La contrata de jardines de Alicante: el bipartito solo admite recorte de gasto; la oposición ve anomalías

ALICANTE. La perspectiva del equipo de gobierno de Alicante (PP y Cs) y de los grupos de la oposición vuelve a contraponerse en lo que respecta a la prestación del servicio municipal de mantenimiento de zonas verdes, en el periodo comprendido entre 2012 y 2020: el último plazo en el que quedó bajo la gestión de Geamur. Así se desprende, al menos, de las propuestas de conclusiones elaboradas por cada uno de los grupos políticos con representación municipal al término de la comisión de fiscalización sobre ese contrato.

¿Cuáles son a grandes rasgos las supuestas certezas extraídas de ese trabajo de análisis para cada formación? Básicamente, el bipartito niega la existencia de anomalías y la falta de control municipal (los argumentos que llevaron al PSOE a impulsar la constitución de la comisión, tras conocerse la denuncia pública de los representantes de los trabajadores a través del sindicato SEP), y atribuye las posibles deficiencias que se hayan podido producir en la prestación a la reducción del presupuesto del contrato, pese a tener que seguir cubriendo el mismo servicio. O incluso un servicio aún mayor, como consecuencia del desarrollo de nuevas zonas verdes a las que atender en sus ocho años de duración. 

Por su parte, PSOE, Unides Podem EU y Compromís sostienen que hubo falta de personal y múltiples anomalías en la prestación del servicio, en un análisis parcialmente compartido por Vox. Al menos, por lo que respecta a la supuesta ejecución de trabajos ajenos al contrato. Además, como ya ha sucedido en el desenlace de otras comisiones, las tres fuerzas del eje progresista apuntan a la existencia de trabas al desarrollo de la fiscalización interpuestas por el equipo de gobierno, en cuestiones como el retraso o el bloqueo de la entrega de la documentación solicitada.

¿El resultado definitivo? Habrá que esperar a que se celebre la próxima reunión de la comisión, este miércoles día 15, para comprobar si los seis grupos políticos consiguen trazar un dictamen de conclusiones común. No obstante, se antoja un objetivo complicado, a partir de los análisis particulares expuestos por cada uno de ellos, como ya ha sucedido en otras comisiones de fiscalización precedentes. Entre ellas, la desarrollada sobre la contrata de limpieza escolar o sobre el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, por ejemplo. Todo, después de que la anterior empresa concesionaria haya venido negando la existencia de cualquier tipo de anomalía y de que haya manifestado por escrito los problemas que, según sus representantes, tuvo que afrontar ante el hecho de tener que asumir el mantenimiento de los nuevos jardines creados en la ciudad sin un aumento del presupuesto del contrato.

¿Cuáles son, en concreto, las reflexiones de cada formación? En primer término, la propuesta de conclusiones de PP y Cs apunta que el retraso en la licitación del servicio (que permaneció cerca de dos años en manos de Geamur ya con su duración vencida) es atribuible al extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) al no haber iniciado su tramitación con la antelación necesaria. Después, según el bipartito, llegó la presentación de recursos contra el proceso de licitación, lo que demoró que la nueva adjudicación se hiciese efectiva hasta enero de este año. 

Por lo demás, los dos socios de gobierno aseguran que ha quedado descartada la falta de personal o la existencia de irregularidades tanto en la contratación de los operarios a cargo del servicio como en la realización de posibles trabajos ajenos al servicio. En esta línea, solo admite la posibilidad de que la maquinaria utilizada pudiese haberse quedado obsoleta tras los años de uso, o que pueda haberse resentido la calidad y el alcance de la prestación como consecuencia del recorte que se tuvo que introducir en su presupuesto de licitación en el año 2012.

En segundo término, como ya ha informado este diario, el PSOE pone el foco en la "falta de personal, la existencia de maquinaria obsoleta, la realización de trabajos fuera de contrato y de las funciones de la plantilla, entre otras denuncias de los propios trabajadores y trabajadoras de esta empresa". De igual modo, recalca la falta de mantenimiento y la ausencia de reposición de arbolado, además de los supuestos impedimentos del equipo de gobierno a facilitar la investigación con la entrega de documentación solicitada en reiteradas ocasiones.

En tercer lugar, Unides Podem EU abunda en esos argumentos y, como el PSOE, también recalca que no se haya facilitado ningún informe sobre la prestación del servicio firmado por el jefe de servicio. Además, en sintonía con el PSOE, señala la pérdida de arbolado, la realización de trabajos a terceros "cuyos costos ha asumido el propio Ayuntamiento" o la falta de claridad en las facturas abonadas a Geamur. De igual modo, señala la existencia de anomalías en la contratación de personal y plantea la necesidad de abordar la remunicipalización del servicio. Por último, incide en la falta de inspectores.

Por su parte, Compromís subraya la falta de eficacia de la comisión, en la medida en que ya se habría acordado el reintegro de la fianza depositada por Geamur sin posibilidad de aplicar penalizaciones. Además, abunda en los argumentos de PSOE y Unides Podem EU en cuanto a la falta de personal y de medios de fiscalización del servicio. En esta línea, también subraya las consecuencias de la reducción del presupuesto del contrato como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Plan de Ajuste al que se vio sometido el Ayuntamiento a partir de 2012, lo que habría impedido garantizar un buen mantenimiento.

Además, sostiene que la carencia de planificación del servicio se ha extendido al actual contrato, sobre el que ya se ha acordado una primera ampliación de costes. Y, como Unides Podem EU, añade que se debería estudiar su gestión directa. Por último, incide en la necesidad de que se promueva la reposición del arbolado perdido y de que se intensifique la incorporación de nuevos ejemplares para contribuir a reducir la contaminación urbana.

Por lo que respecta a Vox, su propuesta de conclusiones considera que no ha quedado acreditada la falta de personal, el mal estado de los vehículos o la falta de mantenimiento en las zonas verdes de la periferia. No obstante, sí estima que se habría puesto de manifiesto el desarrollo de trabajos ajenos al objeto del contrato pagados con cargo a las arcas municipales, por lo que plantea que se aporte documentación adicional tras el cierre de la comisión para poder esclarecer ese extremo. Por último, también incide en la necesidad de que se aborde la reposición del arbolado perdido, cifrado en 1.803 ejemplares.