Los ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. El último pleno del curso político celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante evidenció -puede que más que nunca- el singular peso específico con el que cuentan dos concejales en algunas de las decisiones de mayor trascendencia para la ciudad: las que requieren de mayoría absoluta (15 votos en una corporación de 29) fundamentalmente relacionadas con cuestiones urbanísticas. Se trata de los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre (que abandonó la disciplina de Ciudadanos en junio de 2016) y Nerea Belmonte (que fue expulsada del equipo de Gobierno y de Guanyar en marzo de ese mismo año por la pérdida de confianza que había generado la concesión de contratos menores de manera directa a afines).
El papel de ambos, por acción o por omisión, resultó fundamental en la sesión ordinaria de julio, este jueves, en la medida en que inclinó la toma de acuerdos en favor del equipo de Gobierno. Los dos tránsfugas se convirtieron en aliados perfectos para PSOE, Guanyar y Compromís. Ya pasó, por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos municipales de este año, el pasado marzo, cuando ambos se abstuvieron y permitieron que las cuentas pudiesen entrar en vigor con más votos a favor que en contra (14 síes, 13 noes y dos abstenciones). Pero no sucedió lo mismo en el debate sobre el catálogo de protecciones, el pasado mes de mayo, cuando tanto Sepulcre como Belmonte rechazaron la propuesta elevada por el tripartito. Es más, ese documento que servirá de orientación para el futuro Plan General Estructural, sigue sin poder aprobado por la falta de apoyo explícito de Belmonte, con el perjucio político que ello supone para los tres socios al frente del Ayuntamiento.
Como ya ha publicado Alicante Plaza, la ausencia de Nerea Belmonte propició que el PP no pudiese sacar adelante la enmienda de adición presentada el miércoles a la modificación del Plan General impulsada por el tripartito para poner coto al gran comercio. Con la enmienda, los populares trataban de conseguir que se diese cabida de forma explícita a la instalación de hipermercados (que no macrocentros) en el frente de toda la avenida de la Universidad, justo en los terrenos de la partida de Rabasa en la que se preveía la implantación de una tienda de Ikea junto a un macrocentro comercial, a través de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alicante Avanza, promovida por el constructor Enrique Ortiz.
El portavoz del PP, Luis Barcala, insistió una y otra vez en que su propuesta sólo trataba de impedir que se generase un efecto disuasorio para la llegada de inversiones a los barrios de la Zona Norte. E igualmente, defendió una y otra vez, que su posición seguía siendo la de Ikea sí, macrocentro no, de acuerdo con las condiciones acordadas en abril para negociar con la multinacional en la comisión específica sobre el tema: 40.000 metros para una tienda de muebles y otros 40.000 para medianas superficies.
Todo, a sabiendas de que -prosperase o no- la propuesta no iba a tener ningún efecto real, puesto que, en la comisión de Urbanismo, ya quedó constancia de que la modificación puntual promovida por el tripartito para ordenar los lugares en los que se puede instalar el gran comercio (ejes estructurantes o grandes viales) sólo afecta al suelo urbano. Y el de Rabasa no lo es: es rústico desde la anulación del Plan Parcial y desde la renuncia a la ATE de Alicante Avanza.
El debate en sí se trató de centrar en una cuestión política sobre la posibilidad supuestamente perdida para captar a Ikea
Así que el debate era, en realidad, una cuestión de posicionamiento político que se trató de centrar en la posible pérdida de una oportunidad de oro para captar a Ikea. De Alicante en general y del tripartito en particular. Los tres socios no dudaron en rescatar el caso Brugal, el urbanismo a la carta y las sombras de los mandatos de los exalcaldes Alperi y Castedo, para pedir a Barcala la vuelta a la sensatez del último exprimer edil del PP, Miguel Valor. Mientras, Ciudadanos (Cs) abogaba por defender el liberalismo, sin trabas a la inversión privada, presumiendo de no tener hipotecas del pasado.
En el intercambio de discursos se llegaron a colar las declaraciones que el alcalde de El Campello, Benjamí Soler (Compromís), había vuelto a formular en una entrevista concedida a Radio Alicante sobre la voluntad de su ayuntamiento de abrir negociaciones con la multinacional sueca. La predisposición de El Campello a entablar ese proceso de diálogo no es nueva. La novedad deslizada en esa entrevista, confirmada por Alicante Plaza, es la intención del cuatripartito campellero de mantener una reunión con representantes de Ikea en septiembre. La multinacional también habría mostrado su interés, en la línea de la búsqueda de ubicaciones en otros municipios manifestada en sus últimos comunicados sobre su proyecto para Alicante. En definitiva, nada firme por el momento.
