Una de las protestas contra la planta de Abornasa organizada por los vecinos de Fontcalent en el pleno. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante vuelve a tomar la iniciativa para tratar de evitar la construcción de más plantas de residuos en la partida de Fontcalent: es decir, el emplazamiento en el que ya se encuentra el centro de tratamiento de desechos de titularidad municipal que gestiona UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) en régimen de concesión.
En la actualidad, existen dos propuestas distintas, impulsadas por las empresas Llegando a la cima y Abornasa, para instalar otros dos centros de tratamiento de residuos procedentes de la construcción en la misma partida rural. Todo, pese a los acuerdos políticos y decisiones administrativas ya adoptados para impedir el asentamiento de proyectos similares. Entre ellos, figura, primero, la moción de EU aprobada el 28 de abril de 2015 para modificar el Plan General con el fin de que no pudiesen instalarse nuevas plantas de residuos en las partidas rurales.
También, el acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de marzo de 2016 por el que se suspendieron licencias para nuevas plantas de residuos o industrias contaminantes en el suelo no urbanizable del término municipal. Y en tercer lugar, los decretos aprobados por el Ayuntamiento en relación a la modificación puntual del PGOU ya mencionada.
Dicho cambio en el planeamiento ya habría tenido recorrido ante la Generalitat, como el documento de alcance de su Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat el 30 de noviembre de 2017, como arguyó el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, al debatir una nueva propuesta plenaria sobre la planta de Abornasa, en abril de 2018.
Ahora, tras todos esos pasos previos, el actual equipo de Gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), mantiene abierta una fase de consultas con la Conselleria de Transición Ecológica (competente en materia de medio ambiente) y prevé elevar una solicitud formal para que el departamento autonómico declare la caducidad de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la que dispone la empresa Llegando a la Cima para la construcción de su planta de tratamiento de residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD´s).
La DIC es el requisito previo para que dicha mercantil pueda obtener la licencia de obra y actividad que requiere para poder regularizar su funcionamiento. De hecho, la carencia de esos dos permisos es lo que ya ha llevado a la Concejalía de Urbanismo que coordina el edil Adrián Santos Pérez (Cs), a ordenar su clausura en al menos dos ocasiones, hasta el punto de denunciar el incumplimiento de esa orden en Fiscalía.
Y, además, en esa fase de consultas entablada con Transición Ecológica, el departamento municipal de Urbanismo también trata de emprender medidas frente al proyecto tramitado por Abornasa. La empresa también dispondría de una DIC concedida en 2013 para instalar un centro de tratamiento de lodos, de residuos procedentes de la construcción y de enseres. Sin embargo, según fuentes municipales, la mercantil acabaría de renunciar a la posibilidad de tratamiento de enseres, lo que podría abrir una brecha administrativa para que el Ayuntamiento también pudiese solicitar la caducidad de dicho permiso y la denegación de su renovación.
La planta de Abornasa tampoco dispone de licencia municipal. De hecho, la Concejalía de Urbanismo también abrió en 2018 un expediente sancionador contra el inicio de sus obras sin la preceptiva licencia, cuando todavía estaba tramitando la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) ante la Conselleria de Medio Ambiente.
Las nuevas acciones frente a esas dos plantas se estarían tramitando en plena polémica sobre la posible futura ampliación del centro de tratamiento de residuos municipal, con una quinta celda ya prevista como anexo en los terrenos que la conforman. Por lo pronto, el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción ya ha adelantado que volverá a recurrir su propuesta de construcción, después de que se consiguiese que el TSJCV anulase su desarrollo en 2017.
