Uno de los vehículos de Geamur, la antigua concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante ejerce el derecho de defensa respecto a sus propias decisiones y acude al Tribunal Supremo (TS) con el registro de un nuevo recurso de casación frente a otra sentencia previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conmina a la administración local a abonar a la antigua concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes, la empresa Geamur, una indemnización de cerca de 600.000 euros.
Esa suma se correspondería con la compensación que, según el alto tribunal autonómico, debería percibir para ajustar importes en la prestación después de que, en 2018, el Ayuntamiento acordase una prórroga forzosa, de forma verbal, en la operativa de servicio, cuando ya se habían agotado las prórrogas establecidas por contrato. Y, además, sin actualizar los importes respecto a los que se establecieron en el momento de la última licitación, formalizada en 2012.
Geamur acudió a la vía judicial para reclamar que se reestableciese el perjuicio económico que, a su juicio, había tenido que soportar al haberse producido incrementos en los costes salariales de los trabajadores, además de un aumento en las zonas ajardinas en las que actuar, sin que se hubiese actualizado importes. En primera instancia, la sentencia fue favorable al Ayuntamiento al estimar que el servicio tuvo que prorrogarse por interés público.
No obstante, la compañía acudió al TSJ, que revocó el primer pronunciamiento y estimó sus pretensiones, tras concluir que la extensión del servicio por más de dos años adicionales fue "una imposición" no negociada "sin formalización alguna" que conllevó un quebranto económico para la recurrente. Ese perjuicio se cifró en 599.852 euros en favor de Geamur. Y, ahora, el Ayuntamiento vuelve a defender su posición para que sea el TS quien pueda avalar su proceder al acordar la prórroga forzosa, derivando la asunción de los riesgos económicos al contratista, mientras se concluía el proceso para acordar una nueva licitación.
Ese recurso se sustancia ahora en pleno proceso de negociación de un posible acuerdo extrajudicial que pueda evitar la ejecución de la sentencia derivada de la exclusión indebida de Geamur en ese nuevo concurso que, finalmente, se convocó en 2020. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y los responsables de la compañía solicitaron la suspensión de los plazos para la ejecución forzosa de esa sentencia con el propósito de alcanzar una solución dialogada.
No obstante, el primer planteamiento formulado por el Ayuntamiento no habría satisfecho las expectativas de Geamur, en la medida en que, a juicio de sus responsables, no se daría cobertura al lucro cesante que pudo dejar de percibir como posible adjudicataria del contrato, después de que su oferta -la mejor posicionada- quedase excluida por un supuesto de baja anormalmente desproporcionada.
En principio, fuentes consultadas precisaron que el equipo de gobierno estaría barajando alguna propuesta de compensación alternativa, que todavía no se habría dado a conocer, con el fin de concertar una próxima reunión con los representantes de la compañía en la que pudiese tantearse otro posible acuerdo. Por lo pronto, el plazo de suspensión para ejecutar la sentencia del TSJ se extiende hasta mediados de abril, por lo que habría margen para encontrar esa solución de consenso.
