de reurbanización de la calle San Mateo y a la modernización del Mercado de Carolinas.
El primer edil ha señalado que "hay que analizar la trascendencia que tiene la sentencia y la viabilidad de un recurso de casación que tenemos que plantearnos". Así, ha apuntado que "en unos días tomaremos una decisión". En todo caso, ha recalcado que en esa labor de análisis sobre las implicaciones del fallo no solo se debe valorar "el hecho de retrotraer el proceso" al momento de evaluación de las ofertas, si no que también "está la propia prestación del servicio en un contrato que ya lleva un modificado", en alusión a la ampliación contractual por 1,2 millones anuales que se acordó para incorporar el mantenimiento de 18 nuevas zonas verdes generadas en la ciudad desde que se licitó el concurso, en 2018.
En esta línea, ha apuntado que "si retrotraemos el procedimiento, nos quedamos sin el modificado; tiene unas consecuencias que, aún solicitándose la ejecución, el TSJ tiene que modular porque no puede generar un perjuicio mayor que el que supone asegurar el cumplimiento de la sentencia". En todo caso, ha recalcado que "la gran ventaja que hay es que, cuando estamos hablando de una administración, como es el caso, el cumplimiento de la sentencia está garantizado, lo que no ocurre cuando se trata de particulares", ha concluido.
¿Puede llegar a plantearse esa ejecución de sentencia? Está por ver, ya que, a priori, debería promoverla el demandante, que en este caso sería la actual concesionaria del servicio, STV Gestión, que asumió la prestación a partir de enero de 2021. En principio, no parece probable que la empresa que se vería perjudicada por la sentencia vaya a solicitar la ejecución, y existen dudas de interpretación jurídica de que pueda reclamarla Geamur.
Ahora bien, fuentes consultadas inciden en que con la sentencia del TSJ sí que decaería la medida de suspensión cautelar acordada respecto al cumplimiento de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) a su favor, origen del procedimiento. Es decir, que el Ayuntamiento debería promover sin demora el cumplimiento de esa resolución, lo que conlleva volver a valorar todas las ofertas de los licitadores. Además, las mismas fuentes añaden que en el supuesto de que llegue a presentarse un recurso, "probablemente el Tribunal Supremo lo acabaría desestimando en breve por falta de interés casacional".
Entre tanto, la trascendencia de la sentencia del TSJ ha motivado las consiguientes reacciones de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento. En primer término, la concejala del PSOE, Llanos Cano, ha considerado que "lo que ha pasado con el contrato de zonas verdes de Alicante es una muestra más de la ineficacia y de la inseguridad jurídica que genera el gobierno de Barcala. Estamos hablando de la tercera contrata millonaria de la ciudad. Una contrata que estuvo bajo investigación", en alusión a la comisión de fiscalización específica creada al efecto, "y ahora nos vemos con esta situación que a más de uno del equipo de gobierno debe sonrojar".
Cano ha exigido a Barcala "que dé explicaciones públicas porque tras la decisión del TSJ deberá readmitir a Geamur en la contrata de jardines asumida ya por otra empresa. El desgobierno del bipartito acaba de abrir un episodio aún imprevisible cuya única responsabilidad es de este alcalde". Así, ha pedido "que se faciliten las explicaciones oportunas. Nosotros pedimos seguridad jurídica y, sobre todo, información. ¿Qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento? ¿Va a asumir la sentencia del TSJ y va a retrotraer el contrato? ¿Va a interponer un recurso de casación? Queremos saber cuáles son las consecuencias. Si finalmente se va a un recurso de casación y la contrata se adjudica a Geamur preguntamos: ¿qué es lo que va a pasar? Se va a tener que pagar daños y perjuicios por la no adjudicación de la contrata? ¿vamos a tener que pagar el doble de lo estipulado. Queremos claridad y seguridad para la ciudadanía", ha concluido.
Operarios de Geamur, en labores de mantenimiento.En segundo término, el grupo municipal de Unides Podem EU ha responsabilizado "al gobierno de Barcala de la situación creada" y ha considerado que "es una muestra más de la nefasta capacidad de gestión, especialmente con las contratas externas, que está demostrando en esta legislatura. La coalición defiende su propuesta de municipalizar este tipo de servicios en lugar de apostar por las externalizaciones".
"La acumulación de fracasos y problemas derivados de la falta de rigor en la gestión tiene consecuencias para la ciudadanía", ha señalado el portavoz municipal de la coalición, Xavier López, que plantea "abordar de forma urgente, por el conjunto de grupos políticos municipales, la situación creada en una comisión". De esta manera, Unides Podem EU elevará al pleno del mes de julio una propuesta para activar la citada comisión.
"Independientemente del recorrido judicial que pueda tener este litigio, está de fondo un servicio indispensable para la ciudad, una labor que debería ser estratégica en tiempos de cambio climático, ya que la vegetación urbana bien planificada contribuye a la regulación térmica y a la absorción de gases contaminantes, entre otros beneficios", ha señalado.
"Nos gustaría oír las explicaciones tanto del concejal responsable, Manuel Villar, como del personal responsable, ante la situación creada, así como poder plantear posibles soluciones a corto y medio plazo", ha abundado. Y ha señalado que "la mejor opción para la ciudadanía es estudiar seriamente una remunicipalización del servicio, apostar por la gestión directa para mejorar las prestaciones y evitar este tipo de litigios que bloquean servicios esenciales". López ha defendido que "este servicio, así como otros que presta el ayuntamiento, como la gestión de residuos y limpieza, estarían mucho mejor gestionados de forma directa, ya que se dedicarían más recursos al servicio simplemente con el ahorro que supone sacar de la ecuación el margen de beneficio empresarial".
Para el portavoz de Unides Podem EU, "se trata de elegir entre mejorar el servicio y poner en el centro el interés de la ciudad y la ciudadanía o seguir a expensas de los diferentes intereses empresariales que atraviesan este tipo de licitaciones". "Tenemos ejemplos recientes y cercanos de municipalizaciones de servicios equiparables, plenamente satisfactorias y en los que se ha demostrado una mayor eficiencia, calidad del servicio e incluso ahora económico", ha concluido.
Por último, el grupo municipal de Compromís ha apuntado, a través de un comunicado, que "espera recibir, lo antes posible, información y transparencia sobre el lío judicial de la contrata de zonas verdes que puede importantes consecuencias sobre el funcionamiento del servicio y la titularidad de quien lo presta. Por ese motivo, y ante la preocupación que esta noticia genera entre las trabajadoras y trabajadores de la contrata y la ciudadanía alicantina instamos a Barcala a convocar una Junta de Portavoces el próximo lunes para explicar las consecuencias del fallo judicial y las acciones que piensa tomar el Ayuntamiento al respecto de la conveniencia, o no, de la presentación de recurso judicial a la decisión del TSJ".
El portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, ha apuntado que "el problema del PP con la gestión de las grandes contratas que, o bien no es capaz de renovarlas, como en limpieza urbana y gestión y tratamiento de residuos o en autobuses, o bien se ven inmersas en líos judiciales que pueden obligar a dejar sin efecto la adjudicación de los servicios municipales, como puede pasar en este caso. Los líos económicos y con las grandes contratas siempre han acompañado al PP en sus años de gobierno municipal y en este mandato vuelven a ser una parte importante de la gestión de la derecha. El PP de Barcala y Mazón vuelven a demostrar su incapacidad de liderar y gobernar Alacant, y la necesidad de un cambio político progresista que ponga orden en la gestión del Ayuntamiento".