Sea como fuere, el PP perdió la votación pese a haber sumado a Ciudadanos y a Sepulcre con un empate a 14 votos. Sin Belmonte (que en la comisión informativa de Urbanismo del lunes se abstuvo respecto a la iniciativa del tripartito y no había mostrado demasiado entusiasmo por aprobarla) era imposible que los populares obtuviesen la mayoría absoluta necesaria.
¿Por qué no acudió Belmonte a la sesión? ¿Excusó su ausencia? Fuentes municipales señalaron que no había dado explicaciones y que no había avisado con antelación. A priori, debía ser una de las principales interesadas en acudir a la sesión, puesto que se iban a contestar cuatro preguntas que formuló en el pleno de junio. Con todo, fuentes de su entorno consultadas por Alicante Plaza sólo precisaron que se ausentó por motivos personales, no políticos, y que, por ello, no había facilitado ninguna explicación. De un modo u otro, lo cierto es que su escaño vacío le echó un capote político al tripartito. Después, interpretaciones y rumores los hubo para todos los gustos.
La votación posterior la ganó el tripartito para poner coto al gran comercio. Curiosamente contó con el apoyo de Sepulcre, que cinco minutos antes había votado junto al PP a favor de su enmienda. PSOE, Guanyar y Compromís lograron ese mágico voto número 15 y sacaron adelante la modificación del Plan General, de nuevo gracias a otro tránsfuga. Otro distinto.
¿Es Sepulcre un socio más del tripartito? No lo parece. Es cierto que se abstuvo con el presupuesto -y con las inversiones sostenibles- pero el tripartito lo tiene más complicado a la hora de lograr su apoyo para aprobar el catálogo de protecciones. Por lo pronto, PSOE, Guanyar y Compromís no cuentan con él y no se han molestado en tratar de convencerlo. Todos los esfuerzos se han centrado en Belmonte y, como se ha dicho, todavía sin éxito. ¿Son los dos concejales no adscritos dos versos sueltos? Quedan dos años de mandato para comprobarlo.
Durante el resto de la sesión hubo otros asuntos relevantes, que quizá quedaron ensombrecidos por el gran debate del día. Por citar algunos, en primer lugar, se rechazó la propuesta del PP para crear una comisión que revisase y actualizase el Plan Integral de la Zona Norte. Los populares no llegaron a sumar el respaldo de los cinco concejales de Cs, aunque sí lograron el voto de Sepulcre.
En segundo término, en respuesta a una pregunta formulada por el edil del PP, José Ramón González a cuenta de la reinstauración de la Brigada Policial específica para controlar los veladores y la venta ambulante, se concretó que, desde la reestructuración de la Policía Local -por la que se ha suprimido esa unidad- los agentes han presentado 21 denuncias por veladores que incumplían sus licencias, lo que, entre otros puntos, llevó al edil de Seguridad, Fernando Marcos (PSOE), a defender que se había mejorado la eficacia de respuesta facultando a todo el cuerpo a desarrollar la tarea, en lugar de limitarla a una unidad con cuatro agentes.
Hubo pregunta de Cs sobre la incertidumbre en la determinación de los horarios comerciales. Y la edil de Comercio, Gloria Vara (PSOE), recurrió a la prudencia: "Hemos alegado por la defensa del último acuerdo que se aprobó en el consejo local de comercio", dijo, en referencia a la ZGAT del Centro Tradicional.
El edil de Cultura, Daniel Simón, en el pleno, de archivo. Foto: PEPE OLIVARESY también Cs cuestionó sobre los problemas económicos del Teatro Principal, con un déficit de 335.000 euros en el año 2016. La réplica del concejal de Cultura, Daniel Simón (Guanyar), sirvió para ratificar la confianza del equipo de Gobierno en el director del coliseo, Francesc Sanguino. Simón sostuvo que, con su gestión, ha cumplido el mandato por el que se le designó al plantear una programación de calidad que generase nuevos públicos y al servir de estímulo al empleo en el sector cultural con más de 100 artistas alicantinos sobre las tablas del teatro. Insistió en que se debe reforzar la apuesta por la cultura como servicio público ("Nadie se plantea que el Tram o el autobús sean rentables", dijo) y señaló que el problema del Principal es de infrafinanciación. "Ibi, Alcoy o El Campello destinan más presupuesto a sus teatros que Alicante", insistió. Con todo, señaló que se estaba volviendo a programar eventos de gran afluencia que no se pudieron contratar en 2016 y que, en parte, explicarían también el déficit registrado en ese ejercicio.
Por último, al margen de una nueva crítica unánime de la oposición a la gestión del conseller de Educación, Vicent Marzà (ya casi habitual en todos los plenos), se dieron a conocer los contactos que la Universidad de Alicante (UA) habría establecido con el gigante del comercio electrónico Amazon para implantar "un centro de investigación y desarrollo", según concretó la edil de Desarrollo Económico, Sonia Tirado (Compromís), en respuesta a una pregunta formulada por Sepulcre sobre la oportunidad de captar su presencia en Alicante.
