ALICANTE. El proceso de tramitación del catálogo de protecciones del Ayuntamiento de Alicante, al que se dio inicio en 2015 y sigue sin completarse nueve años después, fuerza al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a promover un nuevo acuerdo de suspensión de licencias que permita preservar cerca de medio millar de edificios, 506 según han precisado fuentes municipales este jueves, que ya están incorporados en ese documento estratégico con distintos grados de protección.
La propuesta, que se prevé elevar a consideración del conjunto de grupos políticos representados en la corporación en la comisión informativa de Urbanismo de este jueves, como paso previo a su debate en pleno, el próximo martes, concreta que la congelación de los permisos de obra planteada se extenderá a los inmuebles incluidos en el catálogo, que se aprobó de forma inicial en septiembre de 2020, para los que se estableció un régimen de protección integral, parcial, ambiental y tipológica, que correrían riesgo de verse alterados al decaer la vigencia del último blindaje previo, acordado en el año 2022.
Así se concreta en la exposición del propio acuerdo, que -una vez aprobado en pleno, se elevará a la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que la evalúe y, en su caso, la ratifique-, en el que se señala que la suspensión de permisos se plantea como medida de "carácter excepcional" para garantizar la conservación de esos bienes inmuebles, "ante el riesgo de pérdida o destrucción de parte del patrimonio en trámite de catalogación". Se trataría, según la propuesta, de "un número considerable de elementos patrimoniales con valor cultural, histórico, arqueológico o ambiental" que, una vez finalizada la aplicación de la suspensión de licencias aprobada hace dos años, "no contarán con garantía de conservación alguna".
En esa relación de inmuebles que, de algún modo, quedarían desprotegidos no figurarían aquellos que ya estén reconocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC), preservados al disponer de dicha condición, ni tampoco aquellos que quedaron incluidos por primera vez en la propuesta de catálogo con la consideración de Bienes de Relevancia Local (BRL). En función de lo previsto en la propuesta de acuerdo, esos edificios "quedan sujetos al régimen transitorio de protección", sin que proceda conceder permisos de obra para ejecutar actuaciones más allá de las que resulten necesarias para garantizar su correcto mantenimiento. Ese supuesto podría extenderse "en casos excepcionales, y justificados" a actuaciones "de mayor alcance" en el caso de que el ayuntamiento, previo informe, pueda recabar a la Dirección Territorial de Cultura "un informe sobre la viabilidad patrimonial de intervenciones" que superen esa obligación de mera conservación.
De este modo, la suspensión de permisos que se pretende renovar ahora afectaría a "las licencias de demolición, en todo caso, y las licencias de obra que conllevasen actuaciones en los edificios identificados que pudiesen afectar a componentes o elementos individuales específicamente protegidos por las fichas del catálogo en tramitación". Y, al tiempo, la propuesta incluye la solicitud de aplicación de un régimen urbanístico transitorio para garantizar la conservación de esos edificios durante el tiempo en el que todavía se demore la aprobación del catálogo de protecciones de forma definitiva.
¿En qué fase se encuentra ahora ese documento para que adquiera plena eficacia? Sigue, en realidad, pendiente de los ajustes requeridos por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Conselleria de Cultura y por el Servicio de Paisaje de la anterior Conselleria de Transición Ecológica, ahora renombrada como Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
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Entre esos requerimientos, que se evacuaron en 2021, se apuntaba la necesidad de que se ampliase las condiciones de protección de determinados inmuebles, entre los que se incluía el del antiguo cine del Ideal, en la avenida de la Constitución. Además, se añaden la introducción de las condiciones y la recopilación de informes adicionales que se delimitan en la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Catálogo de Protecciones (DATE) evacuada por la Comisión de Evaluación Ambiental, el pasado 29 de febrero de 2024, cuyo contenido no ha trascendido hasta ahora.
La última información que se ha dado a conocer hasta ahora sobre la ejecución de los cambios apuntados en 2021 trascendió el pasado mes de octubre, cuando se concretó la contratación de un contrato de consultoría externa para que se produjese la incorporación de los cambios solicitados, según detalló la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en el transcurso del pleno de septiembre.
Nada se ha precisado desde entonces sobre el avance de esos trabajos para que la versión modificada del catálogo pueda elevarse de nuevo al pleno de la corporación para someterse a aprobación definitiva. Para que el acuerdo prospere, se requeriría de mayoría absoluta, como ya sucedió con el acuerdo de aprobación inicial, a diferencia de lo que sucede con la propuesta de suspensión de licencias, que podrá prosperar por mayoría simple.
Hasta ahora, se desconoce cuál puede ser la posición de voto que adopten los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem), aunque al menos el PSOE ya ha anticipado su crítica respecto al retraso en la modificación del catálogo. En esta línea, su portavoz adjunta, Trini Amorós, recriminó este miércoles que, en los últimos tres años, "no se ha hecho absolutamente nada". "Ni siquiera han dado cuenta al pleno sobre qué trabajos se están realizando. Tampoco han convocado ninguna comisión de Urbanismo para abordar este asunto. Los socialistas estamos absolutamente comprometidos con la necesidad de proteger el patrimonio pero clama al cielo la dejadez del equipo de gobierno, que no ha hecho nada en los últimos tres años", recalcó.
En todo caso, esa nueva versión del catálogo quedaría todavía expuesta a la resolución que pueda adoptar el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a instancias del contencioso interpuesto por la Autoridad Portuaria respecto a la catalogación de algunos inmuebles encuadrados en el recinto portuario -en esencia, las edificaciones que conforman el barrio de Helidoro Madrona y otros puntos como el Faro del Cabo de las Huerta- al considerar que el Ayuntamiento no es quien asume la competencia sobre las condiciones de protección de esos edificios, sino que depende de la propia Autoridad Portuaria. En el registro de ese recurso, se llegó a solicitar la suspensión cautelar de la vigencia del catálogo, aunque el TSJ la desestimó, sin resolver sobre el fondo del asunto, todavía vivo.